Una abogada se encuentra en juicio por este caso
Caracas, 03 de abril de 2014) El Ministerio Público logró privativa de libertad para el juez 29º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), José Gregorio Mena, por presuntamente solicitar dinero a cambio de otorgar una medida cautelar a un privado de libertad en agosto de 2013.
El abogado fue detenido en horas de la tarde de este martes 01º de abril, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Calabozo, estado Guárico.
En la audiencia de presentación, la fiscal 37° nacional y auxiliar, Marelis Llovera y Alberto Rodríguez, respectivamente, imputaron a Mena por presuntamente incurrir en los delitos de concusión continuada y asociación para delinquir.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción, y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
De acuerdo con los elementos de convicción presentados por la fiscal del Ministerio Público, el Tribunal 36º de Control del AMC dictó medida privativa de libertad contra el juez y fijó como sitio de reclusión la sede del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas.
Por este mismo caso se encuentra en fase de juicio la abogada Jailis Valbuena, por presuntamente ser cooperadora inmediata en el delito de concusión continuada y asociación para delinquir.
Según la investigación, el 23 de agosto de 2013, el Ministerio Público recibió una denuncia, a través de la cual se informó que el juez presuntamente solicitó 870 mil bolívares a cambio de otorgar una medida cautelar a una persona privada de libertad.
Por tal motivo, el Ministerio Público coordinó una entrega controlada con funcionarios del Cicpc, la cual se efectuó el 29 de agosto del mismo año, en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Caracas.
Durante el procedimiento, Valbuena fue aprehendida; mientras que el juez fue detenido la tarde de este martes 01º de abril en una finca ubicada en Calabozo, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.