Sao Paulo, 26.- Una intensa polémica existe desde ayer en torno a la subasta de la Compañía Energética de Sao Paulo (CESP) prevista para mañana en la Bolsa de Valores de esta ciudad.

La acción es promovida por el gobierno regido por el gobernador socialdemócrata José Serra y tiene el propósito de privatizar una entidad que es patrimonio estadal.

Contra esa acción neoliberal se han presentado varias acciones de justicia y los movimientos sociales, sindicatos y partidos de la izquierda han manifestado su más enérgico rechazo.

La víspera 500 integrantes de los movimientos de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de los Afectados por Represas (MAB) ocuparon en protesta una hidroeléctrica en Pontal Paranapanema. El MST denuncia que la CESP tiene un valor estimado de 12 mil millones de reales (más de siete mil millones de dólares) y piensan entregarla al capital privado por una cantidad mucho menor.

Muestra de ello es que las acciones de la CESP, que estaban a un mínimo de 49,75 reales fueron cotizadas la víspera a 38,78 reales en la Bolsa, un valor 22 por ciento menor.

El Sindicato de Trabajadores Energéticos de Sao Paulo presentó en la justicia una demanda porque la subasta no establece como exigencia a los nuevos dueños ampliar la generación eléctrica.

Antes fueron realizadas otras acciones judiciales, una contra el precio mínimo y otra que exige incluir a los trabajadores de esas unidades energéticas en la oferta de venta de acciones.

La Central Única de Trabajadores (CUT) alertó que la subasta no exige el cumplimiento de las obligaciones con el plan de seguridad social de los trabajadores ni el pago a los jubilados.

La bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Asamblea Legislativa también intenta impedir la operación porque "el gobierno de Serra carece de autorización para vender acciones de estatales".

También se pronuncia contra esa privatización por la evidente falta de transparencia al no anunciarse de forma definida un precio mínimo de la operación.

El Directorio Nacional del PT aprobó una resolución donde se opone totalmente a la privatización de la CESP pues la considera una maniobra para beneficiar a grupos privados internacionales.

Asimismo llama al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a no renovar la concesión de las hidroeléctricas de la CESP, preservándolas al interés público conforme a la legislación.