10 de julio.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles que propuso ante la reunión de Consejo de Estado la reforma de la Ley Contra la Corrupción, a fin de incluir a particulares en dicha norma.

En el programa “Vladimir a la 1”, el cual se transmite por Globovisión, la Fiscal General reiteró que la mencionada ley necesita ajustarse a la realidad, “porque ahora resulta que nos encontramos con particulares incursos en este delito”.

A su juicio, la ley debería sancionar a aquellas personas que sirven de testaferro de algún funcionario, o han adquirido fortunas de manera súbita o dudosa.

Recordó que en la extinta Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público se establecía la prescripción del delito de corrupción, es decir, después de cinco años de haber incurrido en la irregularidad la persona era absuelta.

Por ello, precisó que uno de los grandes aciertos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue el abordaje del tema de la corrupción, así como la propia ley que rige la materia, estableciéndose que los delitos de ese tipo son de lesa patria y, por tanto, no prescriben.

En cuanto a la lucha contra este flagelo social, aseguró que el Ministerio Público no se detendrá ante quien cometa un delito, “no importa que sea un alto funcionario”.

Resaltó que por primera vez en la historia republicana del país, durante estos últimos 15 años, se han enjuiciado a militares de alto rango, ministros, gobernadores, diputados y alcaldes.

Respecto al tema de las empresas relacionadas con la adquisición fraudulenta de divisas, Ortega Díaz se refirió que actualmente el Ministerio Público tiene más de 2 mil investigaciones relacionadas con estas irregularidades y que existen 493 personas detenidas por corrupción.

Por otro lado, expresó que hubo una denuncia fundamentada en los señalamientos que realizó el exministro Jorge Giordani en su carta y que ante esta situación el Ministerio Público comisionó a la fiscal 21° nacional, Gineira Rodríguez, para que investigue.

Aclaró que el Ministerio Público viene realizando una investigación sobre las empresas fantasmas desde el año pasado y no por las denuncias que recientemente hizo el exministro.

Ante la pregunta sobre el estatus del caso del presunto plan magnicida, la máxima representante del Ministerio Público añadió que hasta ahora se procesan tres denuncias, una de ellas realizada por diputados la Asamblea Nacional, quienes en el escrito indicaron que hay personas que “han venido actuando con actitud hostil y beligerante contra el Gobierno legítimamente constituido”.

Protestas violentas

En el caso de la joven estudiante Geraldine Moreno, quien perdió la vida por unos perdigones en el rostro, Ortega Díaz afirmó que están privados de libertad como presuntos responsables, los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana, Francisco Barroso y Alvin Bonilla Rojas; además de una orden de aprehensión que ya fue acordada por un tribunal.

De igual forma, señaló “que la investigación del Ministerio Público por la muerte de la joven Moreno permitió depurar el caso e individualizar las responsabilidades de los funcionarios”.

A propósito de las manifestaciones violentas ocurridas en el país desde el 12 de febrero de este año, dejó claro que sólo hay cinco estudiantes privados de libertad.

Adicionalmente, manifestó que hay 1.909 investigaciones; 250 acusaciones que abarca un total de 753 personas; 109 sobreseimientos, lo que representa 228 personas sobreseídas; 361 actos conclusivos y sólo quedan privadas de libertad 129 personas.

En el caso del concesionario La Venezolana, indicó que el número de afectados asciende a más de 6 mil personas y que actualmente existen siete órdenes de aprehensión.

Para finalizar, Ortega Díaz añadió que por el caso de la “Odalisca con pantalón rojo”, el Ministerio Público tiene previsto citar a todas las personas que trabajaban en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas para la época en que fue hurtada la obra.

Manifestó que las citaciones no deben ser tomadas como una persecución política.