Desde que el Presidente Chávez anunció en cadena nacional la paralización de la explotación de más minas de carbón en el estado Zulia el 1º de Mayo desde el Complejo Industrial G/D José A. Anzoátegui, Estado Anzoátegui, de inmediato se reactivó la estrategia para desconocer tal posición presidencial desde Corpozulia/Carbozulia y las distintas oficinas de las empresas multinacionales del carbón.

Se inició dicha estrategia poniendo en boca de supuestos líderes indígenas wayuu la necesidad de abrir las minas Socuy, Cachirí, Caño Seco y las Carmelitas, posteriormente utilizaron líderes obreros del sindicatos del carbón de la empresa mixta Carbones del Guasare, luego consiguieron el pronunciamiento favorables de la nueva representante del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) en el Zulia, la ingeniera Aurora Rodríguez, más recientemente de los diputados presidente y otros miembros de la Subcomisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional y la semana pasada del segundo representante nacional del Mibam.

El Viceministro Hernández del Mibam para justificar ante el país la ampliación de las dos únicas minas existentes en el Zulia (Paso Diablo y Norte) y la apertura inmediata de las minas de las multinacionales agrupadas en COSILA y Carbonífera Caño Seco utilizó los siguientes argumentos: el “aseguramiento de las materias primas al sector industrial nacional «Necesitamos carbón para la industria del aluminio, la cual necesita el coque metalúrgico para hacer los ánodos de carbón que utiliza la industria del aluminio»”, “«introducir el carbón como elemento fundamental para la generación de electricidad con plantas termoeléctricas que puedan utilizar carbón como combustible», en cuanto al daño ambiental asegura el diputado que el “problema ambiental se puede resolver rápidamente” y en relación con la oposición ejercidas por las comunidades indígenas a la explotación de carbón en sus territorios asegura “para buscar salida a este conflicto se debe dar prioridad a las comunidades afectadas, sobre todo a las indígenas”.
(ABN 27/07/2007. http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=98696&lee=18).

Estos argumentos utilizados por el diputado Hernández además de estar en contradicción con la posición del presidente Hugo Rafael Chávez Fría y con la política ambiental del nuevo Ministerios del Ambiente, son las mismas opiniones que en el Zulia adelantaron los operadores de estas empresa energética minera que para nada se corresponde con un uso adecuado de la energía fósil en aras de cumplir con el Protocolo de Kyoto más cuando la deforestación y la quema del carbón genera más CO2, uno de los gases invernadero más agresivo causantes del calentamiento global y el cambio climático.

Nada más lejos de la realidad que argumentar que el impacto ambiental de las minas a cielo abierto sea un problema que “se puede resolver rápidamente”, el daño que se está ocasionando a la cuenca del río Guasare es ya irreversible, sus aguas ya no corren como antes, se empozan en épocas de verano, estudios de la Facultad de Ciencias y del Postgrado de Ingeniería de LUZ dan cuenta de la contaminación de sus aguas y peses por metales pesados, los altos nivelas de azufre que desde años presentan el sistema de agua de la subcuenca del Guasare aledaños a las minas, detectados en el 2006 por estudios realizados por el Ministerio del Ambiente (MINAMB), no han podido ser controlados por los criollos y extranjeros de las empresas mixtas Carbones del Guasare y Carbones de La Guajira , simplemente porque sus aguas residuales pese al control existente y mil veces mejorado siempre son vertidas al lecho del río y alcanzan los acuíferos subterráneos.

El impacto del traslado y del polvo del carbón es impresionante, son ya varios los trabajadores enfermos (despedidos) por neumoconiosis por carbón, son miles ya los vecinos enfermos aledaños a los puertos carboníferos o a las vías por donde trasladan dicho carbón; los muertos y lisiados en accidentes viales ocasionados por el traslado del carbón son cada día más en la medida del aumento del tonelaje, esta situación insoportable ha llegado al limite de la impunidad que hasta ha sido denunciada por el propio Presidente de la República en su alocución el 1º de Mayo “Además lo va dejando por la carretera los camiones y se le mete a los pulmones a los niños, a todos pero sobre todo a los niños. Allá en el Zulia hay un alto grado de enfermedades pulmonares en todos esos pueblos que son cruzados por las gandolas y gandolas de carbón”.

Tanto el carbón a explotar por las empresa COSILA y Carbonífera Caño Seco, de inmediato, y de las minas Socuy y Cachirí, posteriormente, afectaran las aguas tributarias de los embalses Los Tres Ríos (Diluvio) y Manuelote, esta es la principal razón por la cual el MINAMB se opone a entregar los permisos exigidos por los empresarios privados del carbón y Corpozulia/Carbozulia para ampliar las dos existentes y abrir más minas.

Pero lo más singular de los argumentos se expresa cuando el diputado señala que el problema con los indígenas opositores a este modelo genocida, ecocida y etnocida contemporáneo de desarrollo es un asunto que se resuelve con dádivas.

Este último argumento presenta elementos que vienen de tiempos coloniales en cuanto al tratamiento de la relación de Estado gobierno/indígena, es el argumento más recalcitrante utilizado por los operadores trasnacionales mineros enquistados en el Zulia.

Que lejos están estos argumentos de la realidad socio política indígena wayuu asentados hoy en las cuenca de los ríos Socuy, Maché y Cachirí, de su resistencia conciente de oponerse a seguir siendo evacuados forzosamente de sus tierras tradicionales que hoy ocupan, tal como ayer ocurrió con sus tierras donde hoy operan las minas Paso Diablo y Norte, o la futura mina Las Carmelita, es más muchos de los desplazados wayuu del Guasare hoy tienen más de diez años viviendo en esta área donde se pretende abrir las minas Caño Seco, Socuy, Cachirí y Las Carmelitas.

Este modelo minero y de uso de más energía sucia no se corresponde con un socialismo indo americano de cara al siglo XXI, donde el desarrollo del país debe sustentarse a partir del respeto a la naturaleza y a los derechos de los pueblos indígenas en particular.