La implementación del Proyecto Socialista en Venezuela, exige de manera inexorable, la contribución de la universidad pública en la formación de ciudadanos comprometidos con el objetivo político de transformación revolucionaria de nuestro país. Este propósito debe estar necesariamente desligado de la rutina universitaria tradicional, caracterizada por el predominio en sus integrantes de una concepción individualista de la vida y del mercantilismo profesional en su práctica social, el desinterés por la suerte de los oprimidos y la dependencia epistémica e ideológica de los centros imperialistas dominantes en el mundo y principalmente del norteamericano. En consecuencia, ese modelo decadente de sistema educativo implantado desde la ocupación colonial del actual territorio de Venezuela, ha sido corresponsable directo de las insuperables barreras que a través de nuestra historia ha excluido a la población venezolana del ejercicio pleno del derecho a la cultura y al conocimiento, y sobre todo a los trabajadores del campo y la ciudad, manuales e intelectuales, quienes prácticamente fueron confinados a soportar una situación de vida inaceptable de ignorancia y sin posibilidades de aprender el oficio o profesión que correspondía a sus vocaciones, aptitudes y requerimientos sociales, sino a las necesidades del engranaje comercial, industrial y financiero de los monopolios capitalistas que les roban el producto de su trabajo. Es ese el sistema económico-social y político que nos proponemos reemplazar y que tras una falsa fachada de creador de bienestar colectivo, pretende esconder su verdadera naturaleza histórico-social desgarrada por contradicciones insalvables, por su condición inhumana, corrupta, degenerada y de interés desenfrenado por la máxima ganancia. No en vano, Carlos Marx, en una nota explicativa sobre el Capital refería: "...Si el dinero nace con manchas naturales de sangre en un carrillo, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza […] El capital tiene horror a la ausencia de ganancia o a la ganancia demasiado pequeña [...] Conforme aumenta la ganancia, el capital se envalentona. Asegúresele un 10 por ciento y acudirá donde sea; un 20 por ciento, y se sentirá ya animado; un 50 por ciento, positivamente temerario; al 100 por ciento, es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas; el 300 por ciento, y no hay crimen a que no se arriesgue aunque arrostre el patíbulo." Ahora bien, luchar y triunfar contra esa especie de barbarie demoledora de las esperanzas preteridas de redención social de millones de seres humanos, requiere crear respuestas revolucionarias acertadas que surjan de la construcción colectiva de un proyecto de país que nos permita desmontar todo ese complejo aparato de dominación económica, política y cultural que pesa sobre nosotros. La perpetuidad o superación del sistema capitalista en Venezuela dependerá, en buena medida, de la continuidad o no de la actual concepción educativa que prevalece en nuestras escuelas y universidades. Por consiguiente, es necesario empezar por reconocer que la educación responde a los intereses de la clase social que ejerce el dominio del Estado y constituye uno de los componentes superestructurales que refleja y reproduce su propia esencia y naturaleza.
En consecuencia, a través de las políticas educativas se ha entramado el mecanismo más seguro del capitalismo en nuestro país para garantizarse, directa o indirectamente, su dominio ideológico, simbólico y conductual de la gran mayoría de la población venezolana. Esta absurda realidad debe ser barrida incluso aprovechando hasta las más tímidas normas contenidas en la constitución bolivariana y proponerse la implantación de un sistema socialista en donde predomine la propiedad social, la amistad, el espíritu de solidaridad, el colectivismo, la ayuda mutua y el sentido humano en las relaciones de producción entre los hombres y no el de la competencia del mercado. Pero estas nuevas formas de asociación entre los venezolanos debería encontrar cauce no sólo en el discurso presidencial sino también en las realizaciones prácticas que se impulsan a partir de las vocerías del actual liderazgo político del socialismo marxista y tener expresión en los diferentes niveles de la organización obrera, campesina, juvenil, comunal y organismos del gobierno revolucionario.
En esta tarea deben comprometerse los sectores de avanzada que ocupan responsabilidades diversas en la dirección de la educación venezolana para desmontar esa ideología de la muerte y de la explotación que prevalece en ella, construyendo otra que exprese las nuevas relaciones de la sociedad socialista en gestación. Por consiguiente, el sistema educativo nacional exige en el presente construirse sobre la base de los valores de una sociedad de los trabajadores, es decir, diferentes a los que nos ha impuesto por siglos el ignominioso sistema capitalista decadente, para garantizarle a todos los ciudadanos la inclusión social, la participación, la independencia epistemológica de los saberes, la imbricación con las necesidades sociales del entorno y la defensa de la soberanía nacional. Porque definitivamente, es inaceptable la realidad en la que habiendo la inteligencia humana desarrollado poderosas fuerzas productivas y logrado una impresionante transformación en el conocimiento de la ciencia, la técnica, las artes, la historia y la literatura, se condene a millones de personas a permanecer en el más absoluto analfabetismo e impedido su acceso al saber, a la acción creadora del intelecto y a permanecer en el más completo vacío mental que produce el oscurantismo de una falsa conciencia que deforma y brutaliza sus pensamientos y sentimientos en contra de sus propios intereses y en favor de la sociedad mercantilista de la insaciable ganancia.
Esta nueva educación sólo será posible si en su seno hacen vida, entre otros sectores, un cuerpo de trabajadores de la docencia completamente consustanciados con el proyecto de nuevo país que se aspira construir para darle solución de continuidad al colonialismo mental que acogota a la sociedad venezolana desde tiempos inmemoriales. En tal sentido, las generaciones de educadores por venir deben superar los viejos esquemas de los contenidos y diseños curriculares sobre los que se ha sustentado hasta ahora la formación de quienes han estado tienen acceso al sistema educativo clasista del capitalismo venezolano corrompido y mefítico y asumir los saberes desde una perspectiva conceptual de la pedagogía liberadora de la que hablaban Antón Makarenco, Paulo Freire y otros, en perfecta correspondencia y armonía con el nuevo modo de producción socialista y su orden de justicia, igualdad, equidad, libertad y participación protagónica que a partir de él se aspira cimentar. En este contexto, deben surgir para el debate nuevas propuestas educativas que produzcan alternativas serias frente al hundimiento de los modelos de escuelas tecnocráticas, individualistas y de privilegios que hasta hoy han predominado como expresión ideológica, política y cultural de la dictadura del capital.
Las consideraciones previas, permiten adentrarnos con conocimiento de causa en la sustentación ideológica-política y jurídica que acompaña la propuesta de comunalización de la educación universitaria y con la cual planteamos profundizar la anterior de municipalización que se encuentra actualmente en desarrollo y la cual fue en principio sugerida como circunstancia de transición entre las políticas neoliberales con criterios no sociales y de selección para el ingreso a las ofertas académicas de la educación pública y las del socialismo científico orientadas por el objetivo estratégico de edificación de un nuevo Estado de los trabajadores, fundado en una sociedad de equidad, justicia, derecho, corresponsabilidad y concurrencia; todo ello tendiente a crear las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permitan el protagonismo de las propias comunidades organizadas y las convierta en beneficiarias de este proceso histórico, en donde las mayorías explotadas sigan dando solución de continuidad a las asimetrías sociales que se objetivan en medio de una aguda lucha de clases en la Venezuela actual. En ese escenario de confrontaciones profundas, es imperativo comunalizar la educación a partir de la normativa progresista y expuesta en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), cuando reza: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.” En ese mismo sentido, la disposición 184 y su aparte 1 ejusdem, determina que “…La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de sus capacidad para prestarlos, promoviendo: 1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad”.
Por otra parte, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (LOCFG, 2010) contiene en su artículo 1 un claro propósito de profundización de los cambios revolucionarios a través de las transferencias de las competencias de los entes territoriales, a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado.
Del mismo modo y en concordancia con los mandatos expuestos, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, (LOCC, 2009) sentencia en su artículo 2, que “…los Consejos Comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permitan al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista, equidad y justicia social”.
En este orden de ideas, la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) refiere en su artículo 6, aparte 2, de forma contundente que el Estado Docente (creado con ella) está en el deber de regular, supervisar y controlar la obligatoriedad de la educación y establece los mecanismos para exigir a las comunidades, familias, padres, madres, representantes o responsables, el cumplimiento de este deber social. Además, este mismo instrumento legal en su artículo 34, apartes 1 y 2, sostiene que dentro del principio de autonomía, las universidades pueden establecer sus estructuras de carácter flexible, democrático, participativo y eficiente, para dictar sus normas de gobierno y sus reglas internas de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y la ley y que puede planificar, crear, organizar y realizar los programas de formación, creación intelectual e interacción con las comunidades, en atención a las áreas estratégicas de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las potencialidades existentes en el país, las necesidades prioritarias, el logro de la soberanía científica y tecnológica y el pleno desarrollo de los seres humanos.
Finalmente, en el Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, Primer Plan Socialista de la Nación (2007-2013), se enfatiza que “…el cambio debe estar orientado a poner de relieve los elementos en común, que permitan construir una comunidad, no individuos aislados y egoístas atentos a imponer sus intereses a la comunidad, a esa entidad—la comunidad—se entrega todo el poder originario del individuo, lo que produce una voluntad general, en el sentido de un poder de todos al servicio de todos, es decir, sustentado moral y colectivamente, lo que obliga a que la conducta de los asociados, aunque tengan intereses particulares, (voluntades particulares), para poder ser moral deberá estar guiada por la justicia, es decir, por principios de igualdad—única manera de fortalecer el cuerpo político colectivo—y de libertad”, y reitera de forma tajante “…Dado que la soberanía reside en el pueblo, este puede por si mismo dirigir el Estado, sin necesidad de delegar su soberanía, tal como en la práctica sucede con la democracia representativa o indirecta. Esta dirección del Estado está indisolublemente unida a la búsqueda del bien común, y no como en la democracia representativa en la que, bajo la argucia de la libertad individual, con el camuflaje de la igualdad de oportunidades y el acicate de la competitividad, se legitima el interés de grupos minoritarios contrapuestos al interés general de la sociedad”.
Ahora bien, como se puede apreciar, toda esta conceptualización apunta a la concreción de una nueva geometría del poder que se propone la construcción del socialismo y en donde el papel del Estado Docente Comunitario, por llamarlo de alguna manera, debe jugar una decisiva participación para superar las viejas estructuras del capitalismo rentista que desde principios del siglo XX domina en Venezuela.
En atención a todo lo expuesto, proponemos a la consideración del debate político la idea de comunalizar la educación pública venezolana, transfiriendo operativamente todo este servicio al poder popular, a través de las comunas organizadas y de la creación de las estructuras adecuadas necesarias que le permitan la gestión eficiente de todo el proceso académico-administrativo que ello implica.
Historiadores
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