Muerte en la Cárcel ¿Es Culpa de Iris Varela?

En Venezuela la ley establece la garantía del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad, conforme al artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, el derecho a la vida es inviolable. Este dispositivo constitucional es referencia esencial de la importancia que tiene la vida de las personas que han cometido un delito y se encuentran en una cárcel cumpliendo una medida judicial privativa de libertad. Así lo dispuso nuestro legislador en la Carta Magna, y también sostuvo, además, el derecho esencial de la inviolabilidad a la vida, dejó expreso como garantía el preservar la dignidad de toda persona privada de libertad, eso consiste en el respeto de los derechos humanos de quienes por alguna circunstancia punible habita temporalmente los espacios de las cárceles venezolanas. Hasta aquí está expresado dentro del marco jurídico un buen dispositivo programático para que se desarrolle en leyes y otras formas de normativas que regulen la vida carcelaria. Pero eso no es suficiente, y nunca ha sido suficiente; las normas deben cumplirse como quedan dispuestas, si no se materializa con la acción, eso es letra muerta.

El anterior marco legal llega a su máxima expresión, conjuntamente con el plan programático que tiene el Estado, y que es llevado a cabo por el gobierno del presidente Chávez Frías, y si todo se cumple, se evitaría que la muerte siga rondando las cárceles venezolanas. Es un plan de acción que hay que poner en práctica. No duden que el Estado lo tiene y lo llevará a feliz termino. Pero aquí pasa que esos planes son difíciles de aplicar, pero no imposibles. Esos planes tienen una aplicación muy lenta y visualmente poco progresiva. El Estado venezolano en la etapa de nuestro gobierno actual ha detectado fallas que se arrastran de los gobiernos de AD y Copei, como son corruptelas, complicidades, descontrol y falta de seguimiento a las políticas que se implementan. No por eso el Estado se ha cruzado de brazo. Esa situación es reversible, quitando y destituyendo funcionarios cómplices, y creando nuevos recintos que permitan mayor control del Estado; las cárceles deben ser funcionales, fundamentalmente para mantener a los reclusos (en condiciones de ausencia de libertad), pero conservando sus derechos humanos a salvo, esencialmente, conservando el derecho a vivir. Es por allí por donde se debe empezar, pero hay que desarmar a la población penitenciaria, y para eso no puede existir negociación (yo te doy-Tú me das), por el contrario, el Estado debe ofertar de manera unidireccional lo que el recluso debe recibir. Se le debe llevar espacios vitales dignos que preserven la vida en su limitada condición del derecho a la libertad, se les debe ofrecer respeto, y cumplirlo, es decir garantizar un trato ajustado a los derechos humanos, que incluyen rehabilitación orientada por el trabajo, estudio, deporte y recreación; un equipo especial de orientación permanente que sea verdaderamente eficaz en el trabajo de rehabilitación de los reclusos, y que posteriormente, exista otro equipo pos-carcelario que cumpla una segunda fase de reinserción social, todo con fundamento al articulo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Todo esto quiere decir que sí se puede construir un sistema penitenciario sano. El trabajo no es nada fácil; es a largo plazo. Necesita la voluntad de todos; es necesaria la colaboración de los medios de comunicación, que entiendan que se trata de la vida de seres humanos que están privados de libertad y se les debe tratar con respecto preservando su dignidad íntegra y consistente. Los medios de comunicación debe ser puentes permanentes de la buena marcha del Estado en todos sus ámbitos, en especial, cuando se trate o esté en peligro la vida de las personas. Hay que considerar que se trata de personas en situación especial, de caracteres disímiles, difíciles, que incurrieron en delitos por diversas situaciones y circunstancias, y que por eso están privados de libertad; y considerar también, que desde antes del gobierno del comandante Hugo Chávez frías ya existían las mafias carcelaria, los líderes carcelarios, los funcionarios corruptos, los chuzos, machetes, y los famosos chopos (arma de fabricación casera). En la actualidad persisten esos vicios. No estamos quitándoles caramelos a los reclusos, son armas. Es un problema grave que se ha enquistado peligrosamente y aún persisten lamentablemente en perjuicio de nuestra población reclusa, y que en mayor medida perjudica al país, por una sencilla razón, no se puede premiar con libertad a quien se encuentra culpado de un delito que merezca privación de libertad. Es aquí donde se agrava el problema porque debe existir rehabilitación dentro de internados judiciales o cárceles, y luego, en una etapa pos-carcelaria, que ingresen a un instituto de reinserción social. Hacia esos idóneos espacios de adecuación carcelaria y social nos orienta nuestra Constitución Nacional, y hacia allá van los pasos del gobierno de Chávez.

Aquí hay dos grandes fallas, una, que nació con los vicios de los viejos gobiernos del pasado de Acción Democrática y Copei, y otra falla, que esos gobiernos dejaron crecer el problema de manera descomunal, y aún se arrastra en la actualidad, porque no se puede combatir la problemática sino gradualmente, lamentablemente, con los resultados que vaya arrojando en cuanto al perjuicio que sufra quienes se resistan y aquellos que tristemente salgan afectados sin ser parte de ese reducido grupo de personas que controlan las 31 cárceles del país. Es difícil un proceso de depuración de armas a los recintos carcelarios y lograr la paz carcelaria y que todos salgan ilesos. Hasta el momento nadie ha mostrado públicamente esa varita mágica.

La tarea no es nada fácil; en la boca de algunos politiqueros irresponsables de la oposición si suena fácil, con “parlachinadas” solamente. Ellos se preguntan si la muerte en la cárcel ¿Es culpa de la ministra Iris Varela?. Nosotros respondemos: Jamás. Eso es una responsabilidad del Estado; desde los mismos tiempos que originaron el problema. Las estructuras de poder del Estado, representado por los gobiernos de AD y Copei que conformaban al Estado cuando se inició y creció y se agravó esta problemática. Esos gobiernos son los responsables de llevar al Estado por un camino equivocado. Pero el gobierno de Chávez asume la responsabilidad de sanear, pero repetimos, que no es quitarle caramelos a los presos, es quitarle sus armas y el perverso antro económico al cual convirtieron las cárceles del país. Ese es el compromiso y esa es la responsabilidad para que puedan reinar la ley y la paz. Hacia esa dirección están tendidos los caminos. La culpa se arrastra de un viejo Estado enfermo, y la finalidad es erradicar esa problemática.

Pero en la actualidad, el Estado (todos los Poderes Públicos) asumen sus responsabilidades y actúan a pesar de las consecuencias. Un proceso de reorientación carcelaria no se hace con indulgencia plena porque habrá resistencia. Por lo tanto, es muy injusto achacar a la ministra Iris Varela los resultados lamentables que una acción responsable del gobierno para el saneamiento de las cárceles venezolanas se produzca. La conducta de algunas personas privadas de libertad que ven tocados sus intereses conjuntamente con funcionarios corruptos es imprevisible; sabemos que habrá resistencia de negativos factores internos y externos que no quieren perder el poder y control de los reclusos. Alguien tiene que hacer el trabajo, y ese trabajo lo lleva adelante el Estado por medio del gobierno nacional en la persona de la excelente ministra Iris Varela.


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Gregorio Riveros


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