“El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar.”

José Ortega Y Gasset

El pasado 14 de junio de 2015 desde la Hacienda El Toboso ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, el Presidente Nicolás Maduro, pidió el apoyo de todo el pueblo venezolano para unirse en un solo esfuerzo y así desarticular a todas las bandas criminales del país. “Pido al pueblo que sea tan duro como yo; tengo mucho que ganar para la Patria si le doy Seguridad y Paz a nuestro pueblo, poniendo a la orden de la justicia a los criminales que mandan a matar a nuestros hombres y mujeres. Vamos por la vía de la Ley a desmantelar todas las bandas criminales y liberar así nuestro país de la violencia. Debemos construir la Paz desde adentro con la Cultura, el Deporte y buen ejemplo”, sentenció el Primer Mandatario. Loables palabras sin duda, pero frente a las cuales no podemos sino ser escépticos, ya que esta no es la primera vez que un alto funcionario del Estado nos dice lo mismo en todos estos años de gobierno bolivariano, mientras vemos, siendo víctimas, el empuje indetenible de la criminalidad violenta en el país. No obstante, de lo dicho por el Presidente de la República podemos llegar a varias conclusiones positivas. La primera, es que por fin el Jefe del Estado pareciera haberse dado cuenta que el del Diputado Robert Serra y su asistente, no es el único homicidio espantoso que merece la permanente condena y atención de su parte, toda vez que a diario y en todas partes, cientos de venezolanos pierden lamentablemente la vida a manos del hampa. La segunda, es que definitivamente el Estado con él al frente no puede solo con este mal, que amenaza la paz ciudadana y la existencia misma del Estado y de la República, con mayor fuerza que el imperialismo y todos los males que hoy padecemos y que a este le endilgan con una facilidad olímpica quienes nos gobiernan. Y la tercera y última conclusión es que el desmantelamiento de las bandas criminales, debe hacerse por la vía de la ley y en el marco del Estado de Derecho.

Así las cosas, comenzaremos señalando que con el desorden institucional actualmente existente en materia de investigación penal y de actuación policial, hacer que tal cosa suceda, es imposible. Por ello es indispensable que se revisen y se enmienden, garrafales errores que a nuestro juicio el propio gobierno ha cometido y que nos tienen en este estado de indefensión e impotencia frente al hampa envalentonada e impune. Desde 1998 con la entrada en vigor del Código Orgánico Procesal Penal, el monopolio de la acción penal lo detenta el Estado por órgano del Ministerio Público. Dicha disposición fue recogida e incorporada por el constituyente de 1999, en nuestro texto constitucional en su artículo 285, numeral 3° que establece que:    

“Son atribuciones del Ministerio Público:

1. Omissis.

3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.”

De igual manera, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece en su artículo 16, numeral 3° que:

“Son competencias del Ministerio Público:

 

1. Omissis.

 

3. Ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal; practicar por sí mismo o por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o por los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales, las actividades indagatorias para demostrar la perpetración de los actos punibles; hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y establecer la responsabilidad de los autores o las autoras y demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con su perpetración.”

 

Y finalmente el Código Orgánico Procesal Penal señala en su artículo 11 que “La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.”

 

Es decir, que por mandato de nuestra Constitución, tiene que ser el Ministerio Público quien dirija, ordene y supervise la investigación penal, para llevar ante la justicia a quienes delinquen. ¿Cómo se explica entonces que desde el Ejecutivo Nacional se hayan impulsado instrumentos normativos que crean organismos, instancias administrativas e instituciones que debilitan y desmontan en la práctica al Ministerio Público? Mientras el hampa se asocia y coordina sus acciones, el Estado y su entramado institucional se sabotea a sí mismo, dejándonos de rodillas frente a unos delincuentes cada vez más violentos y a quienes nadie castiga, entre otras cosas por el desbarajuste del Estado y de las instituciones que deberían aunar esfuerzos frente a un problema que a todas luces lo ha desbordado irremediablemente. ¿Qué es mentira? Pues fíjense que no, porque el 03 de julio del año 2012, mediante Decreto Presidencial N° 9.072, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.957, el entonces Presidente Hugo Chávez, creó el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, que en su artículo 1° establece que dicho ente tendrá “…competencia especifica en materia de investigación penal, el cual diseñará, dirigirá, planificará, propondrá, ejecutará, coordinará, supervisará y evaluará las acciones requeridas en esta materia, que ejecuten las dependencias administrativas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, así como los órganos y entes adscritos, con el objeto de dar cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices, que este Ministerio dicte, como órgano rector en materia de investigación penal.” (Subrayado nuestro.) Como se verá, este Decreto va en contravía a lo dispuesto en la constitución en términos de que le abroga al ente creado, las funciones y competencias propias del Ministerio Público que como ya ha quedado señalado ostenta el monopolio de la acción penal del Estado venezolano por imperativo constitucional. Así mismo, por disposición de los artículos 5°, 6° y 7° del mismo Decreto, se adscribieron a dicho Viceministerio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente, dejando al Ministerio Público sin ninguna posibilidad de contar con el auxilio de los mencionados órganos, que a la sazón, constituyen la espina dorsal de la investigación criminal y del subsecuente ejercicio de la acción penal contra los delincuentes. ¿Habrase visto semejante despropósito? En medio de dos órganos con competencia y rectoría en materia de investigación penal, ¿a cuál de los dos se somete la actuación de la Policía Científica? Para no quedarse a la saga en materia de despelote, la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, mediante Resolución de su Despacho, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.086, del 23 de diciembre de 2008, creó la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, ante la necesidad de promover y ejecutar estrategias, políticas y acciones para darle celeridad a las investigaciones penales iniciadas por violación de los derechos humanos, y en las que se presuma la participación de funcionarios públicos. ¿Podrá el Ministerio Público ejercer esa labor, sin que medie la interferencia del Viceministerio que le restó competencias?

Mientras tanto, el Presidente de la República, mediante el Decreto Presidencial Nro. 1.784, expuesto en la Gaceta Oficial 40.680 del 12/06/2015, crea el despacho del Viceministro de Asuntos para la Paz integrado a la estructura organizativa del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. De acuerdo al texto oficial, el despacho tendrá como objetivo la articulación, integración, formulación e impulso de políticas y acciones de prevención, abordaje, rescate y reinserción de los ciudadanos en la sociedad para instaurar una cultura de paz en todo el territorio nacional. Frente al mencionado Viceministerio se puso al inefable José Vicente Rangel Avalos, quien hasta hace poco era Viceministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en tiempos de Rodríguez Torres y quien venía adelantando la negociación con bandas criminales para que entregaran sus armas a cambio de becas y otras minucias y quien además fue el responsable por instrucciones del mismo Presidente de la República de instrumentar las denominadas “Zonas y Canchas de Paz”, devenidas en verdaderos santuarios donde el hampa a la par que negociaba su supuesto desarme, ganaba tiempo y espacios donde ahora ni la policía entra, para fortalecer sus nexos, relanzar sus mecanismos de comercialización de drogas y armas, incrementar sus ingresos y someter a su “gobierno” a todos los que por mala fortuna, quedaron en esos fulanos territorios de paz, donde la única paz que reina es la de los sepulcros. ¿Puede ser un Gobierno tan ingenuo? ¿Puede explicarnos Presidente cómo es que van a desarticularse las bandas que matan y asesinan a los venezolanos como a moscas, sin que el Gobierno haga nada? Ni hablar del Poder Judicial, donde para celebrar una audiencia preliminar se tardan hasta dos años y donde celebrar un juicio es casi que imposible, bien porque no va el fiscal, bien porque no va el juez, bien porque no va el defensor o la víctima, bien porque no hay autobuses para los traslados de los justiciables a los tribunales, o bien porque el imputado no va a las audiencias sino cuando le da la gana o cuando el pran le promete no matarlo si va sin su permiso. Sumémosle a todo esto la improvisación que signa la errática gestión del flamante Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que ante un motín en Sabaneta, traslada a los privados de libertad a Uribana, ante un motín en Uribana, traslada a los privados de libertad a San Juan de Los Morros, ante un motín en San Juan de Los Morros, traslada a los privados de libertad a Tocorón y así hasta al ad infinitum, convencidos de que al trasladar a los presos de un penal a otro, los problemas de aquel penal desaparecen en la carretera e ignorando que al llegar los de una cárcel a otra, comienzan los naturales enfrentamientos entre presos por el control del penal, desde donde además los procesados y penados, vía telefónica extorsionan a los ciudadanos decentes de este país, ordenan ejecuciones y mueven ingentes cantidades de dinero producto de la venta de armas, municiones (made in CAVIM) drogas y protección de quienes llegan detenidos, a la par de que gozan haciendo fiestas donde hasta figuras de la farándula nacional asisten, sin que nadie diga esta boca es mía. No es con promesas Presidente que se enfrenta este problema. Es con acciones. Es con mano dura. Es con la aplicación de la ley y con voluntad política, porque si fuese verdad que toda esta violencia tiene su origen en la exclusión, en la pobreza, en la falta de oportunidades al estudio, a la vivienda, a servicios básicos de calidad, ¿cómo se explica que después de 15 años en los que según hemos logrado la inclusión de la mayoría de los excluidos de este país, en los que hemos reducido la pobreza, ofertando estudio, viviendas dignas y servicios públicos, estemos en este estado de postración y miedo ante el hampa desbordada?. La respuesta es la impunidad. La falta de castigo al criminal y el convencimiento que usted y sus colaboradores tienen de que es posible alcanzar la paz, sólo con hablar de ella. Como usted ve, lo que se ha propuesto, estando como están las cosas, es como llegar a una isla caminado.

 

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