Junio de 2020
En nombre de familiares de presos y presas...
Ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, los familiares preocupados ante la situación que se vive en el país, que a la difícil estabilidad social, se le suma una pandemia, vemos con mucha preocupación cómo se buscan medidas de prevención en diferentes sectores, pero vemos que hay una población olvidada que está a la intemperie, a pesar de estar en condición de resguardo el estado venezolano, esta es la población de los Privados de Libertad.
Esta es la cara real que viven los privados de libertad, nosotros los familiares vemos con preocupación e impotencia la falta asistencia por parte del sistema judicial y del estado a toda esta población.
A la fecha una vez decretada la cuarentena social y voluntaria se acrecentaron los problemas para los privados de libertad y familiares, problemas que ya venían sucediendo de forma reiterada, actualmente el tribunal de la zona y creemos que tampoco del país ha atendido las causas judiciales que se le siguen a todas las personas que se encuentran confinadas en los distintos centros de reclusión, ya sean comandos policiales, guarniciones militares o sitios de reclusión preventivos. El retardo procesal generado por el Palacio de justicia de El Tigre ha confinado tras las rejas a personas por meses y hasta años, sin haber probado culpabilidad alguna sobre los presuntos delitos, a los cuales se les imputa. Para nosotros los familiares no es un secreto que cada vez que fijan una audiencia en tribunales la misma siempre es suspendida, ya sea porque el juez no quiere atender, el fiscal no quiere asistir, e incluso porque los ánimos de los trabajadores del poder judicial no son los mejores para ese día y la solución más rápida es diferir la audiencia.
Una de la situación más alarmante es la salud de estas personas. Actualmente por comunicaciones con familiares de privados de libertad de distintas policías, se tiene conocimiento que hay más de 32 personas infectadas por tuberculosis. Ustedes saben lo grave de esa enfermedad, sin contar el riesgo potencial a gran escala de todos los privados de libertad y por supuesto familiares y amigos. A la fecha, a pesar de que jueces, fiscales y aguaciles tienen conocimiento de ésta situación, no se le ha buscado solución para atender estos casos, sumados los otros privados de libertad que padecen enfermedades como escabiosis hipertensión, diabetes, neumonía, infecciones vaginales graves en las mujeres privadas de libertad, discapacidad física, e incluso, algunos casos de demencia que deberían ser tratados de forma distinta por su condición...
Ahora vemos un TSJ que dice que su personal e instalaciones siempre han estado al 100% de su operatividad, pero nos preguntamos los familiares de estos detenidos sabe los magistrados que sus jueces no atienden a sus funciones cuando le corresponde, el Fiscal General de la República asume que el Ministerio Público MP, busca justicia con garantía sobre los derechos humanos; lo felicitamos pero le exigimos que se aboque a la atención de todos nosotros.
La otra cara de todo este sistema, de quienes vivimos el día a día de tener personas privadas de libertad por parte de los cuerpos policiales para ponerlos a la orden del sistema judicial, se convirtió en un comercio.
La extorsión por parte de los policías en El Tigre ha pasado a ser otra de la funciones de los órganos de seguridad que deberían de garantizar la paz, tranquilidad, confianza y seguridad del venezolano se dediquen a exigir alta sumas de dinero a los ciudadanos de a pie para no ser culpados de un delito, a lo cual la persona debe acceder para no estar detrás de las rejas. Los invito a que detallen a los funcionarios policiales, viven y se dan mejor vida que un empresario.
Ahora que pasa cuando la persona no paga la extorsión policial?
Bueno le culpan de un delito y lo ponen a orden del MP, quedando a manos de los fiscales, quienes también te exigirán altas sumas de dinero para no mantener la acusación, a lo que si no pagas le exigen al tribunal que te den privativa de libertad por 45 días, para realizar supuestas investigaciones (cosa que nunca realizan), a lo que el tribunal accede y ahí es donde comienza el negocio con el privado de libertad y su familia, ahí se acaba la paz y tranquilidad de estas personas, empezando por el sacrificio que deben hacer para la alimentación del imputado que en la mayoría de los casos es el sostén del hogar, el padecimiento de la familia y el privado no es normal, policías cobrando por pasar la comida a los calabozos, cobró de vacunas a los familiares para tener a las personas en calabozos tranquilos, robo de todos los implementos que le llevan al detenido, sin contar con el trato cruel y despiadado a familiares y privados de libertad.
Todo eso ocurre dentro de los centros de reclusión a la vista de jefes y comandantes.
En el Palacio de Justicia es otra calamidad, lo siento jueces, fiscales y alguaciles, pero se van a herir susceptibilidades: hace años el litigio en el derecho venezolano desapareció, los abogados se convirtieron en jueces de alguaciles y fiscales, una persona imputada por los delitos de robo, hurto, lesiones el costo impuesto por jueces y fiscales es de 1500$ y 2000$ por su liberación, el imputado por secuestro, extorsión o abigeato es de 3000$ a 4000$ su liberación y los imputados por drogas, homicidio y violación el costo de la liberación varía entre los 5000$ y 10000$, ahora ven porque se ha vuelto un negocio tener a personas.
Privadas de libertad? Sale mejor al imputado para él y su familia que se declare culpable, pagar una condena mínima y evitar tantos gastos.
Una persona con alguna condición de salud privada de libertad debe pagar 50$ al alguacil para conseguir una orden médica y asistir a un centro de salud, luego debe ubicar un vehículo particular, ya que en las policías se niegan a trasladar en las patrullas a los detenidos, a parte pagar entre 30$ y 40$ a los policías a pesar de tener una orden de un tribunal, el médico forense cobra entre 300$ y 500$ para confirmar el diagnóstico (es obligatorio informe de el para efectos legales), a parte hay solo un médico forense, al final el juez quita entre 200$ y 600$ para darte el beneficio de apostamiento (casa por cárcel), todo esto para una persona enferma en condición de privado de libertad.
A todos los lectores esperamos que esta dura y terrible realidad los lleve a la reflexión, cada vez que vean un titular de prensa donde un organismo de seguridad notifica la detención alguna persona por un supuesto delito, piensen que de seguro no pagó la extorsión a los policías y ahora será transferido al sistema judicial, cárceles y centros de reclusión llenos por no tener poder económico, porque el que tiene paga al instante por su libertad.
No juzguen, nadie sabe lo que se siente hasta que lo padece en carne propia