El 31 de Julio de 2016, en el Diario del Huila, un artículo de Amadeo Gonzalez Triviño, comenta lo siguiente:
Por las redes sociales se vienen difundiendo unos mensajes donde se advierte de sendas denuncias penales, según se afirma, formuladas por funcionarios de Emgesa, contra el dirigente Miller Dussan, y otros líderes encargados de ser voceros de las comunidades, ante los evidentes daños naturales e incumplimiento de los beneficios sociales y colectivos que hacen parte de las condiciones para la expedición de la Licencia Ambiental en la construcción de la represa El Quimbo, por parte de quienes fungen como presuntas víctimas de dichas actividades.
Me había sustraído a hacer comentario alguno, cuando el país vive los conflictos de injusticia, impunidad, mora en el trámite y decisión de las denuncias penales, civiles y administrativas, y cuando en medio de un proceso de diálogos de paz, no hay salud, ni educación, ni fuentes de empleo y mucho menos hay entes de control para hacer efectivos los derechos mínimos de los ciudadanos y se vulnera a diestra y siniestra con los derechos de aquellos por obra y gracia de actitudes complacientes en la politiquería corrupta que se nos vino encima.
Consideramos que de ser cierto cualquier trámite que se ocupe de tales denuncias penales, de tales acusaciones contra MILLER DUSSAN y contra las organizaciones no gubernamentales que defienden nuestros recursos naturales, en el evento de contar con funcionarios probos y honestos, tales denuncias tienen que terminar muy pronto en los anaqueles del archivo y generar investigaciones por falsas denuncias contra la multinacional por todo lo que ha representado el daño y el desastre económico, ecológico y social con el que ha venido actuando EMGESA S. A. E. S. P., para apropiarse de los recursos naturales de los huilenses, y por cuanto sus actuaciones si han sido temerarias y contrarias al reconocimiento de los derechos y garantías ciudadanas.
Las recientes publicaciones de la Contraloría General de la Nación, sumadas a una que otra decisión del Tribunal Contencioso del Huila, son elementos mínimos que nos permiten concluir que se está en lo cierto cuando los líderes sociales han demandado y denunciado ante la opinión pública nacional, que quienes fueron encargados de la Construcción de la Represa sobre el río Magdalena, denominada El Quimbo, han violado toda clase de compromisos y han cometido toda clase de atropellos contra las comunidades, especialmente contra los recursos naturales y contra la población residente en la zona de influencia de dicha obra, supuestamente de interés general y de beneficio colectivo.
Se suma a todo lo anterior, situaciones que cada día nos asombran, cuando una empresa que ha contado con el silencio complaciente de jueces y funcionarios judiciales en todos los trámites de defensa de los derechos de los habitantes se burló incluso de una decisión proferida por la Honorable Corte Constitucional, cuando dejó sin efectos unos censos y al amparo de estrategias no comprendidas por muchos funcionarios, dejaron por fuera y desconocieron el papel que les correspondía a quienes ya habían sido censados como afectados por dichas obras.
Hoy queremos llamar la atención, para que nos unamos en defensa de lo nuestro, para que hagamos un solo coro en torno a procurar que estos líderes de las comunidades, no vayan a ser los chivos expiatorios de dicha multinacional, en quienes quieren hacer recaer todo ese espectro de engaños y de falsedades, con las que se desconocieron derechos constitucionales y legales, al amparo de un falso desarrollo del centro del Departamento del Huila, como lo siguen repitiendo ingenuos que no salen de su asombro, por haber visto construido un puente largo, o por haber visto un embalse que en nada nos beneficia y que destruyó ocho mil hectáreas productivas y de reforestación requeridas en nuestro departamento.