Nosotras/os, activistas de derechos humanos, investigadores/as sobre temas de seguridad frente al delito y militantes de izquierda, acordamos pronunciarnos sobre la Operación para la Defensa y Liberación del Pueblo (OLP), en los siguientes términos, con el fin de animar y contribuir al debate sobre esta acción estatal.

1. Es legítimo que el Estado, haciendo uso excepcional y proporcional de la fuerza, asegure el control territorial en función de proteger los derechos de poblaciones que están siendo victimizadas, de manera violenta y despótica, en determinadas zonas del país, por grupos de particulares que cometen delitos y ejercen de facto la autoridad. Se trata de una acción que se desprende de la obligación estatal de “Proteger” derivada de los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos: “La obligación de Proteger exige al Estado prevenir violaciones a  [los] derechos [humanos] por parte de terceros” (Directrices de Maastricht, 1997).

2. No obstante, la activación del aparato penal para el ejercicio de la fuerza, debe hacerse cumpliendo ciertas condiciones que le proporcionan legitimidad y legalidad y en el contexto de políticas públicas consistentes con pilares esenciales de la Revolución Bolivariana, como lo son la búsqueda de la igualdad sustantiva y los derechos humanos. En tal sentido, señalamos que:

2.1. Sobre la reproducción de la desigualdad

Hasta el presente, la OLP ha atacado exclusivamente a algunos delitos cometidos por personas de los sectores populares, dejando por fuera los delitos de los poderosos que hacen posible los primeros. Las armas, las balas o la droga, llegan al barrio porque hay policías y militares de rangos medios y altos involucrados en esos negocios ilícitos; los celulares y vehículos se roban porque hay empresarios que compran autopartes y piezas, para reinsertarlos en el mercado; los apartamentos de la GMVV son indebidamente usurpados porque hay funcionarios cómplices que facilitan tales hechos. La tolerancia con los delitos de los poderosos, además de expresar el carácter clasista y reproductor de la desigualdad que tiene la justicia penal (denunciado por el Comandante Chávez en el Plan de la Patria), resulta ineficaz para reducir el delito, pues siempre existirá un ejército de reserva que los poderosos reclutarán para garantizar la continuidad de sus negocios ilícitos.

2.2. Sobre el uso desproporcionado de la fuerza

Sobre la base de la información disponible, es posible señalar que, en varias de las acciones de la OLP se han producido casos de violación a los derechos a la libertad personal (alto número de detenidos y bajo número de procesados), integridad personal (malos tratos en el contexto de las detenciones), inviolabilidad del hogar (allanamientos sin orden judicial o flagrancia) y propiedad (daños a la vivienda o robos en el contexto de allanamientos). En menor medida, han sido denunciados casos de violación al derecho a la vida. La inexistencia de resultados públicos sobre investigaciones oficiales en estos casos, alienta las sospechas sobre el uso desproporcionado de la fuerza. Cualquier ambigüedad en el discurso público, puede contribuir a legitimar patrones ilegales, preexistentes, en el accionar de los cuerpos de seguridad y nuevas formas de victimización institucional de los sectores populares. Cabe recordar al Comandante Chávez, cuando señalaba "Nosotros no podemos caer en la trampa capitalista de criminalizar a los pobres […]. Los criminales son los criminales, estén donde estén. No son los negros o los que viven en los ranchos en la loma. Tenemos que ser celosos guardianes del cumplimiento de la ley y de la igualdad en la aplicación de la justicia" (Chávez en juramentación a GNB, 17.11.11).

2.3. Sobre la ausencia de una política pública, consistente e integral en materia de seguridad frente al delito

La OLP no se inserta en una política integral para enfrentar el problema de la inseguridad frente al delito, que articule acciones de prevención, control penal y promoción del autogobierno de la convivencia. Por el contrario, la acción del Estado en este campo, luce fragmentada, discontinua, reactiva y cortoplacista, pese a existir orientaciones estratégicas y programáticas en el Plan de la Patria, que señalan el rumbo a seguir.

Por estas razones, proponemos:

1.    Que se incluya en el trabajo de inteligencia y persecución penal adelantado por los cuerpos de seguridad, a los actores y delitos que hacen posible la entrada de armas, municiones y drogas a los sectores populares; así como la vitalidad del negocio de autopartes y piezas de celulares y que incluyen a sectores poderosos de la sociedad.

2.    Que se investiguen los casos de violación a los derechos humanos denunciados y se sancione a los funcionarios que resulten responsables, en el marco de un claro discurso de condena a estos hechos por parte del Alto Gobierno.

3.    Que se presente públicamente un documento que explique el problema que la OLP pretende disminuir, sus objetivos, metas, enfoque e indicadores de resultado, con el fin de alimentar el debate sobre esta acción estatal y su inserción en una política más amplia.

4.    Que se evalúen las razones por las que se abandonó la ejecución de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (GMATVV), aprobada por el Comandante Chávez en junio de 2012 e incluida en el Plan de la Patria.

5.    Que se cree el espacio de coordinación interinstitucional previsto en la GMATVV, con el fin de impulsar una política integral de seguridad frente al delito, sostenida, que articule medidas de prevención, control penal basado en los derechos humanos y promoción del autogobierno popular de la convivencia.

Adhieren,

Adriana Duarte Bencomo

Adriana Scovino

Amaylin Riveros

Ana Graciela Barrios Benatuil

Antonio J. González Plessmann

Berta Barrios

Elba Martínez

Elena González

Gregorio Pérez Almeida

Helga Malavé

Indhira Libertad Rodríguez

Joel Linares

Judith Galarza Campos 

Keymer Ávila

Liliana Buitrago A

Luis Díaz

Luz Patricia Mejía Guerrero

Manuel E. Gándara Carballido

María Quijada

Marielena Rodríguez

Marieva Caguaripano

Martha Lía Grajales Pineda

Maureen Riveros

Mila Ivanivic

Vicmar Morillo

Wilman Antonio Verdú Canache

 

antoniogonzalezplessmann@gmail.com