Luchadores populares le presentaron denuncias

Piden a Freddy Bernal, Comisionado para la Reforma Policial, intervenir frente a presuntos abusos en Barinas

Aldemaro Sanoja y J. C. Rangél a ambos lados de Freddy Bernal

Aldemaro Sanoja y J. C. Rangél a ambos lados de Freddy Bernal

Credito: Aporrea.org

Dcha., J.C. Rangél, hijo del dirigente sindical asesinado Tomás Rangél, en la exposición de los casos, mientras F. Bernal escucha atentamente.

Dcha., J.C. Rangél, hijo del dirigente sindical asesinado Tomás Rangél, en la exposición de los casos, mientras F. Bernal escucha atentamente.

Credito: Aporrea.org

A. Sanoja, de perfil mientras presenta los casos a F. Bernal

A. Sanoja, de perfil mientras presenta los casos a F. Bernal

Credito: Aporrea.org

Caracas, 15 de diciembre 2014.- Luchadores sociales del Estado Barinas acudieron el jueves 11 de diciembre a las oficinas de Freddy Bernal, Comisionado Presidencial para la Reforma Policial, a objeto de presentarle denuncias de sicariato, detenciones arbitrarias, persecución y amenazas, que en algunos casos presuntamente involucran a  paramilitares y en otros a funcionarios de policía.

Aldemaro Sanoja (dirigente sindical) y Jean Carlos Rangél, hijo de un dirigente sindical asesinado en 2010 (Tomás Rangél) entregaron a Bernal, quien también es miembro de la DN del PSUV, carpetas contentivas de documentos con soportes de las denuncias, que previamente fueron presentadas al Ministerio Público ese mismo día (http://www.aporrea.org/contraloria/n262212.html)

Sanoja y Rangél son integrantes de una organización ciudadana denominada Consejo de Contraloría Social del Sistema Judicial de Estado Barinas, que agrupa a movimientos populares y que viene denunciando supuestas irregularidades en la administración de justicia y abusos que consideran dirigidos al hostigamiento y criminalización de luchas obreras, campesinas y populares que molestan a intereses económicos y burocráticos en el estado llanero, donde la organización denunciante considera que impera la impunidad y hay factores en los tribunales y en las policías que operan al servicio de ese propósito. Mencionaron específicamente que habría miembros del CICPC que forjan “falsos positivos”, hacen visitas domiciliarias para amedrentar, realizan detenciones irregulares y amenazan.  

Uno de los casos más recientes de sicariato fue el de Omni Cuevas, miliciano campesino y dirigente comunal asesinado en las cercanías de su lugar de residencia, sucedido el 25 de octubre de 2014. Según los denunciantes, no se observan signos en el sistema judicial de Barinas que indiquen que hay disposición de hacer justicia y detener estos crímenes; muy por el contrario, los perseguidos parecen ser las personas vinculadas con Omni Cuevas, también integrante del Consejo de Contraloría Social del Sistema Judicial del Estado Barinas y de la comunidad de El Real, Municipio Obispos. Integrantes de esta organización, de sindicatos solidarios y de medios de comunicación popular que apoyan su lucha, están siendo detenidos o amenazados por organismos policiales entre los que se menciona al CICPC. Cuevas fue interceptado por sicarios y asesinado a balazos. Sus familiares han sido objeto de amenazas y han tenido que desplazarse lejos de sus hogares para evitar correr la misma suerte en un estado donde dicen que campea a sus anchas el paramilitarismo, conectado con ganaderos y terrófagos que tendrían puntos de apoyo funcionarios del aparato estatal.

Con anterioridad a Omni Cuevas, el dirigente obrero Tomás Rangél (padre de Jean Carlos Rangél) fue asesinado en 2010, pero este hecho en el que se presume involucramiento de empresarios privados favorecidos por instancias locales del Ministerio del Trabajo, ha quedado en la impunidad, hasta el momento. Factores políticos e institucionales parecen ignorar o muestran insensibilidad a este tipo de situaciones, de acuerdo con las declaraciones proporcionadas por la gente de Barinas, que también participó como invitada en una rueda de prensa de Marea Socialista para favorecer la visibilización de la problemática del movimiento popular. Gonzalo Gómez, de MS y del medio digital Aporrea.org, junto con Ibrahin Esté, del Frente nacional Bolivariano Chávez Vive, adherido a MS.

Otro caso que denunciaron fue el del dirigente popular Carlos Paredes que luego de una lucha por tierras urbanas y vivienda fue encarcelado por lo que se considera como un "falso positivo" y lleva 14 meses en prisión con un proceso judicial que consideran amañado, con audiencias suspendidas y postergadas, renuncias y destituciones de jueces o fiscales que alargan cada vez más el tiempo que lleva Paredes encarcelado sin que termine el juicio y sin que se le hayan podido comprobar presuntos delitos que se le imputan. Sectores del movimiento popular de Barinas consideran esto como un juicio político, una retaliación y una manera de neutralizar políticamente a este dirigente que se reivindica chavista y del proceso revolucionario. Hay otro preso más reciente del mismo grupo, Gilbert Gómez, que lleva dos meses preso por motivos que son considerados como forjados al servicio de la persecución política.

Estos dirigentes populares del Estado Barinas, solicitaron a Bernal su intervención  como Comisionado y la mediación para obtener la debida protección frente a las amenazas y al hostigamiento de que vienen siendo objeto varias personas, entre ellas los familiares del miliciano asesinado. El Comisionado y dirigente político Freddy Bernal, les atendió con notable interés y cordialidad, mostrándose altamente sensible a los planteamientos expuestos. Se comprometió a presentar las denuncias a la Fiscal General de la República con la que informó tener prevista una reunión en las horas siguientes a la recepción de la comitiva barinesa y a sus acompañantes solidarios, cuyos testimonios y actividades en Caracas fueron recogidos por Luís Sánchez de Aporrea tvi.

Gonzalo Gómez, de la corriente del PSUV Marea Socialista

y de Aporrea.org, acompañó a los dirigentes populares de Barinas

a presentar sus denuncias al Comisionado Freddy Bernal.



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