Autores de "Graves violaciones de Derechos Humanos" no califican para indultos ni amnistías

ASOVIC reitera que se opone firmemente a solicitudes de indulto para condenados por los crímenes del 11 de Abril

Policias Metropolitanos, dirigidos por los Comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero (presos), disparando contra manifestantes bolivarianos durante el golpe del 11 de Abril de 2002.

Policias Metropolitanos, dirigidos por los Comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero (presos), disparando contra manifestantes bolivarianos durante el golpe del 11 de Abril de 2002.

Monumento a los caidos el 11 de Abril en Puente Llaguno y la Av. Baralt.

Monumento a los caidos el 11 de Abril en Puente Llaguno y la Av. Baralt.

Credito: Ciudad Caracas

Caracas, 30 de diciembre de 2012.- En vista de que en los últimos días, especialmente, a través de las redes en Internet, voceros de la oposición, que en su momento auparon y participaron del golpe del 11 de Abril de 2002, viene insistiendo en el reclamo de un indulto para los condenados por los crímenes cometidos en Puente Llaguno y durante los días 11, 12, 13 y 14 de abril, la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado, le solicita a Aporrea la reproducción de la noticia publicada en este Sitio Web de Comunicación Popular, titulada: "Asociación de Víctimas del Golpe del 11 A (ASOVIC) contra posible indulto para autores de masacre de Puente Llaguno".-

Exponen integrantes de ASOVIC que su preocupación ha crecido en el día de hoy ante el anuncio de medidas cautelares de tribunales, para banqueros acusados de corrupción, y ante la proliferación de mensajes de Twitter de personeros de la derecha, insistiendo en la liberación de Iván Simonovis, jefe de los comisarios y policias, que junto a él causaron casi una veintena de muertes o lesiones gravísimas a gente que defendía al gobierno constitucional del Presidente Chávez el día 11 de Abril de 2002.- ASOVIC insiste en que el citado personaje, así como otros comisarios y policias de la ex Policía Metropolitana de Caracas, que fueron juzgados por tales crímenes, fueron condenados con sentencia firme, siendo sus delitos calificados como "graves violaciones de los derechos humanos"; razón por la cual en sus casos no tiene cabida, constitucional ni legalmente, las figuras del indulto ni de la amnistía, medidas cautelares o cualquier otro tipo de beneficio. Estas argumentaciones fueron presentadas a través del comunicado publicado en Aporrea, que se reproduce a continuación, a solicitud de ASOVIC, con el objeto de que se tenga muy presente la opinión de las víctimas al respecto:

Caracas, 23 de diciembre de 2012.- Ante la discusión sobre la posibilidad de Amnistía o Indulto para los autores de la masacre de Puente Llaguno y de otros crímenes de lesa humanidad, la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11, 12, 13 y 14 de Abril de 2002, emitió un comunicado en el cual expresa su más contundente rechazo a la eventualidad de que este beneficio pueda ser concedido a los autores de los crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos por agentes de la ex Policía Metropolitana y varios de sus comisarios, juzgados y con sentencia firme por esa causa. Les indigna que representantes de la oposición pretendan hacer pasar por "presos políticos" a funcionarios de instituciones represivas que en su momento se encontraban controladas por los golpistas que intentaron derrocar al gobierno del presidente Hugo Chávez, liquidar la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y acabar con la revolución que nuestro pueblo salió a defender masivamente el 13 de abril del citado año. Algunos de los sentenciados a pena máxima por homicio intencional en grado de corresponsabilidad y grave violación de los derechos humanos, ya se encuentran fuera de la cárcel, recluidos en sus propios hogares, por haber alegado padecimeinto de enfermedades. Exponen los voceros, voceras y abogados de ASOVIC, que es una escandalosa e impúdica manipulación el hecho de que afectos a la oposición y nostálgicos del golpe del 11 A, presenten, en el país y en escenarios internacionales, la pantomima de que Iván Simonovis, máximo responsable de esos crímenes junto al prófugo ex alcalde Alfredo Peña de la Alcaldía Mayor, para ese entonces, es un "inocente" que se encuentra en la condición de un "preso político". Señalan que no permitirán que crímes terribles como los que cometieron y por los que fueron juzgados, terminen quedando en la impunidad después de la gran lucha que tuvieron que dar los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes. Esperan que el gobierno sea firme y sensato y que no se pisotee el sentimiento y el derecho de las viudas, huérfanos y huérfanas, y de las víctimas que han quedado lesionadas gravemente o con trastornos de salud de por vida o incapacitadas permanentemente; peroademás consideran que esto es vital para la defensa de la revolución por la cual ofrendaron sus vidas o arriesgaron su integridad.

Reproducimos a continuación el texto del comunicado:



La Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 A (ASOVIC)

Ante la discusión sobre la posibilidad de Amnistía o Indulto para los autores

de la masacre de Puente Llaguno y de otros crímenes de lesa humanidad



El Diálogo no puede ser al precio de la Impunidad

Los llamados a “dialogo” y a la “reconciliación” por parte de voceros de la oposición, se han exacerbado ahora, con ocasión del estado de salud del Presidente de la República. Insisten en la “absolución” o la “amnistía” de supuestos “presos políticos”, varios de los cuales fueron privados de libertad por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Representantes de la oposición han presentado la solicitud ante el gobierno nacional y ha habido conversaciones con ellos, pero las víctimas sobrevivientes, las viudas y viudos, los huérfanos y huérfanas, los heridos e incapacitados de por vida, como consecuencia de esos “episodios”, que motivaron el juzgamiento, las sentencias condenatorias, las ordenes de aprehensión… no han sido convocadas a consulta para el conocimiento de su parecer. Algunos de los victimarios pagan sus delitos en la cárcel; otros permanecen recluidos en sus domicilios, por razones de salud y otros autores de gravísimos delitos contra los derechos humanos, disfrutan, impunes, de exilios dorados, tras haberse dado a la fuga para eludir la justicia. En favor de estos aviesos personajes, abogan hoy los voceros de la derecha y sus aliados internacionales, invocando la Navidad o cualquier otro pretexto.

El terrorismo de Estado y las violaciones de derechos humanos no admiten “reconciliación”

Quienes utilizaron el terrorismo de Estado durante los años de la IV República y luego conmocionaron los cimientos democráticos del nuevo Estado Venezolano, con las asonadas del año 2002, pretenden, sin arrepentimiento, obtener el perdón de las terribles y monstruosas ofensas, cometidas contra los derechos humanos de una larga lista de venezolanos y venezolanas, víctimas de masacres, muertes selectivas y atentados. Quieren que se perdone a los asesinos de las víctimas del golpe del 11 de abril, a los asesinos de Danilo Anderson… pero ellos no le perdonan a Chávez y al pueblo venezolano su revolución; hecho por el cual intentaron imponer su sangrienta venganza, cuando desconocieron la Constitución y persiguieron al legítimo gobierno, así como al pueblo que salió a defenderlo. Por lo que consideramos oportuno hacer este manifiesto público a fin de que tanto las autoridades del estado venezolano, así como el pueblo en general conozca por qué en algunos casos de los llamados “emblemáticos” por la oposición no es constitucional ni legalmente procedente ni la amnistía ni el indulto.

Respeto por la Constitución y por las víctimas

La Constitución de la República Bolivariana del Venezuela (1999), recoge la experiencia histórica del pueblo venezolano y latinoamericano, que a lo largo de décadas abogó por el reconocimiento, el respeto y la protección a los derechos humanos, especialmente cuando en nuestro pasado reciente, durante las décadas de los 60, 70, 80 y 90, el movimiento estudiantil y en general, el movimiento popular y sectores revolucionarios, fueron víctimas de prácticas como la desaparición forzada, la tortura, los juicios sumarios por ante la jurisdicción militar, los asesinatos selectivos y las masacres, entre muchas otras practicas abominables y aborrecibles por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por ello, el constituyente, en el marco del proceso de refundación de la República, le otorgó preeminencia a la protección de estos derechos. Se penaliza severamente la comisión de estos gravísimos delitos, a través de las leyes penales respectivas, y se deja bien clara, en sintonía con la norma constitucional establecida en el artículo 29, la imposibilidad del otorgamiento de beneficios procesales y otros mecanismos tales como leyes de indulto y amnistía, que procuren la impunidad de los mismos. Igualmente, se nutre de la experiencia latinoamericana, donde las pretensiones de silencio y olvido han sido rechazadas, no solo por los ordenamientos jurídicos internos, sino también por los regionales de Protección de los Derechos Humanos, así como de los pueblos que han sido víctimas de tal flagelo, en cuya experiencia reciente ha proliferado la conformación de comisiones de la verdad para investigar graves violaciones a los derechos humanos encubiertas por regímenes militares o de corte civil, represivos, imperantes en décadas pasadas. Venezuela ha sido parte de esta iniciativa, con la promulgación de la “Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998”.



Casos en los cuales se encuentra negado constitucional y legalmente el otorgamiento de amnistía e indultos

En ese contexto, vale la pena enumerar algunos de los casos en los cuales se encuentra negado constitucional y legalmente el otorgamiento de amnistía e indultos, así como cualquier medida y o beneficio que conlleven a la impunidad burlando la ley.

Casos como la Masacre de Puente Llaguno, ocurrida el 11 de abril de 2002, previa planificación y concierto de la oposición, que buscaba deponer por la fuerza al gobierno constitucional, ocasionando cientos de heridos y varias decenas de muertos. También, recordamos el terrorífico asesinato del fiscal Danilo Anderson, que llevaba adelante investigaciones relacionadas con el golpe de Estado.

No olvidamos las masacres del Liceo Sanz, La Victoria, Cantaura, Yumare, El Amparo, El Caracazo; las desapariciones forzadas, como los casos de Alejandro Tejera Cuenca, Víctor Soto Rojas, varios miembros de la familia Petit, entre tantos otros, de los aproximadamente 3.000 crímenes que se han documentado en las investigaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el mal llamado “período democrático”.



La Constitución y la Jurisprudencia hacen imposible la pretensión de amnistía o indulto para los autores de la masacre de Puente Llaguno

El mencionado articulo 29 constitucional establece en forma inequívoca y categórica: “… las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

En el caso de la masacre de Puente LLaguno, y los delitos antes enumerados, a los cuales nos referimos a titulo enunciativo y no taxativo; la sentencia firme, mediante la cual se condenó a los responsables de los asesinatos acaecidos en el centro de Caracas, el 11 de abril de 2002, estableció un significativo precedente al incluir en su parte dispositiva que la actuación de los funcionarios de la Policía Metropolitana (quizás los más activos en la solicitud de amnistía e indulto) incurrieron en graves violaciones a los Derechos Humanos, y mucho tiempo antes ya habían sido calificados estos hechos como graves violaciones a los derechos humanos por la Sala Constitucional del TSJ mediante sentencia Nro. 05-1899 de fecha 13-04-2007, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, por lo que a todas luces, habiendo sido declarada tal circunstancia mediante sentencia definitivamente firme, hace imposible la pretensión de amnistía o indulto de los funcionarios hoy privados de libertad: En idéntica circunstancia se encontrarían los responsables de los crímenes contra los derechos humanos en la IV República. Ha sido gracias a la tenacidad, consecuencia y perseverancia de los familiares y amigos de las víctimas, que se promulgó la ley antes mencionada. Este instrumento legal quedaría como letra muerta de producirse una decisión que acordase la amnistía o el indulto de tales casos.

El ánimo que mueve a quienes suscribimos este texto no es la venganza ni la retaliación, sino las ansias de que en nuestra patria, enrumbada por un proceso de cambio no vuelva a atravesarse la impunidad en la consecución de la justicia, como uno de los factores que nuestro Libertador señaló cuando analizaba las causas de la pérdida de la Primera República: “a cada conspiración sucedía un perdón y a cada perdón sucedía otra conspiración”.

Inscribimos este manifiesto en el marco del proceso de unidad convocado por el Presidente Chávez, el cual indefectiblemente pasa por escuchar a todos los sectores del pueblo que puedan resultar afectados por medidas gubernamentales, máxime si estos sectores han regado con sangre el suelo venezolano en la defensa del proceso revolucionario.

ASOVIC

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