Como hijo de un guerrillero (Jesús Silva A.) ilegítimamente privado de libertad y hoy como abogado de la comisión designada por el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, para elaborar un proyecto de ley que elimine la impunidad de los delitos, torturas, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos por razones políticas así como la reparación e indemnización a las víctimas, doy testimonio de la valiosa labor que el amplio colectivo revolucionario ha desempeñado en este proyecto legislativo ahora presentado a la consulta popular para el definitivo logro de la justicia en nuestro país.
Gracias al impulso de los auténticos protagonistas de este proyecto de ley: los guerrilleros sobrevivientes de la lucha armada en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado (Paúl del Río, alias Máximo Canales; Enrique Pérez, José Marrero, Idulfo Rojas, entre muchos otros) así como el apoyo de familiares de víctimas (Pura Soto Rojas, Mildred Hernández, Italo Silva, Federico Bottini, etc) amigos, asociaciones civiles vinculadas al área de los derechos humanos (Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, Abeconsol, Fedefam, etc) y varios militantes con décadas de arraigo y pertenencia en la lucha revolucionaria venezolana como Marelis Pérez Marcano, Carlos Del Vecchio, Pedro Pablo Linares, etc, (provenientes del MIR, PCV, PRV, Ruptura, Liga Socialista, Faln, entre otros) presentamos una propuesta preliminar que fomentará la conciencia popular sobre el trágico pasado venezolano en materia de derechos humanos.
Ciertamente en la etapa actual, cuando a través de múltiples medios de comunicación privados se pretende instaurar una falsa matriz de opinión (político electoral) respecto a que la República Bolivariana de Venezuela promueve restricciones contra la libertad de ciudadanos opositores a la Revolución Socialista, necesario es demostrar ante la opinión pública el extenso registro de verdaderas violaciones a los derechos humanos cometidas por los partidos Acción Democrática y Copei, quienes ejerciendo la dirección del Estado Venezolano, desplegaron una inclemente campaña de exterminio contra los disidentes de aquellos años.
Del estudio sobre la lista de crímenes por motivos políticos, tales como asesinatos selectivos de dirigentes políticos (ejemplo: Fabricio Ojeda, Alberto Lovera, Víctor Soto Rojas, Donato Carmona, Chema Saher, Livia Gouvernier, Jorge Rodríguez, hermanos Bottini, hermanos Pasquier y cientos de otros camaradas) además de privación ilegítima de libertad, desaparición forzada, tortura y hostigamiento; ha resultado evidente la doctrina fascista implementada por presidentes como Rómulo Betancourt (disparar primero, averiguar despúes) y otros ejecutores del ideario (Contrainsurgencia) de la infame Escuela de las Américas.
En el presente, sobrevivientes del extermino subrayan que exigen justicia por los camaradas que fueron asesinados en fusilamientos y ejecuciones cobardes de los aparatos de seguridad y militares, lo cual encuadra su reclamación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y no en los supuestos del Derecho Internacional Humanitario que contempla las "reglas de combate" entre factores armados que se enfrentan en igualdad de condiciones (Convención de Ginebra) pues quienes perdieron la vida luchando ya están reivindicados por la historia.
Finalmente, cumpliendo con la tarea asignada por la Asamblea Nacional, en la región central del país, es que durante la mañana de este lunes 23 de Mayo en el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Aragua, dictaremos la conferencia (consulta pública) sobre este proyecto de ley, e invitamos a la participación popular.
Constitucionalista y penalista. Profesor universitario.
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