Caracas, 03 Ene. ABN.- Para la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el decreto de Ley de Amnistía emitido por el Ejecutivo Nacional es una legislación generosa y constituye un acto de humanidad.

Su apreciación la hizo este jueves al ser entrevistada en el programa Al Momento, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Apuntó también que el indulto presidencial suscrito igualmente se produce cuando hay sentencia definitivamente firme, es decir, cuando las personas ya han sido condenadas.

Señaló que el decreto de Ley de Amnistía la hizo el Jefe de Estado a propósito de la Ley Habilitante, ya que por lo general es un acto legislativo, decreto del cual hizo algunas consideraciones.

En primer lugar, aclaró que corresponde al Ministerio Público iniciar el procedimiento y que el cumplimiento por parte de los jueces de este decreto es a instancia del Ministerio Público. Es decir, que los jueces de oficio no pueden decretar el sobreseimiento de la causa si el Ministerio Público no lo solicita.

El procedimiento consiste en que la persona que considere que la ampara la presente ley acuda al Ministerio Público, al fiscal que tiene la causa y se le solicita al juez de control o de juicio, según el caso, que se le dicte el sobreseimiento. El fiscal que conduce el caso se dirige al magistrado que tiene la causa y éste procede a decretar el sobreseimiento, precisó.

Reveló que ya dio instrucciones a todos los fiscales que conducen estas investigaciones o que conocen de estas causas que ya están en los tribunales para que de una vez se avocaran a revisar quien está en el supuesto de la ley.

Igualmente, comentó que en caso de los delitos de lesa humanidad, violación grave de los derechos humanos y crímenes de guerra, condiciones por las cuales no se otorga la Amnistía, los organismos internacionales de derechos humanos e instrumentos jurídicos foráneos en esta materia han criticado las leyes de Amnistía, porque generalmente se aprovechan éstas para exonerar de responsabilidad de personas que están incursos en este tipo de delitos.

No obstante, recalcó que Venezuela es partidaria de que los crímenes antes referidos deben dárseles un tratamiento distinto, porque el Estado venezolano es parte del Estatuto de Roma, el cual suscribió antes de 2002, específicamente en 2000 y en este estatuto se consagra el delito de lesa humanidad.

Refirió que otra de las condiciones del decreto ley es que las personas para poder disfrutar de este beneficio deben estar puestas a derecho, someterse al ordenamiento jurídico, “porque en un estado de derecho, los ciudadanos deben someterse a éste y cualquier acción contraria se entiende como una burla a la justicia”.

Puntualizó que el beneficio es para aquellas personas que de alguna manera estuvieron atentas al llamado que le hacía tanto el Ministerio Público, como los tribunales de la República para afrontar los casos por los cuales se les estaba investigando.

De lo contrario, hay una presunción de que las personas que evaden la justicia es porque efectivamente algo están escondiendo, dijo.

Mencionó que a este decreto de Ley de Amnistía no debe dársele como una sensación de impunidad, sobre todo en los casos de abril de 2002.

Más bien es de la opinión de que los ciudadanos sienten tranquilidad, están identificados con este decreto, “porque los venezolanos somos gente de paz, de amor, que nos interesa la tranquilidad, lo que recoge la Constitución cuando dice que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la paz, la igualdad, la vida, la solidaridad. Lo que pasa es que hay un grupo minoritario que apuesta a otra cosa”.

“Lo que necesitamos es que ese grupo minoritario concientice que el Estado venezolano también los necesita a ellos para impulsar este país hacia adelante y se consoliden las instituciones, por lo que yo llamo a esas personas a la reflexión”, sostuvo.

Esta ley debe cumplirse tal cual como está y bajo estas condiciones hay que cumplirla, agregó.