En los últimos meses el gobierno central ha venido atacando al hampa común a través de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), acción que se ha trasladado a varios estados del país con la finalidad de garantizar la paz en lugares asediados por la delincuencia. Sin embargo, la palabra liberación ha quedado en entredicho, y un ejemplo lo tenemos acá en Caracas, específicamente en la Cota 905, dónde se activó la operación y luego que se retiraran los cuerpos policiales y militares de la zona, la situación en esta localidad ha continuado igual y las bandas criminales han seguido operando con total normalidad y haciendo de las suyas. A pesar que los indicadores que presentan los voceros del gobierno encargados del área de seguridad ciudadana, arrojan resultados favorables de las OLP, observamos que la realidad en las calles, en cuanto al tema delictivo, se contrasta con las cifras.
Nada más el fin de semana pasado, se registraron cinco ataques con granadas a diferentes cuerpos policiales, en los estados Carabobo, Miranda y Guárico, siendo utilizados un total de siete artefactos explosivos, lo que demuestra el poderío armamentista que poseen las bandas criminales en este país y, además, deja sus dudas e interrogantes de cómo estos grupos tienen bajo su control este tipo de armamentos de guerra. Asimismo, llama la atención que en esos tres estados del país se ha llevado a cabo la OLP y, específicamente, en las zonas donde fueron blancos de ataque los efectivos policiales, dejando claro que esta situación es bastante compleja, a tal punto que la desarticulación de estas bandas no ha sido tarea fácil para el gobierno.
Cabe resaltar, que en los últimos quince años el gobierno ha implementado una cantidad de programas en materia de seguridad, y podemos decir que ninguno de estos fue lo suficientemente efectivo, ya que de ser así no estaríamos en esta situación de inseguridad que se siente en las calles producto de la violencia de grupos criminales. Seguramente, es porque esos programas nunca fueron a la raíz del problema y más bien se dedicaron a atacar las consecuencias de todo este flagelo, y la OLP viene a repetir el mismo patrón, es por ello que dudo que estas OLP logren liberarnos realmente del hampa.
Mientras no se liberen primero las cárceles del dominio de los hampones, sirviendo estos espacios para reinsertar a los reclusos a la vida social; mientras no se combata la impunidad y la corrupción sin contemplación; mientras no exista un política de prevención del delito con toda la seriedad y claridad que amerite el caso; mientras no se corrija la crisis socio-económica que atravesamos; y mientras no se logre un cambio cultural de los funcionarios policiales de este país, podrán inventarse los operativos que quieran y reprimir de la forma más cruel, aun así, no podrán evitar la propagación de este fenómeno social, el cual, en partes es producto de toda esa descomposición institucional, siendo estas, sin duda alguna, las principales causas a atacar, debido a que todas estas debilidades tienen mucho peso en la proliferación de esta problemática.
¿Cuántos funcionarios policiales que están conectados con estas mafias no alertarán a los jefes de las bandas delictivas los días que serán tomadas sus zonas de control? ¿Cuántos jóvenes que a veces entran a prisión por un delito menor luego de salir en libertad se convierten en peores personas producto de lo que se vive en esos recintos? ¿Cuánto delito y crimen pudiera evitarse si la Policía Nacional (PN) cumpliera con su trabajo preventivo de patrullaje en las comunidades? Que cabe resaltar, que en el momento que nace la PN se realizaba este trabajo pero, posteriormente, fue desapareciendo la acción y, de igual forma, se desvirtuó el modelo de Policía Comunal (PC), cuerpo que iba a tener la responsabilidad de hacer acompañamiento permanente a las organizaciones comunales para promover actividades sociales dentro de las comunidades con el fin de combatir el ocio y promover la inclusión social ¿Cuánto mala conducta no anda por allí involucrado en actividades delictivas en vez de estar tras las rejas producto de la impunidad y corrupción que reina en el país? Estas son las cosas que debería analizar el gobierno central, ya que de no aceptar esta realidad y de no combatir estos vicios, éstos seguirán siendo obstáculos en la solución del problema, el cual, cada día que pasa, toma más cuerpo y se vuelve más complejo.
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