A pesar del discurso oficial que presenta una realidad distinta a la que viven día a día los 35 pueblos indígenas y aún cuando normas constitucionales, legales y convenios internacionales favorecen sus derechos, permanecen en el olvido y continúa desatándose contra ellos diversas formas de violencia.
Un claro ejemplo del contraste entre discurso, normas y realidad lo tenemos en la demarcación de tierras que debería garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras. De acuerdo a fuentes oficiales a octubre de 2009, sólo se han otorgado 40 títulos que benefician a 73 comunidades ubicadas en Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, de seis pueblos indígenas (Kariña, Pumé, Jivi, Cuiva, Warao y Yukpa). Esto significa que en once años de vigencia de la Constitución, sólo se ha demarcado aproximadamente 2,4% de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas del país, quedando pendiente 97,6% de las demarcaciones.
Se suma a ello la permanente afectación de su hábitat por proyectos desarrollistas y la minería ilegal. Como consecuencia de esta última han perdido la vida numerosos indígenas ya sea por la acción violenta de mineros o por las enfermedades producidas por la explotación irracional de recursos en sus territorios. A mediados de 1993, en un sector del estado Amazonas conocido como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinadas por mineros brasileños que ingresaron ilegalmente.
Con frecuencia se conocen casos de indígenas afectados por la acción del mercurio y otras sustancias usadas en la actividad minera.
Cansados de tanta injusticia y de no ser escuchados por las autoridades, el 25 de octubre de 2011 un grupo de indígenas pemones en legítimo derecho a la resistencia y defensa de sus derechos desarmó a 19 militares que extraían oro de manera ilegal. La oportunidad sirvió para reiterar las denuncias que venían haciendo de la complicidad de integrantes de la Fuerza Armada en la minería ilegal. Sin embargo, las autoridades en lugar de investigar y sancionar la actuación irregular de los militares, decidieron enjuiciar a los indígenas. De manera inconstitucional y arbitraria se inició un proceso en la justicia militar.
El 19 de enero de 2012 fue privado de libertad en la cárcel de la Pica, estado Monagas el Capitán Indígena de la comunidad Musuk Pa Alexis Romero y 10 capitanes más son procesados. Alexis Romero fue puesto en libertad varios días después sometido a régimen de presentación periódica en tribunales.
Así se castiga el derecho de los pueblos indígenas a resistir y defender los derechos. Convoco a las organizaciones sociales a rechazar la represión contra comunidades indígenas, exigir el respeto de la Constitución y reivindicar el derecho a la resistencia indígena.