Caracas, 20 de julio de 2007 / Este viernes la fiscalía acusó formalmente a Mónica Fernández Sánchez, ex jueza 39 de Control del área metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y abuso de autoridad contra el ex ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, durante el golpe de estado de abril del 2002.
En el escrito de 47 folios útiles presentado por la fiscal 6º Nacional, María Alejandra Pérez, fueron incluidos los elementos probatorios que deberán ser admitidos por esa instancia judicial, para probar los hechos cometidos por la acusada.
Los cargos están establecidos en los artículos 175 y 176 del Código Penal (CP). En el mismo escrito, la fiscal 6º solicitó medida cautelar sustitutiva de libertad de acuerdo a lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Cabe recordar que el caso por el cual se acusa a la que para entonces fuera titular del Tribunal 39, está relacionada con la audiencia de presentación realizada el 13 de abril de 2002, acto durante el cual Fernández Sánchez dictó medida privativa de libertad contra el ex ministro, por la presunta comisión de los delito de tenencia ilícita de arma de guerra y apropiación indebida calificada, por poseer un chaleco antibalas y una camioneta perteneciente al MIJ.
El 02 de diciembre de 2004, el Ministerio Público imputó a la ex jueza Fernández por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y violación de domicilio, en perjuicio del ex ministro de Interior y Justicia en virtud del allanamiento de su residencia.
Por esta investigación también fueron imputados por los mismos delitos, los alcaldes de Baruta y Chacao, Henrique Capriles Radonsky y Leopoldo López, respectivamente, el 25 y 26 de noviembre de ese mismo año.
En fecha 09 de febrero de 2005, la Corte de Apelaciones de Caracas declara la nulidad absoluta de la aprehensión de Ramón Rodríguez Chacín y el error inexcusable de derecho de la ex jueza Mónica Fernández Sánchez.
