El reciente informe del Grupo de investigadores y Expertos independientes (GIEI) sobre los 43 normalistas desaparecidos en México, es una interesante experiencia comunicacional, precisamente porque no tiene nada de comunicacional. Es un trabajo hecho por científicos, lo cual explica por qué sus autores no han podido administrar el valor político y estratégico de sus hallazgos. El GIEI había llegado tarde. El 19 de marzo de 2015, cuando fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya toda la investigación estaba hecha. O mejor dicho, desecha.
Los videos, testimonios y evidencias físicas de la represión policial quedaron grabados en las retinas de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, pero no en los informes y expedientes que manipuló la Procuraduría (Fiscalía) General de la República para encubrir la participación de autoridades de los tres niveles oficiales (Ejecutivo nacional, gobernaciones y alcaldías) en las detenciones masivas. Las condiciones básicas exigidas por el GIEI al Gobierno para iniciar la investigación jamás fueron cumplidas.
El grupo nunca tuvo a su disposición las placas de los autobuses (hay uno que no aparece) donde trasladaron a los estudiantes, ni las siglas de las patrullas que actuaron. Tampoco las imágenes de los estudiantes apresados, captadas por las cámaras de seguridad de la Alcaldía de Iguala, donde se produjo la primera emboscada policial el 26 de septiembre. Peor aún, las pruebas visibles no solo fueron destruidas, -unas, y otras, desaparecidas- sino también borradas de la memoria colectiva. En otras palabras, no había pruebas. Y sin pruebas, no hay crimen, mucho menos culpables.
Investigar lo investigado
En tales circunstancias, el GIEI tenía poco o nada que hacer. Solo por razones éticas, -se presume- el grupo resolvió "investigar la investigación" del Gobierno, y esto fue lo que encontró: la PGR interrogó a 20 militares involucrados en las detenciones del 26 y 27 de septiembre, pero hasta hoy se niega a mostrar los testimonios obtenidos. El Pleno (órgano) del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI, antes IFAI) en acatamiento a un recurso solicitado por vía ciudadana, ordenó a la PGR dar a conocer la versión pública de los interrogatorios a los militares. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Gobierno puede mantener el secreto de esa información siempre y cuando no se presuma la "violación grave a los derechos humanos", calificación que, paradógicamente, no solamente comparte la CIHD sino también el Gobierno.
Cuando finalmente la PGR aceptó "autorizar" que el GIEI interrogara a los militares, puso como condición que las preguntas no se hicieran personalmente, sino a distancia, es decir, por escrito, lo cual le quita al GIEI la facultad de repreguntar y, en la práctica, le arrebata la facultad de garantizar que las preguntas no sean respondidas bajo presión, por lo que los expertos rechazaron el procedimiento. La misma obligación de transparencia es aplicable "a 48 policías del municipio de Iguala y 16 del Municipio Cocula, detenidos por estar involucrados en los hechos", añade la ponente del informe del GIEI, Areli Cano.
Obstáculos insalvables
La barrera oficial contra cualquier investigación independiente fue conformada al principio por argucias legales, pretextos y dilaciones, pero terminó finalmente convertida en una política de Estado: precisamente en violación a la Ley de Transparencia, la PGR anunció que a partir de agosto y durante los próximos 12 años, está autorizada para mantener en secreto los interrogatorios, identidad, estatus legal y sitio de reclusión de los 111 detenidos (según sus propias cifras) por el caso Ayotzinapa. Los mexicanos saben dónde está preso el exalcalde de Iguala José Luis Abarca (en un penal de Juárez), quien a pesar de estar sindicado como autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas, no ha sido imputado, al parecer a causa de un atenuante que parecería risible si no fuera por lo trágico: la tarde-noche del 26 de septiembre, cuando se produjo la primera masacre contra los normalistas en su jurisdicción, Abarca estaba de fiesta en su casa. Por lo tanto, "no se enteró" de lo que estaba ocurriendo. La supuesta inocencia de Abarca está respaldada por una fotografía de la celebración publicada en Excelsior. También se conoce la cárcel donde está la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, pero nadie sabe el nombre del resto de los detenidos ni el sitio donde están encarcelados, incluidos los integrantes de la organización de narcopolicial Guerreros Unidos.
Las omisiones son suficientes para escribir un largo capítulo sobre la sensibilidad humana del presidente Enrique Peña Nieto, quien tardó 10 minutos en pronunciarse sobre el deceso de Chespirito y demoró casi dos semanas en enviar el pésame a los padres de Ayotzinapa. Eso ya se lo perdonaron los mexicanos. Lo que difícilmente le perdonarán es que un año después, ni uno solo de los detenidos ha sido imputado. EPN tendrá que demostrar una gran destreza natatoria para salir del río de tinta de imprenta y navegar hacia el río de sangre derramada por los normalistas de Ayotzinapa.
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@RalPineda