Cuando un Gran Jurado de New Jersey inició una investigación en agosto del 2006, sobre la participación de Luis Posada Carriles en los atentados con bombas contra hoteles cubanos en 1997, mucha gente pensó que al fin este criminal sería encausado por las autoridades norteamericanas, luego del bochornoso papel representado por las mismas durante el juicio que se le siguió a este connotado criminal en El Paso, Texas. Sería, sin lugar a dudas, la oportunidad que tendría la justicia norteamericana para limpiar la deteriorada imagen que presentó ante el mundo en ese proceso legal y, desde luego, una manera tardía de “hacer justicia” al cacareado antiterrorismo preconizado por Bush.

Mal parados quedaron el Departamento de Justicia el Departamento de Seguridad Interna y otras agencias federales, por el papel asumido durante la querella legal contra Posada Carriles, por violar las leyes migratorias de Estados Unidos al ingresar ilegalmente a este país.

El propio Juez Garney criticó fuertemente a la fiscalía por no haber usado los “mecanismos a su disposición para justificar la detención de Posada” y que, asombrosamente, “escogió no utilizarlos”. El magistrado se refería, desde luego, a una certificación del Fiscal General sobre la condición de Posada Carriles como terrorista.

Estaba claro, que el Procurador General y su Sección Antiterrorista se negaron a reconocer que Posada Carriles es un connotado criminal, indudablemente presionados por la propia administración y el miedo de la misma de ser chantajeados por la mafia cubana de Miami y el propio terrorista. Si se hubiera entregado a la corte esta certificación, se hubieran creado las condiciones legales para proceder a la detención permanente de Posada Carriles, garantizando que cada seis meses se revisara su condición como terrorista.

A pesar de que la Sección Antiterrorista contaba en esos momentos con abundante información incriminatoria contra Posada, ofrecida por Cuba y aportada por infinidad de fuentes públicas y las propias declaraciones del criminal, la fiscalía no aportó una sola prueba sobre el prontuario terrorista del asesino.

Estos dos hechos, la falta de pruebas aportadas por el gobierno y la ausencia de tal certificación, abrieron las puertas a la impunidad y posibilitaron que los abogados de la defensa presionaran a la corte para obtener la liberación bajo fianza del terrorista,

Varios acontecimientos sucedidos en Estados Unidos y relacionados con Posada Carriles y varios de sus cómplices, demuestran que existen intenciones de evitar cualquier enjuiciamiento al terrorista por sus actividades criminales contra Cuba. Tenerlos en cuenta de conjunto, nos permiten comprobar que las autoridades norteamericanas y sus cómplices de la mafia terrorista de Miami manejan diversos y ocultos hilos entre telones, para garantizar nuevamente la impunidad:

● El presidente de Estados Unidos George W. Bush se reunió con el antiguo directivo de la FNCA y financista directo de actividades terroristas contra Cuba, Alberto Hernández, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en ocasión de la visita del mandatario para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 10 de junio de 2005. Fue, de hecho, un espaldarazo a la mafia y a Posada Carriles.

● Varios congresistas del sur de la Florida, involucrados hasta el tuétano en los ataques contra Cuba, Lincoln Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, no solo solicitaron en mayo y noviembre de 2003 a la ex presidenta panameña, Mireya Moscoso, el perdón para Posada Carriles y sus tres cómplices en el intento de magnicidio contra el Comandante en Jefe, en Panamá, sino que realizaron gestiones secretas septiembre de 2006, ante el gobierno de Bush, para liberar al terrorista, de quien dijeron sentir una profunda admiración.

● Varios cómplices de Posada Carriles fueron exonerados de las acusaciones que pesaban contra ellos por varios delitos:

a) Un juez federal, Juan Montalvo, dejó en libertad el 17 de agosto de 2006 a José Hilario “Pepín" Pujol y Rubén López Castro, por su complicidad en la entrada ilegal de Posada Carriles a Estados Unidos, a pesar de que los mismos violaron varias leyes migratorias norteamericanas.

b) Otro connotado terrorista, Ernesto Abreu, fue dejado en libertad por el juez federal David Briones, en octubre del 2006, a pesar de que se negó a declarar ante la corte durante el proceso de El Paso, Texas.

c) En enero de 2007, el terrorista Santiago Álvarez, condenado a cuatro años de privación de libertad por el delito de conspiración para poseer un arsenal de armas de guerra, junto a Osvaldo Mitat, logró un arreglo con la fiscalía luego de entregar a las autoridades un cuantioso arsenal de armas de guerra entre los que se incluían, rifles, detonadores, explosivos C-4, un lanzagranadas y municiones. Ni sus declaraciones sobre el hecho de que estas armas serían empleadas para atacar a un gobierno extranjero, el cubano, en franca violación de la Ley de Neutralidad, sonrojaron a la fiscalía ni al juez que redujo las condenas.

d) La misma farsa que se urdió con Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, se repitió descaradamente en junio de 2007, cuando el abogado de otro terrorista, Robert Ferro, quien fuera detenido con un importante alijo de armas, logró que la fiscalía impusiera una sentencia irrisoria para su defendido.

● Eufórico y en espera de la más descarada impunidad, como solo sabe hacerlo quien nada teme, Posada Carriles realizó unas cínicas declaraciones desde El Paso, Texas, a la emisora miamense WQBA, en agosto de 2006: “Mis planes futuros es Cuba, mi objetivo es Cuba, y seguirá siendo Cuba, regresar a la isla, a mi patria”.

Dos meses, en octubre de ese mismo año, el terrorista ávido de protagonismo declaró a la emisora La Poderosa: "Esta semana el juez federal decide y según la ley, corresponde que me suelten. …No estoy nervioso y sí muy optimista de ser liberado. Si vuelvo a nacer, hago lo mismo, no me arrepiento de nada”. ¿Qué hizo a Posada expresarse de manera tan confiada en esos momentos? No cabe duda que él ya tenía total certeza de la maniobra urdida por el gobierno norteamericano para lograr su excarcelación.

● Uno de los hechos que prueban la confabulación descarada de las autoridades norteamericanas para exculpar a Posada y evitar algún juicio posterior al mismo, lo fue la destrucción de su expediente criminal por orden del agente especial Ed Pesquera, nada más y nada menos que hijo de otro acérrimo enemigo de Cuba, Héctor Pesquera, ex jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) del Sur de la Florida. Tal hecho fue denunciado por la periodista Ann Louise Bardach. Llama poderosamente la atención que en este expediente destruido en 1998, estaban varios documentos que implican directamente a este terrorista con los atentados con bombas contra instalaciones turísticas cubanas en 1997. Asimismo, llama también la atención que Ed Pesquera no haya recibido la más mínima amonestación de sus jefes por tal proceder.

● El 17 de abril de 2007, fue rechazada inexplicablemente por la Corte de Apelaciones de Nueva Orleáns, una moción presentada por los fiscales Paul Ahern y John W. Van Lonkhuyzen con el pedido del gobierno de Estados Unidos de mantener detenido a Luis Posada Carriles. La justicia corrupta, la ineficacia de la fiscalía y la complacencia de unos jueces, daba el espaldarazo final a la impunidad.

A partir de ese momento, Posada Carriles salió en libertad y se trasladó a Miami, donde goza actualmente de la protección de las autoridades y de sus compinches. Sus abogados y cómplices le han aconsejado permanecer en silencio y no hacer declaración alguna  cosa que ha de afectar su cínico protagonismo , en espera de los resultados de la investigación de New Jersey.

Me lo imagino calmado, gozando del descaro de sentirse impune e intocable.

La investigación contra Posada en New Jersey: ¿otra farsa más?

Con una exigua cobertura de prensa, transcendió a la opinión pública que desde agosto de 2006 se había iniciado una investigación por parte de un Gran Jurado contra Luis Posada Carriles en New Jersey. El propósito de la misma es determinar el grado de participación de Posada Carriles en los atentados terroristas contra hoteles de La Habana y Varadero, así como el nivel de financiamiento a estas actividades por parte de otros cómplices cubanoamericanos radicados en New Jersey.

Según varios medios, principalmente no norteamericanos, la investigación aborda la forma en que Posada Carriles recibió grandes sumas de dinero desde New Jersey, enviados por varios cubanos residentes en esa ciudad, entre los que se encontraban Arnaldo Monzón Plasencia y Abel Hernández. El primero de ellos, ya fallecido, era el dueño de la cadena de tiendas Arnold Stores y se vio involucrado de manera directa como alto directivo de la FNCA en varios hechos terroristas contra Cuba. Por su parte, Hernández, residente en Cliffside Park y propietario del supermercado Mi bandera, de Union City, desembolsó también fuertes sumas de dinero para sufragar las acciones terroristas de 1997. Las “donaciones” ascendieron a cerca de 30 000 USD.

Según diversas fuentes, el Gran Jurado ha interrogado a varias personas para esclarecer el envío de dinero a Posada desde New Jersey. Entre ellos se encuentran Oscar Rojas, y su hijo, José Alemán. Uno de los sospechosos entrevistas, Ángel Alfonso Alemán, integrante del la Comisión Militar de la FNCA y directivo de la Coordinadora de Ex Presos Políticos Cubanos, participó en el frustrado atentado contra Fidel en Isla Margarita, Venezuela, durante la celebración de la VII Cumbre Iberoamericana. Se recuerda también como uno de los testigos hostiles en el amañado juicio contra los Cinco Héroes, Como Basulto y otros, se negó a declarar amparándose en la Quinta Enmienda.

La primera cosa sospechosa es que las fuentes no señalan la implicación de miembros de la Fundación Nacional Cubano Americana, residentes en Miami, en las actividades de organización y financiamiento de los atentados terroristas. ¿Será, acaso, que las sospechas y las culpas solo recaerán en Monzón y Hernández, como únicos chivos expiatorios?

A pesar de que Cuba ha ofrecido abundante información sobre cómo las acciones terroristas del 97 y otras desarrolladas en la década del 90, fueron patrocinadas por el Frente Nacional Cubano, ala paramilitar secreta de la FNCA que involucró a Francisco José “Pepe” Hernández Calvo, Alberto Hernández, Feliciano Foyo, Roberto Martín Pérez, Luis Zúñiga Rey, Horacio Salvador García Cordero y otros directivos de la Fundación, no aparece sospechosamente la implicación de estos sujetos en la macabra trama terrorista.

Sin lugar a dudas, si el FBI estuviera dispuesto a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias, dispone no solo de la evidencia aportada por Cuba sino, incluso, las propias declaraciones de Posada Carriles a varios periodistas, entre ellos a los del New York Times, en julio de 1998.

Por otra parte, los federales cuentan con un amplio dossier iniciado en 1997, cuando el ingeniero guatemalteco Antonio Jorge Álvarez, quien dirigía las actividades de la firma WRB Enterprises en Guatemala, informó a dicha agencia sobre los planes de Posada para perpetrar atentados terroristas en Cuba. ¿Por qué, me pregunto, los investigadores no han contactado a Álvarez para ampliar su indagación, si todo parece indicar que trabajó por indicaciones del FBI para espiar las actividades de Posada junto a dos de sus empleados de WRB Enterprises, nombrados José Francisco “Pepe” Alvarez y José Burgos?

Con la anuencia de Álvarez, el FBI pudo conocer, mediante la colocación de dispositivos de escucha, que los tres implicados:

● Conspiraron reiteradamente para enviar a ciudadanos bajo la fachada de turistas, para introducir explosivos en Cuba y hacerlos explotar en hoteles.

● La posesión por parte de los implicados, en diferentes momentos de la investigación, de diversas cantidades de explosivos, rotulados como potencialmente peligrosos.

● Una fuente confidencial dio a conocer a los federales la copia de un fax que demostraba las transferencias electrónicas de dinero desde New Jersey, y dirigidas a Posada Carriles.

● Durante la pesquisa, el FBI pudo recopilar diversos documentos que evidenciaron las distintas transferencias a través de Western Union desde los Estados Unidos hacia Guatemala y El Salvador, en el período entre octubre de 1996 y enero de 1998 y que ascendieron a cerca de 19 000 USD.

Hoy está claro que si el FBI monitoreó las actividades de la célula terrorista centroamericana, integrada por Posada Carriles, José Francisco “Pepe” Alvarez, José Burgos, Francisco Chávez Abarca y otros, pudo haber evitado la oleada de bombas que se colocó en hoteles cubanos en 1997. Pudo haber evitado, de igual forma, que Raúl Ernesto Cruz León hiriera a cuatro personas en los hoteles Capri y Nacional, el 12 de julio de 1997. Pudo también el FBI haber evitado, de haber actuado como el caso lo ameritaba, la muerte del turista italiano Fabio Di Celmo, el 4 de septiembre de 1997.

Meses han pasado desde que se inició la pesquisa federal de del Gran Jurado de New Jersey y no parece aparecer algún resultado significativo. Lo raro de todo es que el FBI cuenta con abundantes pruebas. Ante esto solo cabe preguntarse: ¿Querrá realmente Estados Unidos, de una vez y por todas, juzgar a Luis Posada Carriles?

Mientras tanto, un padre italiano reclama justicia por su hijo vilmente asesinado, mientras Cuba espera, con dignidad y rabia, que la justicia tenga derecho a ser tenida en cuenta.

percy@cubadebate.cu