La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), proclamada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que la libertad, la justicia y la paz se sustentan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Los DDHH deben estar protegidos contra la tiranía y la opresión puesto que son principios, preceptos y reglas inherentes a nuestra naturaleza humana. Tres años antes, Ángelo Papacchini, en su libro "La Filosofía y Derechos Humanos" (1945), define a los DDHH como reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y dignidad humana. Agrega Papacchini, que estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la Comunidad Internacional.
En Venezuela, la Constitución Bolivariana afirma que los DDHH son progresivos, ya que una vez adquiridos no se puede, bajo ninguna circunstancia, quitarlos o menoscabarlos, pero además son irrenunciables, indivisibles e interdependientes, por lo que, primero, una vez ganados o establecidos en el ordenamiento legal no podrán eliminarse, además, los DDHH no pueden en forma alguna condicionarse, ni siquiera a la existencia de normas constitucionales o legales pueden condicionar su respeto, es decir, independientemente sobre si existe procedimientos jurídicos o no para su cumplimiento o ejecución, estos deben garantizarse y respetarse. En su Artículo 22: "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos".
Finalmente, concluyo con un planteamiento del Presidente Rafael Correa, donde afirma que en estos tiempos en que el Imperialismo norteamericano intenta justificar múltiples intervenciones sobre la autodeterminación y soberanía de nuestros países, sustentadas en un enfoque y en un sistema continental de DDHH, es perentorio empezar a teorizar, crear, desarrollar e impulsar sobre nuevos enfoques críticos y liberadores, así como la nueva institucionalidad alternativa, que sea respuesta emancipadora frente al sistema hegemónico existente en el continente. El planteamiento del Presidente ecuatoriano, es un llamamiento solidario, digamos urgente, hacia nuestros Pueblos y Gobiernos, para reflexionar colectivamente y accionar de una vez por todas en este sentido.
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