¿Sabía usted que la Ley de Universidades vigente data de 1970, y que ésta es solo una reforma de la antigua Ley de Universidades de 1953?

A partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), hecho ocurrido el 15 de agosto de 2009, el Estado está obligado, de acuerdo al Artículo 32, a crear la Ley Especial de Educación Universitaria (LEU). Una de las razones fundamentales de este cambio, obedece a que la Ley de Universidades vigente entra en contradicción con nuestra Carta Magna en muchos de sus artículos. En particular, aquellos contenidos en el Capítulo IV del Título III, donde se reconoce la participación activa y protagónica del pueblo en el ejercicio de sus derechos políticos fundamentales. Estas contradicciones han abierto el espacio para que las universidades que se atribuyen la exclusividad de llamarse autónomas, se conviertan en un estado dentro del estado.

Con esta nueva LEU, se garantizará “… el proceso de formación integral y permanente de ciudadanos críticos con capacidad de reflexión, sensibles y comprometidos social y éticamente con el desarrollo del país”, expresado en el artículo 32 de la LOE. La ley de Universidades de 1970 no contempla estos valores. Además, la educación universitaria tendrá como finalidad “…formar profesionales e investigadores de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento, con el propósito de establecer sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico, sean soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del país en todas las áreas”. 

La Educación Universitaria está cuestionada por su acentuado mercantilismo, que responde a la economía neoliberal. Martha C. Nussbaum (prestigiosa filósofa estadounidense y profesora en Harvard) escribe en su libro “Sin fines de lucro” señala: "Se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes. Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva la democracia". Además, nos alerta del peligro que aparezcan "generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales capaces de pensar por sí mismos”. Por otra parte, Antonio Moreno, decano de Filología de una Universidad española (UNED), plantea que "Se están cambiando las premisas de la educación: de un sistema donde se primaba la formación intelectual se está pasando a una enseñanza utilitaria. Estamos viviendo un proceso de conversión de las universidades en un modelo muy impreciso de Escuelas laborales".

Este análisis, se suma a lo expresado por Edgar Morín, filósofo francés,  quien comenta que en las universidades  “existe una falta de adecuación cada vez más grande, profunda y grave entre nuestros saberes discordes, troceados, encasillados en disciplinas, y por otra parte unas realidades o problemas cada vez más multidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios”. A esto le añadimos la noción técno-burocrática de la excelencia, uno de los pilares fundamentales de la universidad moderna. Todas estas consideraciones, han llevado a  desvirtuar el propósito de nuestra educación universitaria. Es así como, nuestras universidades se presentan:

• Rígida en su organización académico-administrativa, que le impide responder adecuadamente al proceso de cambio que se está dando en el país.

· Burocrática, en su estructura administrativa donde se despilfarra más del 80% de los recursos financieros asignados por el Estado.

· Desvirtuada en su esencia académica al privilegiar los criterios político en lo gremiales, la elección de las autoridades universitarias, en las políticas de ingreso del personal docente y administrativo, e inclusive, hasta en los procesos de admisión estudiantil. Siempre respondiendo a los intereses particulares político-gremiales.

· Ineficaz en el manejo de los recursos financieros (presupuesto asignado e ingresos propios), lo que demanda un sistema de evaluación y contraloría social que garanticen la eficiencia y transparencia de la gestión administrativa.

· Excluyente, en los ámbitos de la participación política, en la planificación académica y presupuestaria, instrumentos éstos necesarios para ejercer la verdadera autonomía de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, trabajadores y egresados).

Es así como, consciente de esta problemática histórica de las universidades, la UNESCO en octubre de 1998, manifestó en su Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción aprobada por la Conferencia Mundial sobre Educación Superior: “La educación superior, para hacer frente a los imponentes desafíos que hoy enfrentamos ha de emprender la transformación y la renovación más radical que jamás haya tenido por delante.” En otras palabras, las universidades requieren emprender una REVOLUCION.

De manera que, desde la aprobación de nuestra Constitución Nacional, el Estado Venezolano tenía el compromiso imperioso de promulgar esta nueva Ley de Educación Universitaria, la cual no está en contradicción con la Constitución y le dará la herramienta a las Universidades Nacionales para que contribuyan al desarrollo del Proyecto Nacional Simón Bolívar y así, al de la Venezuela que necesitamos.

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