Plataforma Tecnológica para el Poder Popular (PTPP) para la Contraloría Social Masiva

En el número anterior de esta serie de artículos, titulado “Primera Fase de Infodemocracia Total: Contraloría Social Masiva”, se discutió acerca de esta variante de contraloría social que se apoya fuertemente en las tecnologías de información y comunicación. En este número nos dedicaremos fundamentalmente a describir las características de la plataforma tecnológica que debe darle soporte a la misión popular de ejercer contraloría social masiva para posteriormente trascender al control popular tota. Además mostraremos cuáles deben ser los primeros pasos de un proceso de emancipación del pueblo en términos del control que adquiera de la sociedad.

Para empezar la discusión me parece conveniente referirme a Cybersin. Ocurrió en aquel Chile de Allende una guerra económica terrible contra el proceso revolucionario de entonces. El gobierno chileno asumió la guerra en consecuencia y se planteó generar una plataforma tecnológica que utilizó como mecanismo de control y de contraataque. Dicha plataforma se denominó Cybersin (Sinergia Cibernética) y representaba fundamentalmente una sala de análisis situacional y estratégico que, apoyándose en una red comunicacional basada en aquellos antiguos telex, logró poner control sobre el paro de transportistas y sirvió para que el pueblo se organizara para controlar en general la situación.

Desde el punto de vista tecnológico duro, mucho hemos avanzado en términos de información y comunicación. No obstante, desde el punto de vista organizacional hay mucho que aprender de lo que ocurrió hace más de 40 años. El escenario de aquel entonces en Chile se parece inmensamente al que estamos viviendo en Venezuela, sólo que por razones que no discuto en este artículo, el pueblo venezolano no ha tenido el respaldo gubernamental necesario. (Recomiendo leer “¿Necesitamos científicos y tecnólogos para enfrentar la guerra económica?”, publicado en Aporrea y escrito por mí, para entender dichas razones).

Una plataforma tecnológica dirigida a apuntalar el criterio de que el pueblo debe tener el máximo control de la sociedad debe contar con varios componentes. En términos generales, estos han de ser:

  1. Sistemas de información para el monitoreo de los distintos asuntos sociales, tanto de instituciones públicas como de las privadas con incidencia en lo público.

  2. Sistemas de apoyo y seguimiento a las denuncias.

  3. Salas de análisis situacional.

  4. Redes sociales diseñadas específicamente para facilitar las reuniones virtuales del pueblo y para que se pueda llevar la secretaría de lo discutido y acordado.

  5. Redes de desarrolladores.

En cuanto a los Sistemas de Información podemos precisar que mucho se puede hacer en términos de la información de la cual puede servirse nuestro pueblo para tener mayor control social, tener mejores posibilidades de tomar buenas decisiones y, en general, de mejorar la calidad de vida. Como referencia, invito al lector a que vea la página www.precios.uy, en la cual se tiene una aplicación que permite conocer los precios de muchos productos que se venden en todos los supermercados de la nación uruguaya. Nosotros podríamos mejorar esa referencia y tener un sistema que le permita al usuario planificar la compra entre distintos establecimientos para garantizar abastecimiento y mejores precios para hacer rendir el ingreso familiar. Aparte de sistemas para el monitoreo de los supermercados, que sin duda tiene gran importancia por lo referente a la alimentación, se pueden generar sistemas dirigidos a todos los rubros que el propio pueblo organizado determine como prioritarios Particular importancia le confiero a lo que tiene que ver con medicamentos e insumos médicos, a repuestos automotrices y a materiales de construcción.

En todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de rubros fundamentales para el pueblo, propongo el establecimiento del triple precio digital. Cada producto debe tener en su código de barras toda la información referente a quién la produjo o importó y el precio que adjudicó; quién la distribuyó, con su precio; y quien la vende al consumidor final, con su precio. Toda esta información debe ser perfectamente visible por todos, tras ingresar el número de código o imagen del mismo a un computador o móvil. Con esto no sólo se está logrando una mayor contraloría social sobre el mercado, sino que se está atacando una de las fortalezas fundamentales del dominio capitalista, el secreto empresarial.

Aparte del monitoreo de los establecimientos, fundamentalmente privados, es obviamente necesario desarrollar sistemas de información para el monitoreo de todas las dependencias públicas. La realización de esta función es una obligación de ley, tal como lo establecen distintos instrumentos jurídicos como la Ley Orgánica de Infogobierno, la Ley Orgánica de Contraloría Social y la Ley Orgánica de Participación Popular. No obstante no debemos caernos a mentiras al pensar que estas instituciones, gravemente afectadas por el cáncer de la corrupción, van a ofrecer de manera voluntaria datos abiertos para un ejercicio transparente y para facilitar la contraloría social. En este sentido es fundamental que vayamos generando movimiento social hasta que se dé la suficiente presión popular para la apertura de datos. Me parece importante que esta apertura inicie en las organizaciones que tienen que ver con la atención de los programas sociales más importantes. Dentro de ellos destaco:

  • Gran Misión Vivienda Venezuela

  • AGROPATRIA

  • CONSTRUPATRIA

  • MERCAL y PDVAL

  • Misión Barrio Adentro y Red de Salud Nacional

  • Su casa bien equipada y Venezuela Productiva Automotriz.

Una medida especial que se puede tener en las organizaciones públicas que dan servicios gratuitos a nuestro pueblo, como las instituciones educativas y de asistencia de salud, es la de la factura digital. Por ejemplo, cada persona al ser atendida en un hospital podrá mirar en internet lo que el Estado Venezolano invirtió en la atención de su caso y podrá examinar en detalle los gastos realizados. Si llegase a ocurrir que el paciente observa que se le están colocando más insumos de lo que realmente recibió, podrá realizar la denuncia correspondiente. Por otro lado, los insumos consumidos por una dependencia tienen que coincidir con lo expresado en las distintas facturas y allí se produce un doble cotejo contralor.

Precisamente, al referirnos a las denuncias es importante contar con una plataforma que permita hacer un seguimiento correcto de las mismas. Las denuncias nunca pueden ser anónimas, pero la organización popular que se encargue de hacer seguimiento tiene que comprometerse con la confidencialidad de las mismas. Las denuncias pueden ser verdaderas o falsas. En caso de falsedad debe contarse con mecanismos para disuadir al ciudadano a tener mejor conducta social. En caso de que la denuncia sea verdadera, debe hacerse un seguimiento del tiempo de atención a la misma. Aparte, es menester de la sala de análisis situacional de las denuncias realizar auditorías de las mismas a objeto de mirar los datos para encontrar patrones que nos permitan detectar irregularidades. Así, podríamos encontrar, por ejemplo, que un alto número de denuncias al CICPC por abuso policial corresponde a determinado servicio o funcionario y habría como actuar en consecuencia.

El siguiente componente se refiere precisamente al de las salas de análisis situacional. Estas se entienden como conglomerado de profesionales de distintas orientaciones que prestan sus servicios para aprovechar los grandes volúmenes de datos generados por los sistemas de información y de seguimiento de denuncias a objeto de poder generar conocimiento útil para apoyar decisiones del pueblo. La idea es entonces que este componente se encargue de remitir informes de las distintas situaciones y que proponga estrategias de acción para la consideración del pueblo organizado.

Pasando a otro componente, la plataforma también debe representar un gran centro de debate sobre el acontecer social y en especial sobre la acción contralora popular. En ese sentido, hay que diseñar los esquemas con los cuales se puedan realizar las reuniones virtuales de un modo eficiente. Se deben establecer agendas múltiples y simultáneas de puntos concretos de distinta naturaleza, se debe dejar espacio para la discusión y presentación de propuestas y se debe facilitar la votación en línea. Así mismo deben establecerse reglas claras para la revisión de los puntos y para la organización de la información y de las resoluciones.

El último componente mencionado se refiere a la red de desarrolladores de aplicaciones y componentes de la organización. En esta red pueden participar personas del mundo de sistemas computacionales y de diseños organizacionales en calidad de funcionarios o de voluntarios. Como funcionarios, serán financiados por el Estado para efectuar sus labores, mientras que bajo un esquema de colaboración libre se puede admitir los aportes voluntarios de código. Obviamente que todo el código de los distintos sistemas debe tener criterios de software libre y, consecuentemente, los aportes voluntarios deben ser evaluados como es debido antes de que se incorporen a la plataforma.

Todo lo planteado parece difícil, pero lo más difícil es siempre comenzar. Una vez que la plataforma comience a mostrar sus primeros éxitos, la contraloría social masiva será un proceso indetenible. En el arranque, es imprescindible andar de la mano del Estado. Si bien es cierto que hay muchas personas con capacidad para desarrollar las aplicaciones requeridas, nada se hace si no se dispone de datos abiertos. Los mismos se pueden tener por iniciativa de las dependencias estatales o por decretos o normas que obliguen a los privados a proporcionarlos. Ahora bien, he precisado anteriormente que el Estado no va a abrir datos de una manera voluntaria a no ser que se genere una adecuada presión popular. Dicha presión debe provenir de movimientos sociales y del supuesto carácter popular y democrático de los Estados formales.

De modo que los primeros sistemas, así como el de Uruguay, surgirán como iniciativas gubernamentales para suministrar servicios de información a la comunidad. Pero poco a poco estos sistemas irán evolucionando hasta la conformación de la organización que asuma la coordinación de la contraloría social masiva y de la PTPP.

Para el próximo artículo hablaré de la siguiente fase del proceso revolucionario que planteo: El Control Popular Total.

 

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Felipe Pachano Azuaje

Profesor de la Universidad de los Andes

 pachano@gmail.com

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