Maracaibo, 29 Jul. AVN.- A pesar de que en Venezuela la Resolución 439 del Ministerio del Poder Popular para la Salud restringe el uso de pruebas de detección de VIH y que el Estado reforzó esta medida prohibiendo el uso pruebas de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) en los chequeos pre-ocupacionales, ocupacionales y educacionales a los venezolanos, la ONG Aprovida denunció este lunes que cientos de personas han sido despedidas de empresas privadas en Maracaibo por portar el virus, afectando a las personas que portan el síndrome y a su círculo familiar.
Así lo informó Ower Alexander Oberto, director comunicacional de esta ONG, quien reiteró desde el Hospital Universitario de Maracaibo que muchas veces no se les pide la prueba de VIH directamente a la persona sino que se les practica de forma oculta en los laboratorios violando los derechos a la privacidad del trabajador. Posterior a ello, con los resultados, la persona no es contratada o pierde su empleo.
"A esta ONG nos han llegado muchísimas personas diciendo de estos despidos injustificados y, como defensor de derechos humanos en Venezuela sé que muchas empresas privadas no sólo se limitan a solicitar obligatoriamente información sobre padecimiento de VIH/SIDA, si no de otras enfermedades estableciendo en el contrato o reglamento que ocultar u omitir esta información es causal de despido", denunció.
Como representante de los pacientes afectados, Oberto exhortó a las empresas a no caer en prácticas discriminatorias. "Les recordamos a aquellos empresarios que, además de violar la ley venezolana, caen en la ignorancia. El VIH, y las enfermedades de transmisión sexual, son infecciones transmisibles de manera sexual, sólo sexual. Hay que evitar la expresión fóbica y discriminatoria a las personas que viven con VIH o Sida en nuestro país lo cual no puede ser tolerado y mucho menos en la actualidad cuando hay tanta información referente a las vías de transmisión del virus".
Resaltó que todas estas denuncias son confidenciales y fueron presentadas en la Defensoría del Pueblo, organismo que investigará los casos para verificar las sanciones aplicables para estos casos.
