8 de diciembre de 2016.-
El día seis de diciembre de 2016, dieciocho años después de la histórica primera elección de Hugo Chávez como Presidente de Venezuela, fueron detenidos los compañeros Roberto Garay Carrillo, CI: 28642610, Nelson Ismael Leal Pabón, CI: 15209849, y otros dos ciudadanos por una comisión del CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) de la GNB.
Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada, entre las 04:45 y las 05:00 en su casa, ubicada en el sector de La Isla de Betancur, parroquia Dr. Alberto Adriani, municipio Fernández Feo, estado Táchira a donde llegó un grupo de uniformados encapuchados, los cuales en ningún momento se identificaron ni presentaron orden alguna de autoridad judicial. Luego de haber destruido la puerta de entrada a la casa, allanado el inmueble y golpeado al ciudadano de 67 años de edad y a su esposa de 63, a este lo redujeron y sacaron esposado, semidesnudo y descalzo. Los presuntos funcionarios, después de haber reducido a los dos ancianos, procedieron a destruir parte del mobiliario y en hechos confusos hubo por lo menos un disparo de arma larga en el interior de la casa.
Familiares y compañeros de Garay se presentaron al comando de la GNB de La Morita a poner la respectiva denuncia, y allí les dijeron que el operativo había sido realizado por una comisión del CONAS.
Por otro lado, fue detenido el compañero Nelson Ismael Leal Pabón, CI: 15209849, junto a otros dos ciudadanos, habitantes del sector y que nada tienen que ver con el Colectivo Javier Guerrero, quienes se desplazaban por el sector alrededor de las 05:00 horas. El compañero Nelson estaba prestando la guardia que permanentemente tienen los campesinos en un terreno de 100 hectáreas cultivadas, pues el señor Alberto Laporta, apoyado por sectores armados ligados a los terratenientes, transportistas y grandes comerciantes del municipio ha amenazado con destruir los cultivos echándoles ganado, como ya ocurrió en el mes de enero del presente año.
Estos hechos no son aislados. El colectivo Javier Guerrero empezó acciones legales desde el 30 de abril de 2012 en un proceso de reclamación de terrenos improductivos en favor de por lo menos 70 familias de campesinos sin tierra. Ante el silencio cómplice, de las autoridades competentes y la sospecha de corrupción de algunos funcionarios que conocían del caso, los campesinos tomaron la decisión de ocupar el terreno y sembrar comida. En el mes de diciembre de 2015 un grupo armado llegó al improvisado campamento ubicado en el terreno ocupado y pistola en mano desalojó a los campesinos. Luego de esto, los terratenientes del sector llevaron por lo menos cien mautes y los soltaron en los cultivos de plátano, maíz, yuca, ahuyama, caraota y otras variedades de frijol que habían sido plantadas. A mediados del presente año fueron detenidos el compañero Roberto y su hijo por una comisión del CICPC por una supuesta denuncia del señor Alberto Laporta, quien los acusaba por la muerte de unas cabezas de ganado en un terreno de 10 hectáreas que tiene sembrada la familia Garay hace más de 8 años. Aproximadamente un mes después, unos supuestos funcionarios llegaron con una "orden de desalojo y destrucción" y con un tractor destruyeron un rancho usado para guardar herramientas de trabajo y por lo menos mil matas de plátano en ese terreno.
El 26 de septiembre del presente año, gracias a una resolución avalada por el INTI, el MAT y la Gran Misión Abastecimiento Soberano, al colectivo Javier Guerrero le fueron otorgadas 100 hectáreas de la hacienda Matemango. Este hecho desató la ira del señor Laporta y sus asociados, quienes han mantenido una permanente persecución y amenazas contra los principales dirigentes del movimiento campesino.
Alrededor del mediodía de este 6 de diciembre por fin permitieron hacer una llamada al compañero Roberto Garay, quien informó sobre la detención de los otros tres ciudadanos y denunció la siembra de pruebas por parte de los funcionarios. Según Garay, después de estar detenidos los cuatro, fueron fotografiados cerca de una mesa en la cual exhibían armamento. Es preocupante ver que aún se mantienen las prácticas propias de la Cuarta República en algunas de nuestras instituciones para reprimir y criminalizar la justa e histórica lucha del campesinado por la tierra y contra el latifundio. Las pruebas sembradas a los referidos ciudadanos, pretenden soportar un amañado montaje judicial acusándolos de ser parte de un grupo paramilitar.
Los compañeros Roberto y Nelson son unos destacados dirigentes revolucionarios, militantes del PSUV, y de intachable conducta política y personal. Denunciamos públicamente estos hechos, que pretenden enlodar con falsas acusaciones la lucha de los campesinos. Se espera que el día siete de diciembre estos campesinos sean presentados como paramilitares y extorsionistas que tenían azotados a los buenos ciudadanos del sector.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=273782306357932&id=235164880219675