16-07-14.-La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ordenó a la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Barté, enviar un fiscal que constate el presunto aislamiento del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, en la cárcel de Ramo Verde, a propósito de las denuncias realizadas por la familia del exalcalde de Chacao sobre la prohibición de las visitas familiares.
“En el Ministerio Público velamos también porque se cumpla el debido proceso”, señaló este miércoles en declaraciones transmitidas por Globovisión.
Con respecto a la exministra de Salud, Eugenia Sader, sobre quien pesa denuncias sobre presunta irregularidades durante su gestión, la Fiscal expresó que esta está siendo investigada en libertad a diferencia de otro casos, esto debido a que “cada investigación tiene una particularidad”.
“No pudes hacer comparación de un hecho con el otro a pesar que sea el mismo delito, cada investigación, tiene su conducta y circunstancia tiene su característica particular, no se pueden hacer comparaciones generales, no sabemos que circunstancias rodearon el hecho que determinan la investigación”.
Ortega Díaz, ratificó este miércoles que el Estado venezolano garantiza los derechos humanos de todos los ciudadanos, a propósito de una inspección técnica que efectuó al Cuartel San Carlos, en Caracas, como titular de la Comisión de la Verdad que investiga los crímenes políticos durante el período 1958-1998.
"Nosotros, desde el Ministerio Público, estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, no solamente durante esa época sino también hacia el futuro. Es decir, el Estado venezolano, a través del Ministerio Público, va a seguir en la luchar por hacer que se respeten los derechos humanos", insistió durante una transmisión de Globovisión.
Recalcó que ante la violación, por alguna razón, de los derechos humanos de cualquier ciudadano venezolano, el Ministerio Público hará la investigación que corresponda, "determinaremos las responsabilidades de quienes aparezcan señalados y pediremos las sanciones para los responsables".
"Esa es la actuación de un Estado garantista de los derechos humanos, de un Estado comprometido con su población, con la paz y la tranquilidad", añadió.
