En el año 2007 la aberrante conducta de una pandilla de reos recluidos en la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico) fue denunciada ante las autoridades "competentes" del respectivo ministerio del denominado "poder popular". Se trata de casos reiterados de engaño, violación, estafa y amenazas de extorsión, seguidas de acciones de sicariato para obligar a mantener silencio, todo ello bajo la más absoluta impunidad o complicidad por parte de quienes debieran ejercer autoridad en el recinto carcelario.

Víctimas de estas maniobras han sido algunas abogadas y traductoras desde comienzos de los años dos mil. En aquella fecha los cabecillas de la banda eran los reclusos Henry Alfredo Arellano y Gustavo Antonio Briceño Guzmán, el primero de los cuales se hacía pasar como hijo del entonces ministro de la Defensa, General Gustavo Rangel Briceño. A nombre de dicho funcionario el delincuente hacía llamadas a través de los celulares 0412-463.XXXX y 0416-735.XXXX, provisto del listado de intérpretes públicos, y de mujeres inscritas en el Colegio Nacional de Traductores e Intérpretes, como antes lo habían hecho con abogadas.

Con el pretexto de una multimillonaria herencia, de un documento que debía ser traducido y de la presunta constitución de una compañía, con honorarios retribuidos en euros, la pandilla atraía las profesionales a quienes luego sometían a sus brutales caprichos. Una de ellas, a quien el reo mantuvo en su cámara privada desde las ocho y media de la mañana hasta las dos de la tarde, relató a quien esto escribe que salió de la prisión en estado de shock. Para obligarla a acceder a sus propósitos sin gritos ni exclamaciones de socorro, el violador le advirtió que, custodiando la puerta -cerrada por dentro con candado- había una fila de presidiarios esperando turno… La infortunada dama hubo de soportar todo el sadismo y vejaciones del violador.

Al día siguiente del agravio, sin reponerse aún de su estupor, se permitió llamar al maleante -al celular que había servido de contacto inicial- para incriminarle su fechoría y decirle que sería denunciado, obteniendo como respuesta que si osaba denunciarle o dar su nombre, ya podía ir preparándose para adquirir el video que su banda haría circular entre los buhoneros, pues había grabado todas las escenas del acto al que ella "se había prestado".

¡Un vil acto de extorsión!

BAJO LA MIRADA CÓMPLICE

"Esto ocurre en una habitación reservada, no lejos de los pasillos donde están todos los reclusos y donde todo es permisible sin que las autoridades del penal ejerzan vigilancia alguna. Una vez ultrajadas, algunas de estas personas han optado por mantener silencio, ya por absurda vergüenza, ya por temor a las amenazas.

"La indefensión de la ciudadanía es total en un país donde el delito no se frena con la prisión del reo, sino que se perfecciona dentro de las cárceles, en un ambiente de permanente ocio, libertinaje, posesión de teléfonos móviles a través de los cuales mantienen contactos con bandas activas en la calle, todo amparado por ausencia de vigilancia e impunidad. ¿Por qué no se obliga a trabajar a estos delincuentes y se les mantiene vigilados, en lugar de otorgarles habitaciones a manera de hotelitos privilegiados y de permitirles el uso de teléfonos, equipos de video, etc.?"

Los párrafos entrecomillados son de un artículo nuestro, publicado por La Razón (9/9/2007), único medio que entonces se atrevió a hacerlo.

YO ACUSO

¨ a los medios impresos a los cuales hicimos llegar ese material de denuncia y decidieron engavetarlo en medio del mayor silencio, no sabemos si por cobardía, por indiferencia, o por anuencia con el estado de cosas imperante. Concretamente acusamos al diario Ultimas Noticias cuyo redactor César Contreras -ante quien no nos identificamos como periodistas, dadas las amenazas de sicariato de los reos- recibió toda la información con carácter de primicia (02/09/2007), pero advirtió que su publicación dependía de una autorización del Director, autorización que evidentemente no fue otorgada; al Diario Vea, ante cuyo Subdirector, Servando García Ponce, nos identificamos y pidió le enviásemos el material a su correo electrónico personal, acusándonos recibo con fecha 12-09/2007; a la periodista Sebastiana Barraez, del semanario Quinto Día, con quien hablamos telefónicamente y le remitimos el material (14/09/2007). Todos estos medios, tan celosos de la libertad de expresión, optaron por callar hechos tan deleznables;

¨ al entonces Ministro de la Defensa, General Gustavo Rangel Briceño, conocedor de la información publicada en La Razón con su fotografía, lo cual le mereció la más completa indiferencia;

¨ al entonces Director General de Custodia y Rehabilitación del Recluso (Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia), Fabricio Antonio Pérez;

¨ al Inspector de Custodia Penitenciaria (MIJ), Gregory Rojas;

¨ al Dr. Humberto Prado, Director del Observatorio Venezolano de Prisiones;

¨ al Dr. Eddy Salazar, Coordinador del Programa Penitenciario UCV;

¨ a Carlos Nieto Palma, directivo de la O.N.G, "Una ventana a la libertad", quien nos respondió vía electrónica diciendo que se trataba de "un asunto muy delicado", procediendo a guardar hermético silencio.

A las últimas cinco personas mencionadas dirigimos cartas a título personal, poniéndoles al tanto de los hechos a fin de que tomasen las previsiones del caso, ya como funcionarios de los "competentes" organismos oficiales, ya como supuestamente dedicados a velar por la situación carcelaria y a hacer público tal estado de cosas. Ninguno de ellos pareció sorprenderse, ni menos aún sumarse a nuestras denuncias o proceder a las averiguaciones pertinentes.

Reconocemos que en fecha posterior la periodista Laura Dávila Truelo, del diario El Universal, nos contactó y publicó un reportaje bien documentado (09/12/2007).

HOY: IGUAL DELITO CON DISTINTOS NOMBRES

El noticiero estelar de una planta televisora nacional transmitió pocos días después de aquellos hechos las declaraciones de una traductora venezolana dando cuenta de que los cabecillas de la pandilla del Guárico seguían tranquilamente con sus andanzas. El presunto hijo del ministro mantenía en práctica su modus operandi. ¿Por qué habría de cambiarlo si todo le salía tan bien? ¿Acaso no han contado él y su pandilla con la protección de sus custodios y con el silencio de medios que engavetan ciertas informaciones?

Hoy es una figura pública quien confiesa haber estado a punto de caer en las redes de un prisionero violador de oficio, mediante modus operandi idéntico al de años anteriores. Cercana a las altas esferas oficiales, poseedora de varias condecoraciones otorgadas por el gobierno venezolano, afirma no haber conocido nunca a Yonny Bolívar, aspirante a agresor. Su artículo "Lo que me hizo Yonny Bolívar" (Aporrea, 15/06/2015) ha debido titularse "Lo que no me hizo Yonny Bolívar", pues fue salvada del ultraje gracias a la oportuna llamada de un comisario de la DISIP.

Se deduce de su artículo que esto ocurría en el año 2008, pues según palabras actuales de la afortunada salvada de la afrenta, "dos años después, un día del 2010" una llamada desde Miraflores –nada sorprendente, dado su status- la instaba a una reunión urgente con un tal Capitán. Esta vez fue su intuición y sus altos contactos quienes la disuadieron. Salvada del ultraje dice no haber hecho pública antes su "terrible experiencia" (la que pudo haber sido de no mediar oportunas llamadas) porque le "daba vergüenza haber caído en la trampa".

En la trampa cayeron y seguirán cayendo quienes, careciendo de contactos policiales conocedores de las movidas de malhechores tras las rejas y de vínculos con altas esferas, continuarán a merced de violadores y extorsionistas protegidos en las cárceles.

¿A quién corresponde poner freno a esta situación?

hermes.58@hotmail.com