10 de mayo del año 2016: fuerzas de seguridad del Estado lanzan la segunda fase del plan de represión contra la delincuencia organizada, más conocido por sus siglas OLP (Operación de Liberación del Pueblo). El sentir general de la población es que el saldo final de muertos y detenidos de esta maniobra policial es el resultado lógico de una faena en donde estaban en juego la paz y seguridad de los ciudadanos honestos del país. Pero, a riesgo de llevarle la contraria a Juan Bimba, me pregunto: ¿este resultado es aceptable?
Algunas de las cifras generadas por la OLP me traen recuerdos de una Venezuela que consideraba hace largo tiempo superada. Eran los años 80, y en mi San Félix natal los delitos violentos causaban alarma entre la población. La respuesta del gobierno nacional fue contundente: grupos de motorizados de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) salieron a patrullar las calles, y cada una de sus ruidosas incursiones nocturnas terminaba con la noticia matutina de 3 o 4 "abatidos en enfrentamiento", todos sujetos de "amplio prontuario y alta peligrosidad". Este fenómeno represivo se repitió en la década de los noventa, encarnado en la Brigada Táctica de Operaciones Especiales (BTOE), adscrita a la policía del estado Bolívar, la cual por pura "casualidad" estaba dirigida por un antiguo funcionario de la DISIP.
Que años aquellos, en los que la noción de "Derechos Humanos" era una entelequia solo posible en el Primer Mundo. Esos también fueron los años en que, primero como estudiante y luego como proletario a destajo, me toco sufrir realidades que los jóvenes de hoy solo conocen de oídas. Las perversas redadas, las detenciones arbitrarias, las protestas disueltas "a plan y plomo", y la infame práctica de "la recluta", fueron todas signos característicos de una etapa de la República que (creía yo) había sido dejada atrás en el año 1998, con la llegada al poder de Hugo Chávez; periodo del que a la fecha han transcurrido más de 17 años, en los que la mayor expresión de violencia que recibieron los protestantes alzaos de parte de los funcionarios de orden público, fue que les echaran "gas del bueno".
Volviendo a las cifras de la OLP 2.0, si no escuche mal, se hablo de "9 delincuentes abatidos" y de "1131 sospechosos detenidos preventivamente para evitar delitos". Sospechosas son estas cifras. La experiencia de mi generación con las prácticas policiales de la Cuarta, me hacen desconfiar de "enfrentamientos" en donde por cada delincuente muerto no hay una cifra similar de policías lesionados. Porque hasta donde mi escasa experiencia con las armas de fuego me ha enseñado, no hay forma ni manera de que en un intercambio de disparos con armas de alto poder no resulten heridos de bando y bando por los rebotes de las balas y la metralla. ¿O es que se intercambiaron balas por pompas de jabón? Por otra parte, eso de detener personas por ser sospechosas, tengan la "cara e’ crimen" que tengan, me genera una pregunta ingenua: ¿no habíamos derogado la Ley de Vagos y Maleantes?
Se entiende que la situación en que las bandas de delincuencia organizada (dejen el corito obtuso de "paramilitares", por favor) han colocado a la población, requiere una política de mano dura. Pero el fracaso del Estado en evitar la anomia social de los integrantes de estas bandas, y la infructuosa política de resocialización de los penados, la cual es un mandato y obligación constitucional establecida en el artículo 272 de la Constitución, no puede ser fundamento para convalidar prácticas que atentan contra los Derechos Fundamentales a la Libertad y a la Vida. Nadie puede ser detenido sino en delito flagrante o en virtud de orden judicial; ninguna ley ni autoridad puede establecer la pena de muerte.
Gracias a Hugo Chávez, el respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos llegó a un punto en que, en evidente oposición a lo que yo y millones de venezolanos y venezolanas sufrimos en la Cuarta, los lesionados habituales en una protesta no son los indignados, sino los funcionarios de orden público. Yo no sé ustedes, pero no estoy dispuesto a aceptar en silencio que todo lo que logramos en los años de vida de Chávez se vaya al carajo en pocos meses. No pienso dar mi respaldo a ningún gobierno, del color o ideología que sea, que nos haga volver a esos tiempos oscuros en que, armados con peinilla en mano, los policías gritaban ¡cédula y contra la pared! No es aceptable, ni ética ni moralmente, volver al pasado oscuro para buscar soluciones a problemas de un presente que hasta hace unos años brillaba con la luz del respeto irrestricto a los Derechos Fundamentales. Como lo diría el arañero beisbolista de Sabaneta: Pa’tras ¡ni de foul!
Abogado
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