24 julio 2015 - Venezuela, sin duda, pasó el cuarto exámen periódico universal de Derechos Humanos, de acuerdo con las observaciones finales del Comité de DDHH de la ONU que fueron divulgadas ayer.
Y aunque no se ofrece la nota ni la escala de evaluación, el documento del organismo indica claramente que la nación superó con una buena calificación la prueba.
Mientras que las ONG de derechos humanos apostaban a que al país lo iban a "raspar", lo que ocurrió fue que las políticas de Estado para garantizar y ampliar la inclusión, fueron expresamente calificadas como positivas.
Las primeras páginas de las "observaciones" muestran los aspectos positivos de la gestión y las medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado, como:
a) Adopción de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, en diciembre de 2005, y creación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en diciembre de 2006;
b) Adopción de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en marzo de 2007, y su reforma parcial, en noviembre de 2014, que incorpora el delito de femicido;
c) Creación del Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, en marzo de 2009.
Asimismo la adopción de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, en agosto de 2011, y de dos instrumentos jurídicos para garantizar la protección de los derechos humanos y sancionar su violación:
- La Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, en noviembre de 2011, y
- Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en junio de 2013, promulgada por el actual mandatario, Nicolás Maduro.
En atención a lo dispuesto en la norma se aprobó el Plan Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en octubre de 2013.
Además la Comisión destacó favorablemente la ratificación de los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el 8 de mayo de 2002, y a la participación de niños en los conflictos armados, el 23 de septiembre de 2003; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el 13 de mayo de 2002, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, el 24 de septiembre de 2013.
Manifestaciones y detenciones
Probablemente los puntos más adversos al Estado son el control de manifestaciones y las condiciones de detención de ciudadanos procesados judicialmente.
Sobre el primer aspecto se expresa la preocupación por los informes de violaciones a los derechos en el contexto de las manifestaciones, pero también toma en cuenta la información de que algunos manifestantes hicieron uso de la fuerza.
Mientras que las recomendaciones para prevenir el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, reconoce y valora las actuaciones del Estado en esa dirección.
En cuanto al segundo aspecto se concentra en la necesidad de mejorar las condiciones de vida en todos los centros de detención y en especial en instalaciones policiales, donde no hay condiciones para la permanencia prolongada de personas.
Al mismo tiempo reconoce la información del Estado sobre la reducción de los hechos de violencia en los lugares de reclusión.
Con respecto al derecho a la vida el comité tomó nota de las aciones para prevenir el delito y su recomendación es redoblar los esfuerzos que ya se vienen haciendo, incluida la intensificación del plan de desarme de la población.
En relación a la igualdad de genero y la violencia contra la mujer, el comité valora sin mezquindad los logros del país en esas áreas.
Sobre el primero expresa satisfacción por la desaplicación, desde el TSJ, de disposiciones legales que son discriminatorias. Pero llama la atención sobre la necesidad de derogarlas de la normativa.
Y sobre la violencia contra la mujer pide redoblar los esfuerzos sancionatorios y ampliar la red de casas de abrigo a todo el país.
La observación sobre actos de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género, reconoce la actuación de la Defensoría del Pueblo y pide (otra vez) intensificar los esfuerzos para proteger a este sector de la sociedad.
Despenalizar el aborto
Si bien el comité está satisfecho con la afirmación del Estado de que las disposiciones penales relativas al aborto no se aplican en la práctica, en las observaciones expresa su preocupación porque el Código Penal aún criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo.
En tal sentido recomienda que Venezuela enmiende su legislación con el fin de establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto no terapéutico y velar por que las mujeres no recurran a abortos clandestinos en condiciones inadecuadas que puedan poner en peligro su vida y su salud.
Con libertad de expresión
El comité no identificó situaciones concretas de restricciones a la libertad de expresión. Al igual que en los otros puntos reconoce la vasta información sobre el tema que le suministró el Estado.
Su preocupación es con respecto a disposiciones y prácticas que, hipotéticamente, pudieran desalentar la libre expresión. Esas serían las normas que sancionan la difamación y el irrespetó a las autoridades, y por otra parte el extendido monitoreo del contenido difundido por los medios de comunicación realizado por Conatel.
También cuestiona las supuestas dificultades de acceso a la información de interés público.
Afiuni y Con el Mazo Dando
El comité solicitó al Estado que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible en el marco de un juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención.
Esto fue planteado en el contexto del item denominado Independencia del Poder Judicial.
Y por otro lado el comité destacó que se realizaron declaraciones descalificatorias contra personas que contribuyeron con la elaboración del informe que presentaron las llamadas orgabizaciones de la sociedad civil.
Las objeciones están dirigidas específicame al programa "Con el mazo dando", que conduce el presidente del parlamento, diputado Diosdado Cabello. En tal sentido hizo un llamado al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que han contribuido a la labor del Comité y a cesar todo tipo de declaración descalificatoria en su contra por parte de agentes estatales. Asimismo, le solicita que informe sobre las medidas adoptadas a este respecto.