La doctrina puntofijista de la desaparición forzada en Venezuela

Se cumplió un año más del asesinato de Víctor Soto Rojas

Víctor Soto Rojas

Víctor Soto Rojas

30 de julio de 2016.- Las décadas de los años 60, 70 y 80 estuvieron signadas por la desidia, la desesperación, el maltrato y la violencia política propia de un período donde la represión Puntofijista cobró centenares de vidas. Sangre de venezolanos fue derramada por la doctrina terrorista del Estado ensañado contra el pueblo insurgente que luchaba en contra de las políticas neoliberales rentistas, las injusticias sociales y económicas.


Muchas fueron las víctimas de violación de derechos humanos por razones políticas durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei, como fue el caso del Sociólogo graduado en la UCV en 1963, Víctor Ramón Soto Rojas, torturado y asesinado un 29 de julio de 1964.

Este luchador popular centró sus esfuerzos en combatir con sus ideales bolivarianos la dictadura perejimenista. Desde las filas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria batalló por la liberación nacional bajo una consigna socialista, que perseguía un futuro de igualdad social y redención popular. Formó parte del Frente Guerrillero Ezequiel Zamora con operaciones en la serranía de El Bachiller, situada entre los estados Miranda y Guárico.

La línea de gobierno de Raúl Leoni consistía en acabar con los combatientes opuestos a sus estrategias de Estado a través de la fuerza militar, por lo que aprobó el despliegue de la Operación Bach 64 y la orden de exterminar a los insurgentes a toda costa contraviniendo lo instituido en la Constitución de 1961.

Contrainsurgencia exterminadora

A principios del mes de julio de 1964 se puso en marcha una poderosa ofensiva militar para exterminar los focos "guerrilleros" en la zona montañosa de El Bachiller. Consistió en el traslado de agentes de seguridad entre Cúpira y El Guapo para acabar con cualquier foco de disidencia a través de acciones militares violentas.

El Teniente Coronel Héctor Vargas Molina al mando de la Operación Bach 1964 en Miranda , Guárico y Anzoátegui seguía las órdenes del General Ramón Florencio Gómez, Ministro de la Defensa del Gobierno de Raúl Leoni, se encargaron de poner en marcha las repetidas movilizaciones militares donde no solamente perecieron combatientes sino que también civiles.

Entre los caídos se encontraba Soto Rojas, hermano del ex presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. El 29 de julio del 64 fue detenido junto a su compañero Trino Barrios en Altagracia de Orituco. Ambos fueron torturados en la Digepol y luego trasladados al lugar donde darían su último respiro. A Trino Barrios lo llevan a un paraje conocido como los Colorados cerca de Altagracia de Orituco, donde lo torturan y finalmente lo asesinan de un tiro en el rostro. Años después sus familiares luego de una búsqueda incesante y los testimonios de familias campesinas de la zona, logran conseguir sus restos, que fueron lanzados a un zanjón de la mencionada hacienda, sin que hasta ahora se haya hecho justicia sobre este monstruoso asesinato.

La última foto

De los registros que hoy la Comisión por la Justicia y la Verdad ha encontrado se encuentra una foto de registro de la entonces siniestra DIGEPOL donde se observa el rostro de Soto Rojas, golpeado en la frente y la barbilla pocas horas antes de su posible asesinato, fue la última foto conocida hasta ahora que da cuenta del tormento físico al cual fue sometido.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por la madre de Soto Rojas en el año 2003 al diario Ciudad Caracas, su hijo fue golpeado y lanzado desde un helicóptero según la versión que un militar le dijo eso para que no continuara buscándolo.

Sin embargo, de acuerdo a los hallazgos documentales de las investigación realizada por la Comisión por la Justicia y la Verdad, nuevos indicios apuntan a reconsiderar lo que los testimonios de familiares indican, por lo que se abren nuevas rutas en la investigación judicial sobre la desaparición de Soto Rojas.

Junto a Víctor Soto Rojas desaparecen también al dirigente campesino barloventeño Heriberto Cartagena y quien aparentemente corre la misma suerte de Soto Rojas. Hoy todavía sus cuerpos no han sido encontrados, pero sus familiares exigen justicia como hace más de medio siglo en tanto que los tres casos tiene la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Han transcurrido 52 años de su desaparición forzada que comenzó su camino al esclarecimiento el año 2011, cuando gestiones de la Comisión por la Justicia y la Verdad en conjunto con el Ministerio Público dieron frutos con el adelanto del proceso judicial que permitió imputar al responsable de este cruel asesinato.

Se hace justicia

El 22 de septiembre de 2011, el Ministerio Público interpuso un recurso extraordinario de revisión constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia por considerar que fue un error el cese de las averiguaciones en torno al caso de desaparición forzada de Víctor Soto Rojas, ya que se trata de un delito de lesa humanidad que no prescribe.

Dos meses después el TSJ declaró procedente el recurso de interpretación y admitió la solicitud del Ministerio Público de anular las actuaciones procesales subsiguientes y ordenó la remisión de los expedientes.

El Ministerio Público imputó el pasado 4 de noviembre de 2013 al General de División del Ejército, Simón Luis Virgilio Tagliaferro de Lima de 76 años de edad por su presunta vinculación con la desaparición forzada de Víctor Soto Rojas.

Fiscales del área metropolitana de Caracas procesaron judicialmente al general retirado bajo los cargos de desaparición forzada, quebrantamiento de principios y pactos internacionales suscritos por el Estado venezolano.

Con esta imputación, el Ministerio Público garantiza el cumplimento de los artículos 9 y 10 de la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el período 1958-1998, referidos al derecho del pueblo a conocer la verdad sobre las causas de la violencia a través de visibilización del terrorismo de Estado que imperó durante el Puntofijismo, y al derecho de los venezolanos a la justicia "que conduzca a la identificación y sanción de las personas que, investidas de autoridad pública, cometieron violaciones de derechos humanos".



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