Mohamed Buazizi era un ingeniero desempleado residente en Túnez, (país del Magreb) vendía frutas y el 17 de diciembre de 2010 la policía le decomiso su mercancía con la que sobrevivía él y su familia, ante esto, decidió en una solitaria acción, inmolarse y murió. Pero su acción desencadeno una revolución y a los pocos días el régimen tiránico de Ben Ali, caía. Este dictador hoy se esconde entre sus homólogos de Arabia Saudita y no partió sin antes llevarse tonelada y media de oro.
Los malos ejemplos de abusos policiales inundan un orbe cada vez más agitado por los excesos de una autoridad heredera de violaciones y represión.
Las “técnicas” de tortura y distintas dolorosas formas de muerte aún cohabitan en las destrezas de una seguridad, esto a pesar del alcanzado equilibrado y avance constitucional e institucional venezolano, el cual muchos desean seguir pisoteando.
Las malas acciones de las policías derrotan gobiernos. Estas maniobras aisladas bien podrían dar cuenta de una sigilosa conspiración. Si los medios de comunicación y organismos internacionales acusan al gobierno de violación a los derechos humanos y si las principales invasiones a Libia y Yemen se dan por “supuestamente” proteger a la población civil, y si aquellos mandatarios son acusados de perseguir a “inocentes”, entonces, todo indica que el abuso policial es la configurada conspiración que se presta para que seamos acusados nacional e internacionalmente en un tema tan delicado como el derecho a la vida.
De persistir esta dolorosa situación, nuestra sociedad llevara la marca de haber invertido millonarias sumas de dinero con el fin de “modernizar” los cuerpos de seguridad y estos seguirán siendo los dineros peor perdidos en este proceso bolivariano.
El fracaso de nuestras cárceles demuestra el engaño y mala actuación de los organismos administradores de justicia: cuerpos policiales, tribunales, fiscalía y defensa pública.
Y todo parece formar parte de una constante y casi legal intriga. Justo, cuando el Ministerio Público crea una oficina para investigar los crímenes cometidos por todos los cuerpos policiales-militares, en las décadas que van desde 1958 a 1998 los funcionarios del CICPC torturaban con descargas eléctricas y a batazos asesinaban a tres jóvenes detenidos en las celdas de El Rosal, aquí en Caracas.
Esas malas prácticas conservadas por la policía científica están sepultando a esta recién reformada organización, ahora todo parece indicar que el CICPC desaparecerá, será sustituida por otro cuerpo detectivesco.
Pues no podría seguir cohabitando con la sociedad una organización donde hasta sus médicos forenses son cómplices de las malas actuaciones de sus “compañeros” llegando al descaro de otorgar informes donde se desvía la causa de la muerte de un inocente, sin dudas, esto nos pone frente a una organización legalmente criminal, acostumbrada a hacer de la practica violatoria su rutina.
Si nuestras leyes fuesen más atrevidas, imputarían el actuar, la organización como tal, sus prácticas y a los funcionarios responsables de haber desviado a la policía científica hacia el delito, no hay diferencia entre la delincuencia que asesina en la oscuridad y quienes asesinan a la sombra de las leyes y con las armas de la república herederas de nuestro Libertador, Simón Bolívar.
Entonces, que nuestra sociedad impute al CICPC y borremos las malas prácticas policiales de nuestra sociedad.
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