(Caracas, 1° de septiembre de 2015) El Ministerio Público logró privativa de libertad para el mensajero de la Fiscalía 15º del Zulia, Alejandro José Rangel Barreto (32), por presuntamente haber manipulado un documento para gestionar la entrega de un vehículo que está involucrado en una investigación penal.
Por este mismo caso fueron imputados el abogado Diomar Vivas (47) y el propietario del carro Yhonatan Morales (22), quienes habrían cancelado una alta suma de dinero al mensajero, a cambio de que se concretara la salida del automóvil en el estacionamiento judicial Lara-Zulia, ubicado en Cabimas.
Durante la audiencia de presentación, el fiscal 12º de Zulia, Juan Carlos Muntaner, imputó a Rangel Barreto por presuntamente haber incurrido en los delitos de certificación falsa, corrupción propia y agavillamiento.
En el caso de Vivas y Morales, fueron imputados por ser los presuntos coautores en los últimos dos tipos penales.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos y ante la solicitud del fiscal del caso, el Tribunal 2° de Control de Zulia acordó la medida privativa de libertad contra Rangel Barreto, quien fue referido al Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el municipio San Francisco.
Por otra parte, la mencionada instancia judicial dictó medidas cautelares para Vivas y Morales, consistentes en la presentación periódica y la prohibición de salida del país. El referido día, el mensajero habría manipulado un documento de la citada dependencia para retirar un vehículo del estacionamiento judicial que está en Cabimas.
Seguidamente, el propietario del carro y su abogado acudieron al lugar donde se encontraba aparcado el automóvil y solicitaron el retiro del vehículo con la autorización que les entregó Rangel Barreto.
Sin embargo, los encargados del estacionamiento detectaron una irregularidad en el escrito, por lo que de inmediato notificaron la situación a la fiscal 15º auxiliar de Cabimas, quien les indicó que frenaran de la entrega.
El pasado jueves 27 de agosto, el mensajero fue detenido por efectivos castrenses, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el representante del Ministerio Público y acordada por el citado tribunal.
