Decomisados uniformes escolares que eran vendidos con sobreprecios en Portuguesa

Niños con uniformes

Niños con uniformes

Credito: Archivo

01 Octubre.- Un total de 61.000 piezas entre uniformes escolares, ropa infantil y de dama así como artículos para bebés, fueron decomisadas este miércoles por la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), que estaban siendo vendidas a precios especulativos en tres tiendas de la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa.

El superintendente de Precios Justos, César Ferrer, detalló que de la totalidad hallada durante la fiscalización realizada a tres tiendas pertenecientes a un mismo dueño, 31.000 piezas corresponden a uniformes escolares.

"Hemos hecho un importantísimo hallazgo de toda una infraestructura para estafar al pueblo de Portuguesa", dijo en transmisión de Venezolana de Televisión.

Ferrer explicó que el dueño de estos establecimientos comerciales falsificaban las facturas con supuestos proveedores. "Estas facturas eran realizadas aquí mismo (tienda) y selladas como si fueran proveedores de otras partes para inflar los precios al pueblo venezolano".

Comentó que ninguno de los artículos que eran vendidos en estas tiendas poseían factura legal, por lo que presumen que la procedencia de la ropa sea a través del contrabando.

Durante la fiscalización, también encontraron paredes falsas tapando depósitos así como remarcaje de precios. "Esto es una infraestructura donde había acaparamiento, especulación, boicot y contrabando de extracción", añadió.

Es por ello, que la Sundde decomisó la mercancía de las tres tiendas y ordenó la ocupación temporal del establecimiento. El caso fue remitido al Ministerio Público para que tome las acciones legales correspondientes y se emitió orden de captura a los dueños de los establecimientos comerciales.

Hasta la fecha, la Sundde ha realizado 2.190 fiscalizaciones a establecimientos comerciales, de ese total en 1.005 tiendas se encontraron irregularidades, y se han decomisado y puesto a la orden del pueblo 762.575 artículos escolares.

El plan de fiscalización se extenderá hasta más allá del inicio de clases para garantizar que padres y representantes puedan acceder a los útiles y uniformes escolares a precios justos.

 



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