TeleSUR _ 05/02/08 - Alvaro López Dorado, ex procurador ante la Corte Suprema, denunció que “este rompimiento de la división de poderes es un paso dictatorial que rompe el esquema del Estado de derecho y que pone en peligro la democracia colombiana”.

Mientras la situación de Jorge Noguera se mantiene en bajo perfil, también en Colombia se desarrolla quizás la confrontación judicial más importante en la historia política de este país latinoamericano.

Se trata de la acusación del Presidente de la Corte Suprema en contra del primer mandatario Álvaro Uribe, quien a través de una llamada telefónica habría mostrado preocupación por la suerte de su primo, el ex senador Mario Uribe, investigado por presuntos nexos con la llamada parapolítica.

Según Álvaro López Dorado, ex procurador ante la Corte Suprema colombiana, esta intervención del Ejecutivo frente al poder Judicial constituye un "rompimiento de la división de poderes" y es "un paso dictatorial que rompe el esquema del Estado de derecho y que pone en peligro la democracia colombiana".

De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, asegura que el presidente Álvaro Uribe lo llamó por teléfono el pasado 26 de septiembre desde Nueva York para preguntarle, en un tono sofocado sobre el caso de su primo, Mario Uribe, senador oficialista investigado por sus presuntos nexos con los paramilitares.

"Recuerdo con exactitud que cuando el Presidente (Uribe) me contactó telefónicamente, yo me encontraba en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La llamada del jefe de Estado me causó profunda sorpresa. La Sala Penal acababa de llamar a indagatoria al doctor Mario Uribe" dijo el Presidente de la corte.

"En ese momento, en tono alterado, me expresó su disgusto por algunas decisiones que venía tomando esa sala", aseguró Valencia en entrevista publicada el 12 de enero por el diario El Espectador.

Uribe denunció por injuria y calumnia al Presidente de la Corte Suprema

La Presidencia de la República de Colombia negó el 17 de enero, mediante un comunicado, la aseveración de César Valencia y le pidió a la máxima autoridad judicial del país que rectifique. Lo cual no sucedió.

Álvaro Uribe procedió entonces a denunciar por injuria y calumnia al Presidente de la Corte Suprema. El mandatario reiteró que la citación a indagatoria a su primo Mario Uribe no fue objeto de ninguna llamada al magistrado del alto tribunal ni a ninguno de los demás miembros.

Llegaron a tal punto de confrontación que tanto el máximo representante del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial se mostraron dispuestos a someterse a un detector de mentiras.

Entre tanto, este martes se conoció que el presidente Uribe está dispuesto a desistir en su demanda contra el presidente de la Corte, siempre y cuando se llegue a un acuerdo que evite seguir poniendo en tela de juicio sus dignidades.

Álvaro López Dorado asegura que fue César Valencia quien propuso la prueba del detector de mentiras. "Ante esto, el presidente (Uribe) se ha sentido muy asustado porque no pienso que resiste a la prueba del bolígrafo, nadie lo piensa en este país", estimó López Dorado, en entrevista con TeleSUR.

Paramilitares tienen "penetración" en la fiscalía

El ex procurador estimó que es "absolutamente importante" el papel de la Corte Suprema de Justicia, "ya que se ha preservado hasta ahora como un organismo independiente, honorable y confiable para el pueblo colombiano".

"De tal naturaleza que en este momento, y esto es una alarma para todos los juristas y los pueblos del mundo, el Ejecutivo colombiano, trascendiendo las barreras que lo limitan con el Poder Judicial independiente, trata de subyugarlo y para eso ha atacado al Presidente de la corte, un hombre honorable, un hombre sabio, prudente, que a pesar de su prudencia ha sido tocado de manera extraordinaria por el Ejecutivo" lamentó.

En Colombia, la Corte Suprema de Justicia juzga a los altos funcionarios del Estado, entre los cuales están los parlamentarios o el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que es una entidad máxima en cuanto a la seguridad nacional, dependiente del Ejecutivo.

En situaciones anteriores, también dentro de lo que se denomina la parapolítica, otros funcionarios públicos han decidido dejar a un lado su investidura para que los juzgue la justicia ordinaria.

Para el ex procurador, "se debe a la penetración paramilitar que tiene la fiscalía colombiana y entonces todos los juzgados por parapolítica prefieren renunciar a la Corte Suprema de justicia, que se ha mostrado como entidad seria, respetable, honorable y mesurada, para entregarse más bien a un organismo que esté más cercano al Ejecutivo y por lo tanto obtener mejor gabelas en los juzgamientos".