Espera que sobrevivientes ratifiquen esta solicitud

Abogado Ignacio Ramírez propone reapertura de investigación sobre masacre de El Amparo

Ignacio Ramírez

Ignacio Ramírez

Credito: Correo del Orinoco

24-11-14.-El 29 de octubre de 1988, en la población de El Amparo, en una zona conocida como Caño Las Coloradas, en el estado Apure, fueron asesinados 14 hombres, pescadores y campesinos, luego de ser emboscados por funcionarios policiales y militares, integrantes del Comando Específico José Antonio Páez, creado por el presidente de la época, Jaime Lusinchi.

Ese día 16 pescadores y campesinos fueron a trabajar al río en una embarcación o bongo y al regresar de la faena fueron interceptados a balazos; de los 16 solo dos sobrevivieron y viven todavía: Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias. Todos fueron acusados de guerrilleros.

“Eran aproximadamente las 11:30 del mediodía cuando fueron emboscados; el procedimiento que se usó fue una emboscada simplemente”, recordó al Correo del Orinoco el abogado Ignacio Ramírez, presidente de la Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela (Fenaddeh), asesor de la Comisión por la Justicia y la Verdad y secretario general de la Asociación Americana de Juristas.

Como defensor de los derechos humanos desde el año 1975, Ramírez consideró que es fundamental que la investigación de este caso sea reactivada, a fin de garantizar justicia para los familiares de las víctimas y para los dos sobrevivientes.

“Yo me propongo, en nombre de la Comisión por la Justicia y la Verdad, presentar para la próxima plenaria una solicitud formal a la Fiscal General (Luisa Ortega Díaz) para entrevistarnos con los sobrevivientes con miras a que ellos ratifiquen su solicitud de reapertura de esa investigación penal” porque estos delitos no prescriben y además “deben ser investigados”. Al día de hoy, manifestó, no hay nadie preso por estos hechos.
LOS HECHOS

El Cejap “fue creado bajo el subterfugio o el pretexto de combatir el crimen que se cometía contra hacendados y pobladores venezolanos que tenían propiedades en poblaciones fronterizas con Colombia”, comentó Ramírez.

Otra presunta razón para crear el comando específico era la presencia de grupos guerrilleros colombianos en la frontera colombo-venezolana.

Ramírez reiteró que este cuerpo “armado”, integrado por personal civil y militar de seguridad, realizaba permanentemente patrullas y programas de supervisión en zonas en donde se suponía o se sospechaban que estaban operando estos frentes guerrilleros.

Ese comando específico lo dirigió el general del Ejército Humberto Camejo Arias y el segundo a su mando era el coronel del Ejército Enrique José Vivas Quintero; por la Disip el responsable era el jefe nacional de Operaciones, Henry López Sisco, actualmente prófugo de la justicia venezolana.

“Estos tres funcionarios tenían el control de las operaciones de ese cuerpo y llama la atención que la propia creación inexplicablemente permitida y validada por el propio Presidente de la República se hizo en contradicción de la legislación que imperaba en el momento”, resaltó.

Ese tipo de comandos específicos o unificados solamente podían ser creados bajo situaciones de emergencia, calamidad pública, hecatombes, terremotos, estados de emergencia, de acuerdo con

la Ley Orgánica de la Fuerza Armada que regía en esa oportunidad; “inexplicablemente, a pesar de que no había una situación de emergencia y no se había declarado un estado de alarma por lo menos fronterizo, se crea ese comando unificado”. En su opinión, se convirtió en “un grupo de exterminio”.

“En esa oportunidad ellos comienzan desde el mismo noviembre a hacer operaciones de resguardo, operaciones de patrullaje, operaciones de control fronterizo sin ningún resultado, hasta que ocurre, en enero del 88, una supuesta incursión o enfrentamiento en la llamada Isla del Charo, donde pierden la vida 10 personas; por supuesto 10 personas que fueron acusadas de guerrilleros”, destacó.

SIN INVESTIGACIÓN SERIA

Sobre el caso de El Amparo no hubo una investigación seria. “No intervinieron los Tribunales Penales Ordinarios, siempre fueron los Tribunales Penales de Justicia Militar los que intervinieron”.

Ramírez insistió en que no solo fue una emboscada sino “una operación preparada por uno de los funcionarios de la Disip que era amigo, por cierto, de José Indalecio Guerrero”, el dueño de la embarcación.

Ese inspector jefe de la Disip le pidió a Guerrero que le organizara una pesca importante de Coporo “porque él iba a venir a la ciudad de Caracas y quería llevarle a sus familiares y a sus amigos ese pescado y lo contrató para que le hiciera esa pesca”.

Se trató, a juicio de Ramírez, de una acción plenamente planificada. “Por esa razón José Indalecio recluta a todos esos vecinos; la mayoría de ellos eran pescadores y algunos campesinos de la zona, todos venezolanos, a excepción de uno de ellos”, dijo.
SIN ARMAS

-¿Las personas asesinadas eran dirigentes políticos?

-Ninguno de ellos; incluso la lancha, propiedad de Indalecio Guerrero, tenía el emblema de la consigna que en ese momento utilizaban los promotores de la candidatura de Carlos Andrés Pérez, precisamente para promoverlo como candidato a presidente de la República.

Comentó Ramírez que habría testimonios de altos dirigentes de Acción Democrática según los cuales admiten que las víctimas eran humildes pobladores de la zona y no guerrilleros colombianos.

-¿Alguno de los pescadores o campesinos portaba arma de fuego?

-Ninguno estaba armado, no consiguieron armamentos. Por supuesto ellos (los funcionarios policiales) les colocaron armamento. Por cierto que el armamento que colocaron no se tomaron la molestia de dispararlo.

La investigación, sostiene Ramírez, ya estaba programada “y la inició un mayor asimilado del Ejército que era el juez de Primera Instancia en lo Penal Militar de San Cristóbal, Ricardo José Pérez Gutiérrez”. En menos de 15 días decretó contra los sobrevivientes el delito de rebelión militar “y justificó la muerte de los compañeros de los sobrevivientes bajo el argumento de que eran guerrilleros y de que se trataba de un grupo de bandoleros que tenía azotada a la región y por supuesto a los hacendados del sitio”.

“LA GENTE TIENE DERECHO A
CONOCER LA VERDAD”

Ningún país del mundo puede vivir bajo el engaño, “bajo las circunstancias de que hechos tan graves como los que ocurrieron en El Amparo, donde fueron víctimas esos 14 pescadores, queden impune”, aseguró el presidente de la Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela, el abogado Ignacio Ramírez.

-¿Por qué es importante la reapertura de la investigación?

-Es importante la reapertura de la investigación básicamente porque en un país como el nuestro, en cualquier sociedad del mundo, no se puede vivir bajo el engaño; la gente tiene derecho a conocer la verdad, pero la gente también tiene derecho a que se haga justicia.

Para Ramírez, la verdadera razón de ser de una Comisión para la Justicia y la Verdad es lograr que nunca más se repitan crímenes como la masacre de El Amparo: “Nunca más puede este territorio ser escenario de ese tipo de crímenes bestiales, crueles, que dejaron y llenaron de luto a muchas familias venezolanas en este país; hacia allá apunta el objetivo de esta comisión contra el olvido”.

-¿Hay personas privadas de libertad por este crimen?

-Nadie está preso por eso, tengo entendido que en 2008, después de ir y venir de tribunales de distintos grados o instancias en los Tribunales Militares, simplemente se interpuso un Recurso de Casación en Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Por este caso está solicitado, entre otras personas, el director de la Disip de ese entonces, Henry López Sisco, quien no se ha puesto a derecho con la justicia venezolana y recibió asilo político en Costa Rica, comentó Ramírez.


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