Es muy importante precisar de entrada a este escrito que las haciendas y parcelas que se vienen entregando al pueblo Yukpa por el Gobierno Nacional y la Gobernación del Zulia son parte sustancial de su territorio originario, son una pequeña porción de su espacio físico cultural por el cual caminan y caminaban 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Y que el Estado-Gobierno tiene la obligación, por mandato legal, ya sea por leyes internas o internacionales, de entregárselas para que ellos vivan en paz de acuerdo a sus usos y costumbres.
No es que ese territorio original (donde estaban las haciendas invasoras), entiéndase bien, es ahora propiedad del Estado-Gobierno, en una de sus modalidades, a saber: la Gobernación del Zulia, el INTI, o el MAT, o el Ministerio Indígena, o la Vicepresidencia de la República, y por tanto éste se guarda para sí la propiedad de las mismas; y ahora los indígenas Yukpa deben por lo tanto someterse a un comodato de tierra y a un plan técnico productivo socialista de leche y carne, y algunos rubros agrícolas para producir los mismos litros de leche y kilos de queso y carnes como lo hacían los hacendados invasores a fuerza de créditos. Crasa ignorancia. Esto es puro pensamiento colonial de la época de los Padres Capuchinos de Navarra. Ya la Sierra y sus habitantes originarios no están sometidos a los Convenios del Estado con la Santa Sede ni a la Ley de Misiones.
Los pueblos indígenas y la Sierra como su hábitat están sometidos al derecho nacional e internacional. Por esta razón hace unos pocos días, el 2 de este mes y año le dio la vuelta al mundo la noticia que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos 19º a 21º de la República Bolivariana de Venezuela, aprobadas por el Comité en su 83º período de sesiones (12-30 del agosto de 2013) manifiesta:
17. El Comité expresa gran preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en la Sierra de Perijá, en los que ha habido enfrentamientos entre indígenas y ocupantes de las tierras de esta zona. El Comité lamenta que mediante tales hechos se ha atentado contra la vida e integridad física de miembros del pueblo Yukpa, entre los cuales destaca el homicidio del Cacique Sabino Romero y otros miembros de su familia y del referido pueblo y que tales hechos sean consecuencia de la falta de demarcación de la tierra (art. 5, inc. b y art. 6).
El Comité recomienda que el Estado parte realice una investigación exhaustiva sobre los hechos de violencia que afectan al pueblo Yukpa y particularmente de los homicidios acaecidos en miembros de esta comunidad. El Comité urge al Estado parte para que juzgue tanto a los autores materiales como intelectuales de estos hechos. El Comité exhorta al Estado parte para que tome las medidas necesarias para prevenir los actos de violencia en esta zona, incluyendo los mecanismos necesarios para acelerar la demarcación de la tierra y territorios de los pueblos indígenas.
En estos espacios “devueltos” nada se puede imponer. Ningún modelo socialista o capitalista productivo o socioproductivo preconcebido puede desarrollarse en esos espacios aún estén preñado de buenas intenciones. Hacerlo sería una aberración ética, jurídica e intelectual, así como política. Sería continuar con la política colonial de asimilación del indígena a la sociedad nacional y al sistema productivista de turno, tal como se caracterizó en la llamada cuarte república los gobiernos de Acción Democrática y Copei.
Es el pueblo Yukpa el único que puede decidir y acordar su destino y por lo tanto lo que va hacer o no en estas haciendas o parcelas recuperadas a sangre y fuego, ya sea pagando encierros en el Reten de Machiques, en el Fuerte Macoa, la cárcel de Trujillo, o protestando en las calles todo el día pese a la conspiración de sus hermanos indígenas asimilados tarifados, ganaderos, parceleros y políticos de la oposición y oficialistas; así como el Ministerio Público, los órganos militares y policiales asentados en Machiques y el Zulia en general. Fue la sangre Yukpa como la de Guaicaipuro en su tiempo y circunstancias lo que obligó al Gobierno a través de la Asamblea Nacional a aprobar el dinero para el pago de las bienhechurías de las haciendas. Fue la sangre ofrendada de Sabino y Alexander, el dolor de sus familias y la movilización de tantos indígenas irreductibles y aliados organizados.
La representación soberana del pueblo Yukpa descansa en las familias de cada una de las comunidades de cada uno de los sectores ubicados en las cuencas de los ríos que conforman el territorio Yukpa, no en los desprestigiados tarifados Caciques Mayores de los llamados y promovidos Centros Pilotos, ni menos aún en las funcionarias o en los funcionarios Yukpa del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. O en meta-agrupaciones indígenas administrativas improvisadas a partir del sentido común o esquemas gerenciales.
No podemos intervenir a las comunidades indígenas sin saber cuál será el resultado final, el impacto, su entropía. No podemos acelerar ningún proceso fuera del tiempo Yukpa.
El impacto que se generó a partir del contacto Yukpa-Padres Capuchinos, colombianos y ganaderos, y la reducción de su hábitat, generó un impacto que aún lo estamos pagando, en especial ellos, el pueblo Yukpa. Hay que preguntarse qué quiere el Gobierno conseguir con ese plan socio productivo. Qué que busca o que quiere sea ahora sea el Yukpa, un hacendado acaso, un granjero, un campesino productivo. Todo proyecto económico, más si es integral, trae un impacto en lo social y en la cultural. En el alma.
La estructura a crearse debe ser lo más parecido a su estructura social y a su funcionamiento. No a lo que crean los Caciques Mayores o los más aculturados con o sin cargos en el Estado. Hay que trabajar codo a codo con las familias agrupadas por comunidades y sus familias aliadas.
