Es un hecho histórico de las últimas décadas la insurgencia de los pueblos indígenas en la escena política de América Latina. Esto no es en modo alguno casual, por el contrario, se trata; por una parte, de la expresión de la crisis del modelo desarrollista y neoliberal que tanto el imperialismo y sus grandes corporaciones transnacionales pero también, los Estados-gobiernos nacionales del continente, han buscado imponer a lo largo y ancho de todo nuestro continente y; por el otro, de la necesaria respuesta indígena a esta propuesta neoliberal que busca liquidarlos como civilizaciones, especialmente, por cuanto pretende intervenir y apropiarse de sus últimos espacios territoriales. Se trata, por tanto, de una lucha territorial en la que a los pueblos indígenas se les puede ir la vida, de allí la fuerza ética y política de sus demandas.

Desde el levantamiento indígena Zapatista de 1994 en México hasta la confrontación de los indígenas de la Amazonia peruana este mismo año 2009, uno tras otro, los pueblos indígenas de América han venido insurgiendo en defensa de su persistencia cultural y civilizatoria que, saben, no es posible sin defender al mismo tiempo y hasta las últimas consecuencias, sus espacios territoriales.

De tal manera que, si para la nueva etapa capitalista urge a las corporaciones un reordenamiento territorial dirigido a hacer posible la intervención protegida de sus capitales en espacios duchos en biodiversidad, agua y energéticos, para los pueblos indígenas representa el momento de luchar a muerte por sus últimos territorios, en singular defensa de sus cosmovisiones y cosmovivencias.

A esta realidad no escapa Venezuela, mucho más cuando sabemos que, todo el potencial energético, de agua y biodiversidad presente en este país se encuentra emplazado en el subsuelo de los espacios territoriales indígenas: La Gran Sabana en el estado Bolívar; el estado Amazonas y la Sierra de Perijá en el estado Zulia. De allí que, cuando la Constitución Bolivariana (aprobada en 1999) se planteó como meta, a cumplir en dos años, la delimitación de los hábitats indígenas, los pueblos originarios sintieron y se aferraron con fe a la demarcación como esperanza y certeza de que su persistencia como culturas diferentes estaba asegurada. Sin embargo, la realidad no es tan simple ni pura como la esperanza indígena. Grandes y oscuras fuerzas entran en juego. Éstas intervienen para torcer el rumbo a favor de las corporaciones y del capitalismo involucrando incluso a gobiernos que, declarativamente, se identifican con la necesidad de justicia para los pueblos originarios.

La primera manifestación de que el rumbo en Venezuela se torcía fue la forma en que se configuró la Comisión Nacional para la Demarcación de Hábitats y Tierras Indígenas, constituida, fundamentalmente, por los Ministerios de Defensa; Energía y Petróleo; Producción y Minas; Ambiente y las Corporaciones de  Desarrollo de las regiones involucradas (CVG en Guayana y CORPOZULIA en el Zulia). Por supuesto, se seleccionaron a algunos representantes de las comunidades indígenas, pero su presencia quedaba de por sí, mediatizada y minimizada ante la imponente fuerza de los representantes del Estado-gobierno, amén de que en su elección lo que menos privó fue la participación de sus comunidades de origen. Por mencionar un ejemplo, la representante indígena en la Comisión para la Demarcación de los Hábitats indígenas del Zulia es una wayuu que desconoce totalmente la realidad de los pueblos yukpa y barí. Asimismo, la Comisión Regional de Demarcación se constituyó con criterios técnico-políticos*, quedando las comunidades y sus representantes  legítimos sin posibilidad de participar.

Esta Comisión nunca ha querido escuchar la palabra de las comunidades y, mucho menos, la de organizaciones ecologistas no gubernamentales que desde hace más de 20 años han venido trabajando con las comunidades en la defensa de sus tierras y culturas en la región de la Sierra. Por el contrario, ante cualquier crítica a sus procedimientos la actitud ha sido la descalificación con el maniqueo argumento de si quien hace la crítica es afecto o no al proceso de Chávez.

Todo ello ha degenerado en la situación que hoy se vive en el costado Yukpa de la Sierra de Perijá: La comunidad Yukpa de Chaktapa y su líder Sabino Romero que, ante la negativa a escuchar por parte de la Comisión Nacional y Regional de Demarcación, decidió recuperar su territorio, está siendo colocado por los funcionarios ministeriales como elementos “al margen de la ley”, ello en consonancia con el discurso y acción de las fuerzas oscuras antes mencionadas. Hoy, Sabino Romero está siendo criminalizado por esas fuerzas oscuras pero apoyadas “oficialmente” por el gobierno nacional a través de su Vice-Presidencia, el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Obras Públicas, quienes pretenden convertir al líder yukpa en la defensa y rescate de sus tierras tradicionales en un vulgar criminal, abigeo y hasta violador y, de paso, junto a él, pretenden criminalizar a uno de sus principales aliados en la lucha, como es el caso del Profesor Lusbi Portillo y su organización no gubernamental ecologista Homo et Natura.

Por todo lo anteriormente expuesto y, ante la grave situación en la que está  en riesgo la libertad y la vida de Sabino Romero y la comunidad yukpa de Chaktapa, así como la del profesor de la Universidad del Zulia Lusbi Portillo, nosotros, los que abajo firmamos, nos dirigimos a los pueblos del mundo, al pueblo de Venezuela y al Gobierno del Presidente Chávez, para solicitar y exigir:

1.- Cese a la persecución y criminalización del líder indígena Sabino Romero y a la comunidad yukpa de Chaktapa que sólo está exigiendo el reconocimiento y recuperación de sus tierras tradicionales y ancestrales.

2.- Solicitamos del Presidente Chávez la revisión total y reorganización del proceso de demarcación territorial indígena realizado por la Comisión Nacional y Regional respectivas, pues, ambas han actuado a contracorriente de las justas aspiraciones de los pueblos afectados.

3.- Exigimos el respeto a la vida de Sabino Romero, amenazado de muerte por los hacendados.

4.- Exhortamos al Presidente Chávez a desconocer y anular toda concesión de explotación minera (petróleo, carbón, gas, uranio y cualquier otro mineral) en territorio indígena.

5.-  Llamamos a todos los pueblos, organizaciones y personalidades identificadas con la posibilidad de construir otro mundo a sumarse a este llamado y a defender la vida de los pueblos y civilizaciones originarias de nuestro continente.

Personalidades:
Carlos Walter Porto-Goncalves. Brasil
Edgardo Lander. Venezuela.
Pablo Tasso. Argentina.
Efraín León. México.

Amparo Gil Vanegas (Maracaibo, Venezuela)
Nicanor A.. Cifuentes Gil (Maracaibo, Venezuela)
Nicanor Cifuentes Gómez (Maracaibo, Venezuela)