La huelga general en la Universidad de Puerto Rico culmina su séptima semana y es ya el enfrentamiento más prolongado y agudo de un sector de la sociedad puertorriqueña con la impopular administración del gobernador Luis Fortuño. Este ha ofendido y menospreciado a una casa de estudios cuyos 11 planteles se esparcen por toda la geografía isleña, con fuertes lazos en la sociedad y la familia, enraizada en el imaginario colectivo como depositaria del acervo de la nación: la preservación y enriquecimiento de la cultura nacional y del ideal independentista; el debate democrático de ideas y el ejercicio del pensamiento crítico, el impulso a la investigación científica, y la defensa de la educación pública y gratuita, médula de la actual lucha estudiantil.
La huelga universitaria se inserta en la resistencia del pueblo puertorriqueño contra las draconianas medidas neoliberales de Fortuño, pero se destaca por la vibrante solidaridad nacional e internacional que ha concitado, en primer lugar porque defiende una causa noble y justa pero también por su creatividad política, madurez, discurso renovador y novedosos métodos de comunicación dentro del movimiento estudiantil y de este con la sociedad, entre los cuales Radio Huelga, que con mínimos recursos y mucho ingenio se ha implantado como vocera oficial de los huelguistas.
Las medidas de Fortuño han implicado privar al presupuesto de una parte importante de los fondos destinados a la educación, la salud, la cultura y la asistencia social en lo que constituye una abdicación de la función del Estado como garante de estos servicios. Como consecuencia el gobernador ha echado a la calle a más de 15 000 empleados públicos y congelado los salarios del sector. Pero su proyecto estrella son las llamadas alianzas público-privadas, que no son más que una forma enmascarada de privatizar muchas actividades del Estado.
Cuando anunció las medidas, Fortuño dijo que la Universidad no estaba incluida pero meses más tarde se fue contra la casa de estudios aduciendo lo costoso que resultaba para el presupuesto el “privilegio” de estudiar, lo que provocó la indignación de los estudiantes. La realidad es que sucesivos gobiernos neoliberales han desfondado deliberadamente a la Universidad de Puerto Rico con el objetivo de privatizarla. La han privado de ingresos sobre los nuevos impuestos basándose en una ley mañosa y la han endeudado en cientos de millones de dólares a través de la construcción de obras fastuosas, que con frecuencia han terminado en manos privadas. Ya en 2005 los estudiantes se fueron a la huelga contra este estado de cosas y en el gobierno de Fortuño han denunciado la grave situación en que se está colocando a la casa de estudios y presentando propuestas para solucionarla sin que las autoridades de la institución se hayan dado por enteradas. Así estaban las cosas cuando el presidente de la universidad anuncia públicamente que habrá una reducción de 100 millones de dólares en el presupuesto para 2011, la eliminación de las exenciones de matrícula y un aumento de esta. Fue la gota que colmó la copa y llevó a la convocatoria de un paro estudiantil de 48 horas por una asamblea general, que desembocó finalmente en la huelga general indefinida ante la cerrazón de las autoridades para escuchar las propuestas de los estudiantes.
Durante este proceso ha contrastado la voluntad negociadora de los alumnos con el ánimo represivo e intransigente del gobernador y las autoridades universitarias. La policía puso bajo sitio a varios recintos impidiendo la entrada de agua y alimentos a los estudiantes en resistencia. Esto hizo que a la gran simpatía por el movimiento se sumara la indignación y que la coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, los principales sindicatos y organizaciones populares y la comunidad artística convocaran a un día de paro en solidaridad con los estudiantes que presenció a decenas de miles de personas manifestarse ante los muros de Río Piedras mientras un juez con decencia ordenaba a la policía facilitar el acceso de suministros.
Los estudiantes se niegan a levantar la huelga hasta lograr un compromiso de la otra parte que asegure la exención de matrícula y la no privatización de las instalaciones y seguramente continuarán recibiendo la creciente solidaridad de la intelectualidad isleña, latinoamericana y de todos los que abogan en el mundo por el derecho a la educación pública, gratuita y universal de calidad. Una lucha admirable.
aguerra_123@yahoo.com.mx
