El acceso a las cifras delictivas en general, y de homicidios comunes en particular, es difícil, y en los casos en los que éstas son disponibles la calidad del dato no es confiable. Esta situación es mucho más crítica con los casos de violencia policial, especialmente con los homicidios cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Este problema no es exclusivo de Venezuela, lo padece también América Latina.
Al analizar las fuentes disponibles puede apreciarse que, según PROVEA, la tendencia de casos de muertes en manos de la policía va en aumento. En contraste, la información oficial del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), indica que la tendencia es a la baja. También se observa una enorme diferencia entre ambas fuentes, así por ejemplo, los datos del MPPS de los años 2002 y 2004 supera las cifras de la ONG por más del doble. Mención especial tienen los únicos tres años informados por el Ministerio Público (2005, 2006 y 2007) cuyas cifras superan, a su vez, en más del doble a las del MPPS. Esta información fragmentaria, inconsistente y contradictoria dificulta el análisis sobre el fenómeno.
Una herramienta adicional que es muy útil para hacer comparaciones entre países sobre este tema es el uso de la tasa de “muerte por intervención legal” por cien mil habitantes. De un grupo de 08 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Perú y Venezuela) estudiados por Fondevila y Meneses (2014), Venezuela ocuparía actualmente el tercer lugar con una tasa de 0,411 para el año 2011; el primer lugar lo tiene Honduras (1,012), el segundo Colombia (0,553) y el cuarto Brasil (0,396). Estos datos parecieran establecer una relación entre las tasas de homicidios nacionales y las tasas de muertes debidas a intervención legal.
Entre las explicaciones y reflexiones sobre la violencia policial algunos autores han sugerido que la legislación vinculada con el Sistema Penal, de corte garantista, de alguna manera afecta el comportamiento de la policía, quienes ante la pérdida de poder, discrecionalidad y certeza, reaccionan con un mayor uso de la coacción física. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la disminución de violaciones a la libertad personal, mientras que a la vez aumentan las violaciones al derecho a la vida.
Investigadores estadounidenses comentan cómo las críticas al comportamiento de la policía norteamericana ante disturbios y conflictos raciales durante las décadas del 60 y 70 tuvieron algún impacto en los cambios de esta institución, en especial respecto a la limitación del uso discrecional de la autoridad por parte de los funcionarios.
Partiendo de estos argumentos, desde una perspectiva interaccionista, pudiera plantearse lo siguiente: si la hipótesis de influencia de factores institucionales y sociales externos sobre las policías es válida; puede serlo también la hipótesis inversa: la influencia de la policía sobre sectores de la sociedad. Pudiera tener, entonces, la violencia policial algún impacto sobre la violencia social y delictiva.
Así por ejemplo, sería importante tratar de contrastar las relaciones entre la violencia policial y las muertes de funcionarios policiales, no como relación lineal causa-efecto, sino como hipótesis de una concepción bélica entre bandos enemigos, en donde las fuerzas de seguridad “en cierta forma llevan la delantera a pesar de que se observen bajas de ambos lados” (Del Olmo, 1990). Esta “guerra”, tal como lo plantea Del Olmo, no debe entenderse de manera regular, ni siquiera como un simple escenario situacional de enfrentamiento policías-delincuentes; más bien se trataría: “por una parte, [de] la cacería de civiles, y por la otra, [de] la emboscada de miembros de los Cuerpos Armados” (ídem).
En este sentido, habría que preguntarse ¿Ha habido en los últimos años realmente un incremento significativo de la violencia policial? De ser así ¿cuál es su influencia en la victimización de los funcionarios policiales? ¿Hasta qué punto intervenciones como las OLP no estarían incrementando la violencia institucional que a su vez potencia a la violencia delictiva? En la actualidad no se cuenta con datos suficientes como para hacer los contrastes mínimos necesarios. A todo evento es una hipótesis explicativa sumamente sugerente que debe ser considerada.
No debe perderse de vista que el promedio de casos anuales de muertes en manos de los cuerpos de seguridad, contados por PROVEA, durante los últimos 25 años es de aproximadamente unos 163. Durante los primeros tres meses de la OLP ya casi se alcanza esta cifra: 125 casos.
Elaboración propia con datos de los Informes Anuales de PROVEA 1989-2013; Informes Anuales del Ministerio Público 2005-2007; Fondevila y Meneses, 2014; MPPS 2010-2012.
Publicado originalmente en Contrapunto.com.
