El diario digital Reporte Confidencial, reporta que entre la noche de este sábado y la madrugada de hoy domingo 11 de septiembre, su Director, Braulio Jatar, fue trasladado de la sede del Sebín en la isla de Margarita sin destino conocido, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.
Indica la fuente que sus familiares supieron del sigiloso traslado en horas de esta mañana cuando acudieron a llevarle el desayuno, y exigieron ver la orden judicial del procedimiento, pero le fue negada así como cualquier otro detalle. Según las leyes penales venezolanas los traslados de personas privadas de libertad deben ser notificados a sus familiares y adobados defensores, así como a los fiscales del Ministerio Público, quienes deben velar por el cumplimiento del debido proceso y del derecho a la defensa.
Señala la nota del citado periódico que este nuevo hecho, así como la forma como se practicó la detención, configuran una situación que califican de “irregular”, “ya que de acuerdo al orden jurídico correspondiente en el procedimiento que se sigue, solo la juez que llevó a cabo la Audiencia Preliminar, Dra. Jaihaly Morales, Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, podría haber ordenado su traslado, y en ese caso se desconoce la razón que habría para ello si en la presentación del lunes 5 de septiembre el lugar de reclusión acordado fue la sede del Sebín en Porlamar”.
La esposa de Braulio Jatar, Silvia Martínez, denunció la violación de los derechos de su cónyugue y los derechos de sus familiares a ser mantenidos debidamente informados sobre el caso por las autoridades. Insisten en que Jatar fue “secuestrado por los cuerpos de seguridad” porque “no ha podido reunirse con sus abogados” y solo la esposa ha podido entrar al recinto de detención, bajo un régimen de visitas. Además, advierte que “su salud se está deteriorando”, y aunque tenía, según ella, una cita con su cardiólogo para este próximo martes, “si lo sacaron de la isla ya ni siquiera eso se podrá hacer”. Por tales razones exigen un pronunciamiento formal e inmediato de las autoridades sobre el destino del abogado y editor Braulio Jatar.
Existe preocupación entre personas vinculadas a medios de comunicación, independientemente de su inclinación política, por el hecho de que la detención de Braulio Jatar se produjese luego de la publicación por el digital que dirige, Reporte Confidencial, de videos sobre el “cacerolazo” realizado por pobladores del barrio margariteño de Villa Rosa al presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando cumplía actividades de su agenda presidencial en ese lugar. Jatar fue detenido justo al día siguiente y acusado de legitimar varias decenas de miles dolares. Posteriormente los órganos policiales dijeron que esos dólares eran para financiar “actividades terroristas”.
Tal acusación para algunos es un “chiste cruel”, en un país donde muchos de los que ostentan cargos públicos andan en camionetas de decenas de miles dólares, o tienen posesiones de dudosa procedencia, pese a percibir sueldos formales de sólo algunas decenas de dólares mensuales.
Aunque sucedió en días de preparación de la cumbre del Movimiento de No Alineados (NOAL) que congregará a presidentes y dirigentes de numerosos países en Nueva Esparta (Venezuela), que ha suscitado rigurosas medidas de seguridad; también llama la atención la coincidencia de la detención de Jatar con la cobertura de un hecho de protesta social, ocurrido en un barrio tradicionalmente chavista. A ésta le siguió la imputación del presunto delito de “legitimación de capitales”, en un país donde gran parte de las operaciones comerciales se hacen en dólares y han sido denunciados tanto un descomunal desfalco de la renta nacional, como una portentosa fuga de divisas, sin que eso condujese al gobierno ni a los poderes públicos a realizar ninguna investigación consecuente al respecto.
Todo ello genera inquietudes sobre las verdaderas motivaciones de la detención practicada, más allá de las justificables razones de seguridad y el temor de que eso pueda implicar un deterioro de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas, así como del derecho a la información. Por tal razón, en torno a este caso hay la expectativa de que se maneje con la mayor claridad y apego al ordenamiento legal y al respeto de los derechos civiles.