Nuestro estado nacional, que abarca nuestro territorio (casi el Millón de Km2) y la población venezolana, (27 millones, aproximadamente), arrojan un déficit acumulado de unos 2 millones de viviendas, para un déficit interanual acumulable en el orden del 8/10%. Es decir, se deberían producir al menos unas 250 mil viviendas cada año, para ir paliando el déficit acumulable cada año. Sin aún entrar a cubrir el déficit acumulado de viviendas. Tremendo reto. Tremenda deuda social.

Lo que hoy se produce (incluyendo la sumatoria del sector público y privado) no alcanza siquiera para cubrir el 50% del déficit acumulable. Triste balance para un país con tan formidables recursos financieros, un sector privado vigoroso en el sector construcción, y un gobierno que se supone y reputa de ser el gobierno de mayor inclusión social en la historia republicana de Venezuela.

Recientemente el Ejecutivo Nacional promulgó una serie de leyes orgánicas, de alto impacto en el área económica y social. Ello lo hizo dentro del marco facultativo de la Ley Habilitante, en los últimos días de vigencia de aquella. Especial mención merece, aunque hasta ahora no se le haya hecho mención alguna, la nueva reglamentación en materia de vivienda y hábitat.

El propio Presidente señaló que "la nueva Ley de Vivienda incrementará la capacidad del Estado y del pueblo en la solución del problema de las viviendas,…, dándole un rol protagónico a los consejos comunales, tanto en la planificación y control urbano, como en la promoción, construcción y distribución de las unidades habitacionales".

En realidad el gobierno tácitamente reconoció su fracaso en materia de viviendas, pero nuevamente apostó a la tesis de un mayor centralismo y al menos en teoría, una mayor preponderancia de los sectores populares organizados (los consejos comunales) en debida coordinación con los organismos correlativos del gobierno central.


CAUSAS DEL FRACASO BOLIVARIANO EN VIVIENDAS.


Desde comienzos de la Administración Chávez, el tema de vivienda generalmente ocupó la agenda pública mediática. Fueron más las exposiciones que las realizaciones. Pero siempre estuvo allí.



A partir de 1999, se delineó una Política Nacional de Vivienda en Venezuela con alto espíritu altruista y sentido de inclusión social. Se presentaba la posibilidad de fraguar una formidable alianza entre los diferentes sectores estratégicos concurrentes al hecho productivo de viviendas.

Pero lamentablemente aquello fue un total fracaso. Veamos algunas de las causas de este estruendoso fracaso:

· PUGNAS Y CONFLICTOS POR EL PODER. Problemas históricos de diversa índole acosan la sociedad venezolana y no permiten aprovechar las potencialidades provenientes de distintos actores sociales. Los conflictos originados en el control del poder político y económico han impedido conciliar la voluntad de ejercer la gobernabilidad en los distintos estamentos administrativos.

INOPERANCIA OFICIAL. Los asentamientos informales constituyen la principal evidencia físico-espacial del fracaso en la conducción de la planificación y gestión urbanas. Conforman la evidencia de la inoperancia en afrontar las causas estructurales de la pobreza, marginalidad e inequidad de la sociedad en su conjunto.

FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS COHERENTES Y SUSTENTABLES. En un panorama de incertidumbre como el que actualmente atraviesa la nación venezolana, pareciera que se alejan las posibilidades de alcanzar las condiciones deseadas y esbozadas en las intenciones del Programa II de Habilitación Física de Zonas de Barrios internacionalmente reconocido.

PERMANENTE INCERTIDUMBRE Y DESESPERANZA DE LOS SECTORES POPULARES. La sensación de haber iniciado un camino prometedor y haberlo abortado tan pronto, deja un sentimiento de desazón, desesperanza y ansiedad.


UNA MIRADA A LA VIVIENDA ENTRE 1999 Y 2004

En la Política de Vivienda, enunciada al inicio de la gestión del actual Gobierno venezolano, destacaba como pivote estructural el Programa de Habilitación Física de las Zonas de Barrios. Se trataba de un conjunto de actuaciones orientadas a la proyección y construcción de obras de infraestructuras y equipamientos necesarios para integrar a los asentamientos informales con el resto de la ciudad.

A pesar de la elaboración de Planes y Proyectos en distintas urbes venezolanas, la situación cambió muy poco. Los problemas se multiplicaron; la deuda social con las comunidades creció; la situación de riesgo de la población, que habita estas zonas, se tornó dramática, adosada con el detonante de la inseguridad urbana.

Las causas eran y aún siguen siendo estructurales. El acelerado crecimiento de las ciudades, experimentado en las últimas décadas, se caracteriza por una marcada exclusión de la población en el acceso al mercado de la tierra urbana y la vivienda formal, lo que se traduce en incuestionables procesos de exclusión social y segregación espacial.

Las consecuencias para las ciudades son evidentes: una acelerada ocupación de espacios signados, desde su nacimiento, por la precariedad. Incremento de los niveles de vulnerabilidad de un grueso sector de la población y se aumento del círculo de marginalidad y pobreza. Esta triste realidad social constituye uno de los mayores problemas que se vislumbran en el siglo XXI para Latinoamérica y el mundo, en general.

Secciones:

ORÍGENES DEL ACTUAL HACINAMIENTO URBANO...

En estas espacialidades urbanas, se acumulan valores negativos, que acentúan la exclusión: ilegalidad en la ocupación del suelo, condiciones inadecuadas de las viviendas, hacinamiento, dificultad para acceder a los servicios públicos domiciliarios, inexistencia de equipamientos colectivos, problemas de accesibilidad y movilidad, ausencia de espacios públicos e inseguridad.

En Venezuela, al igual que en el resto de Latinoamérica, el surgimiento y avanzada de los denominados asentamientos informales, en la constitución de las ciudades, ha sido avasallante. Actualmente, más del 50% de la población urbana vive en esta modalidad precaria del hábitat, lo que equivale a unos 14 millones de personas en una superficie de 180.000 hectáreas.

Estas lamentables condiciones, ha impedido a estos ciudadanos disfrutar de los beneficios de la vida urbana, confinándoles a un ámbito muy reducido dentro de los límites de su barrio, su calle o su vivienda. Este es el círculo vicioso de nuestra pobreza y marginalidad urbana.

Esta situación no es nueva, de ninguna manera. Según el médico sanitarista José María Bengoa y Lecanda, publicado en 1942, Teolinda Bolívar e Iris Rosas expresaban en 1999: "…los problemas que hoy toman para nosotros prioridad, ya se avizoraban en 1941, cuando el Área Metropolitana de Caracas apenas tenía una población de 354 mil habitantes y `las viviendas en los cerros´ contenían el 12,74% de su población total.

Ante la difícil situación, el Estado venezolano ha ejecutado distintas actuaciones, que abarcan desde la erradicación de los asentamientos informales hasta su reconocimiento y habilitación. La sustitución de ranchos existentes por viviendas salubres dentro de la Política Nacional de Vivienda del Banco Obrero, formulada en 1946, o la denominada Batalla contra el Rancho de 1952, corresponden a las primeras actuaciones.

Las más recientes, de reconocimiento y habilitación, se enmarcan en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU) de 1987 y la Política Nacional de Vivienda de 1999. Continuaremos en nuestra próxima entrega.

carlosbarretoc@gmail.com