(Caracas, 15 de octubre de 2009) La Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, garantizó que se dará protección a las víctimas de la llamada
masacre de Cantaura, porque corresponde al Estado venezolano garantizarle
la vida y la seguridad a las personas.

El señalamiento lo realizó la Fiscal General al participar en el programa
Contra golpe, transmitido por Venezolana de Televisión, al referirse a los
testimonios de algunas víctimas de los hechos, quienes manifestaron sentir
temor a declarar.

En ese sentido, reiteró que Venezuela, como Estado soberano, garantiza la
seguridad de los ciudadanos y recordó que el Ministerio Público cuenta con
unidades de atención a las víctimas en todo el país.

Añadió que durante la visita realizada el pasado sábado 10 de este mes a
la población de Cantaura, en el estado Anzoátegui, con ocasión al acto de
conmemoración de los 27 años de la masacre, conversó con algunos de los
sobrevivientes a quienes les expresó que es importante que sientan
seguridad, "porque el Estado los va a proteger".

Destacó que el Estado tiene interés en que este caso se esclarezca y en
garantizar la protección de las víctimas.

Al respecto, añadió que existe la Ley de Protección de Víctimas, Testigos
y demás Sujetos Procesales y, además, la propia Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela desarrolla en su articulado lo
relacionado con esta protección que debe darse a las víctimas.

Insistió en que la política del Estado venezolano es una política
garantista de los derechos humanos. "La Constitución profundiza el respeto
a los derechos humanos distinto a lo ocurrido en épocas anteriores, donde
como política de Estado había violación de los derechos humanos".
Recordó que anteriormente no sólo se perseguía la disidencia política,
sino que se encarcelaban a las personas y se utilizaban mecanismos de
tortura para obtener la verdad.

"Había un Estado violador de los derechos humanos, mediante una política
de persecución, de agresión, represiva, de violación a los derechos
humanos", enfatizó.

Adicionalmente, Ortega Díaz refirió que se tiene previsto la exhumación
de 17 de los restos de los fallecidos, seis de las cuales se realizarán en
Caracas, cuatro en Anzoátegui, una en Aragua, otra en Carabobo, cuatro en
Sucre y una en Monagas.

Explicó que el proceso se inició en Caracas tomando en cuenta que aquí
está ubicado el centro de investigaciones, como la Coordinación Nacional de
Medicatura Forense, y se facilita el proceso. Posteriormente, esos expertos
se podrán trasladar al resto del país.

Al ser consultada sobre los resultados que arrojarán las exhumaciones, la
Fiscal General agregó que existen dudas acerca del hecho de que las
víctimas hayan recibido tiros de gracia, y "queremos constatar si
efectivamente ésto se produjo".

Añadió que se han practicado diligencias de investigaciones que han
permitido tener claridad en torno al caso y pronto se harán anuncios
importantes.

Puntualizó que esto cambiaría la investigación porque hasta ahora se ha
hablado de un enfrentamiento. Explicó que cuando se habla de un
enfrentamiento existe una proporcionalidad y aclaró que en el caso de la
masacre de Cantaura se trató de una emboscada, y que 471 funcionarios, con
un equipo técnico y de guerra, sorprendieron a unas 40 personas que se
encontraban allí.

Dijo que el hecho de que se tratara de un asentamiento guerrillero no
justificaba vulnerarles sus derechos." Aún cuando la persona sea
trasgresora de la ley, aún cuando la persona haya cometido un delito tiene
un procedimiento que debe ser respetado, el cual está establecido en las
leyes venezolanas", reiteró.

"La Constitución de la época establecía los derechos que tenían los
ciudadanos. En Venezuela nunca se ha consagrado la pena de muerte, y allí
se aplicó la pena de muerte, sin tener juicio", indicó la Fiscal General.
Asimismo, señaló que luego de los hechos se produjo el acoso a los
familiares de los fallecidos, quienes fueron perseguidos, detenidos,
torturados, sus residencias fueron allanadas, motivo por el cual tuvieron
que tomar medidas para enfrentar esa arremetida. "No sólo fueron
víctimas por el dolor y la tristeza que les producía la muerte de
familiares sino que fueron expuestos en virtud del trato que se les dio".
A tal efecto, el Ministerio Público investiga no sólo las muertes que se
produjeron, sino también los otros hechos ocurridos alrededor de esta
masacre.

Destacó que como parte de la investigación, entre otras diligencias, se
han librado 325 oficios dirigidos a organismos policiales, medios de
comunicación y otras instituciones.

También, refirió que serán los fiscales los encargados de informar sobre
las imputaciones que se realicen en relación con este caso.
Al ser consultada sobre la situación del comisario jubilado de la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, Henry López Sisco,
quien está acusado por los hechos ocurridos en Yumare en 1986, dijo que se
solicitó la extradición, en junio de este año, a la Sala Penal del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) y se está a la espera de un pronunciamiento al
respecto.

En caso de aprobarse, la solicitud debe remitirse a la Cancillería para
que, por vía diplomática, se pida la extradición. Recordó que en este
ámbito existe un convenio con Costa Rica, país en el cual se encontraría
López Sisco.

Aclaró que contra López Sisco se solicitó una orden de captura y una vez
acordada por el tribunal se solicita a Interpol que se incorpore la
solicitud al código rojo.

Especificó que los delitos por los cuales está señalado López Sisco no
prescriben, porque se trata de violaciones graves a los derechos humanos y
la Carta Magna aprobada en 1999 señala en su articulado que esos delitos
son imprescriptibles.

En cuanto a El Caracazo, ocurrido el 27 y 28 de marzo y los primeros días
de marzo de 1989, el Ministerio Público ha avanzado satisfactoriamente en
la investigación.

Explicó que los expertos trabajan en el espacio ubicado en Fuerte Tiuna,
dispuesto para llevar a cabo los trabajos posteriores a las exhumaciones
realizadas en el sector La Peste del Cementerio General del Sur.
Subrayó la Fiscal General que los expertos han avanzado bastante y está
a la espera del informe sobre los resultados de las labores efectuadas.

Acerca de la investigación sobre las denuncias de magnicidio contra el
Presidente de la República, Ortega Díaz informó que designó al fiscal José
Gregorio Morales para que investigue el caso en conjunto con el fiscal Zair
Mundaray.

Primer año de la Escuela Nacional de Fiscales

Ortega Díaz se refirió también a la Escuela Nacional de Fiscales del
Ministerio Público, con ocasión del primer aniversario de dicha instancia.
Señaló que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal
hubo debilidad en relación con la preparación de los fiscales y no se
diseñó una política de formación.

Dijo que el pasado 06 de octubre se cumplió un año de inaugurada la
Escuela y que el 14 de este mismo mes también se cumplió un año de haberse
iniciado el proceso de formación de los fiscales.

Agregó que el curso de formación de los fiscales no ha concluido debido a
que se detectaron debilidades que han sido enfrentadas, entre ellas el
tema de la imputación. En ese sentido, 1.687 fiscales, entre principales y
auxiliares, fueron formados en dicha materia.

Añadió que la Escuela es responsable de la formación jurídica de los
abogados y fiscales del Ministerio Público, por lo que paralelamente se
inició el curso de formación de la carrera fiscal y también el de la
formación jurídica.

La Fiscal puntualizó que la Escuela se ha convertido en un centro de
formación y preparación, no sólo de los funcionarios del Ministerio
Público, sino también para los de los organismos de la administración de
justicia.

Informó que han sido capacitados 3.935 funcionarios, 2.599 de los cuales
son del Ministerio Público y 1.336 son funcionarios policiales. Estos
últimos han recibido cursos sobre actas policiales.
Dijo que con la Escuela de Fiscales del Ministerio Público se ha logrado
mejorar la preparación de los fiscales.