Caracas 03 de agosto 2007. - El Ministerio Público imputó a tres funcionarios adscritos a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), presuntamente responsables de la aprehensión del entonces diputado a la Asamblea Nacional y actual gobernador del estado Anzoátegui, Tarek Williams Saab, hecho ocurrido durante los sucesos de abril de 2002.
Los fiscales 34 nacional, su auxiliar y 126 de Caracas, Néstor Castellanos, Desireé Boada y Jean Carlos Castillo, respectivamente, imputaron a los funcionarios a Inés Soto, Miguel Benigno Pérez y William Monjes, por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad, previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal vigente para el momento de los hechos.
También fueron imputados por el delito de quebrantamiento de pactos o acuerdos internacionales suscritos con la República, según el artículo 156 numeral 3 del mismo Código Penal.
La investigación del caso se inició luego de que el 12 de abril de 2002, un grupo de personas, entre los que se encontraban los referidos funcionarios de la Disip, detuvieron en la urbanización La Lagunita en Caracas a Saab, quien fue trasladado a la sede de la Disip, en El Helicoide.
Otra acusación
Por lo hechos del 11,12 y 13 de abril del 2002, cuando se produjo un golpe de Estado, el Ministerio Público también acusó a la ex jueza 39 de Control de Caracas, Mónica Fernández, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y privación ilegítima de libertad, faltas en las que habría incurrido al autorizar la aprehensión del ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, el 12 de abril de 2002.
En su escrito, la fiscal 6ta nacional, María Alejandra Pérez, también solicitó al juzgado que acuerde una medida que restrinja la libertad de Fernández, bien sea prohibiéndole salir del país u ordenándole presentarse regularmente ante el juez.
El proceso contra Fernández se inició el 2 de diciembre de 2004 cuando fue imputada por el referido caso.
Los alcaldes de Chacao y Baruta, Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski, respectivamente, también están siendo investigados por estos hechos.
