26 de Agosto.- Un total de 11 farmacias han sido cerradas este miércoles en la zona fronteriza de San Antonio del Táchira, luego de ser inspeccionadas por el Gobierno Bolivariano. Las mismas presentaban irregularidades como: venta de fármacos vencidos, especulación, acaparamiento inventarios incorrectos y sobreprecios en los productos, entre otros.
En las actividades que se realizan en los municipios de la frontera colombo-venezolana por instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, El Ministro del Poder Popular para la Salud, Henry Ventura, precisó que la intención es erradicar el contrabando de medicinas y la especulación en los fármacos.
“No debe haber sobreprecios, ni acaparamiento en ninguna de las 404 farmacias del estado Táchira, no más bachaqueo”, expresó el titular de las Salud.
Mencionó que Táchira consume 3 millones 800 mil medicamentos al mes en una población que cuenta con 1 millón 400 mil habitantes.
Estos operativos se continúan efectuando durante el estado de excepción que se mantiene en el estado Táchira para garantizar el acceso a los medicamentos a los venezolanos y para que no sean destinados al contrabando en territorio colombiano.
Gobierno desplegado
El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza; también presente en el despliegue del Gobierno Bolivariano en la zona; destacó que el Ministerio de Salud, inspecciona el Hospital de San Antonio del Táchira, garantizándoles a los colombianos que no pueden costear sus tratamientos en el hermano país, la atención que le ofrece la tierra venezolana.
Asimismo aseguró que los pacientes renales que provienen de Colombia continúan siendo atendidos en Venezuela, “el cierre no los ha afectado”, Recordó que en el país habitan 5,6 millones de colombianos, que disfrutan de las políticas sociales como la salud garantizadas por el Estado Bolivariano.
Operativos de salud gratuita se estarán realizando en la zona fronteriza con la finalidad de atender tanto a venezolanos como colombianos que requieran, añadió.
Finalmente mencionó que la decisión tomada por el Ejecutivo Nacional, restituye los derechos a las y los venezolanos y colombianos que estén en situación legal y vivan en estos municipios. Ratificó el compromiso del Gobierno venezolano de trabajar en la construcción de una nueva política fronteriza "que sea justa, que sea sana, que sea equilibrada, productiva y que sea legal".
