(Caracas, 18 de enero de 2016) El Ministerio Público acusó al comisionado y dos oficiales jefes del Instituto Autónomo de la Policía del estado Táchira, William Cabarico (42), Norwis Villamizar (32) y Carlos Sanabria (41), respectivamente, por presuntamente haber solicitado dinero a un comerciante a cambio de no retenerle el camión cargado con 90 cajas de huevos.
La irregularidad ocurrió el pasado 03 de octubre de 2015 en el sector Boca del Grita, municipio García de Hevia de la referida jurisdicción.
Las fiscales 23ª y auxiliares de Táchira, Yuly Osorio, Ana María Hernández y Reinaldo Chácon, respectivamente, acusaron a los tres funcionarios por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia agravada y agavillamiento.
En el escrito presentado ante el Tribunal 5° de Control de Táchira, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de Cabarico, Villamizar y Sanabria, y que se mantenga la medida privativa de libertad contra los tres funcionarios, quienes permanecen recluidos en la sede del Instituto Autónomo de la Policía del estado Táchira, ubicada en San Cristóbal.
El 12 de octubre del citado año, el comerciante denunció ante la Oficina de Control de Actuación Policial del referido organismo de seguridad que nueve días antes (03 de octubre) en momentos que se trasladaba con la mercancía por el lugar, fue interceptado por Villamizar, quien le solicitó los papeles del carro y la guía de movilización.
En ese instante, el funcionario se percató que la placa del vehículo no coincidía con la reflejada en el mencionado documento, por lo que le pidió la cantidad de 100 mil bolívares para no retener el automóvil.
En vista de que la víctima se negó a cancelar ese dinero, el policía lo trasladó al Centro de Coordinación Policial del municipio García de Hevia, a cargo del comisionado Cabarico, quien en presunta confabulación con Villamizar y Sanabria (jefe de la estación policial de La Fría), exigieron 3 millones de bolívares al comerciante para entregarle el vehículo con la mercancía. No obstante, el hombre se rehusó a pagar ese monto.
Ante ese panorama, en días posteriores el afectado asistió al citado centro de coordinación para saber de su vehículo, pero no obtuvo una respuesta positiva, hasta que se lo devolvieron el 10 de octubre.
Conviene destacar que antes de la entrega formal del carro, se hizo una venta controlada de los huevos en coordinación con la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se logró determinar la presunta vinculación de los tres funcionarios con el citado caso, por lo que fueron aprehendidos el 20 de noviembre de 2015, y puestos a la orden del Ministerio Público.
Unas de las irregularidades detectadas fue que el procedimiento del 03 de octubre nunca fue reportado a la Sunagro, tal como se refleja en el libro de novedades de ese día.
