En un país decente, que desea lo mejor para sus futuras generaciones, su preparación en el conocimiento en las ciencias y en las artes, para su despertar intelectual y desarrollar lo máximo de sus capacidades, no debería existir titulares tan mezquinos y profundamente discriminatorios como el que salió en el periódico "El Nacional", el pasado 22 de mayo, expresando "Rectores evalúan devolver la lista de admitidos a la OPSU".
Lo peor es que esas palabras fascistas salieron de los labios de algunos rectores de las universidades tradicionales que se creen la patota del barrio y no darse el puesto de académicos que desean lo mejor para los estudiantes, al no aceptar la asignación de 181.333 bachilleres venezolanos mediante el Sistema Nacional de Ingreso, ejecutado con total transparencia, eficiencia y justicia por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), asignaciones que fueron públicas en un evento realizado en cadena nacional el viernes 15 de mayo pasado.
En el 2008, en una sesión del Consejo nacional de Universidades (CNU) se decidió por mayoría aplastante de eliminar las pruebas internas que realizan 11 universidades tradicionales para el ingreso de los nuevos estudiantes. Con ello se hacía cumplir los Art. 102 y 103 de la Constitución. Esta decisión democrática fue ratificada el 16 de diciembre del año 2014, basándose en el Art 26, numeral 9, de la Ley de Universidades que establece que "los consejos universitarios determinan los procedimientos de selección de aspirantes, según las pautas establecidas por el Consejo Nacional de Universidades". ¿Qué hicieron esas universidades para evadir esa decisión? Una maniobra adeca, cambiaron el nombre de pruebas académicas por "pruebas diagnósticas".
Aún así, estos rectores que se dicen democráticos cuando solamente ganan sus aspiraciones, quieren colocar al Estado y a los bachilleres en una situación de confrontación, sólo porque ellos "no cederán las plazas que tenía previstas otorgar por prueba interna a cada universidad a los bachilleres seleccionados por el gobierno", reflejando claramente que sus intereses son netamente económicos y con un perverso trasfondo discriminatorio. Además, en esa misma nota de prensa, el vicerrector académico de la UCV, el profesor Nicolás Bianco, exclamó "Pareciera que con el número de estudiantes que se fijó a cada universidad se nos quisiera aplastar. Es una cantidad de estudiantes imposible de aceptar porque no hay presupuesto. Quisiéramos ampliar el número de cupos y no tenemos con qué". La respuesta para estas frases manipuladoras está en un artículo del profesor Miguel Alfonzo que habla sobre el eterno presupuesto deficitario, contenido en este mismo número del boletín Plural.
En una entrevista que le realizaron a la rectora de la UCV, la profesora García Arocha, en el programa de "Dialogo con" (Televen, 2012), refiriéndose al tema de la inclusión a la educación universitaria gracias al proceso revolucionario, aclaró que, por lo menos en la UCV, "no entra todo el que quiere, pues no cuentan con el espacio o presupuesto necesario para recibir a tantos estudiantes, y porque además, como universidad histórica procuran elegir a los mejores prospectos, aquellos que tengan mejor preparación desde la educación diversificada, agregando que "con lo que sucede ahorita (ingreso mayoritario de estudiantes de colegios privados), el problema no es el ingreso a la universidad, el problema es la debilidad de las instituciones públicas", señaló. Sin comentarios de su manoseada meritocracia, muy conocida por el pueblo venezolano cuando sacamos a los meritócratas de la PDVSA IV republicana.
Solamente una pregunta, clara y sencilla: es justo que un país que tiene una mayoría de su gente en la clase IV y V, en una universidad pública que funciona con recursos públicos, de esa misma gente, el 975 de su matrícula proviene de las clases sociales más pudientes, clase I y II, que pro demás está en decirlo, pero pueden pagar sus estudios universitarios en instituciones privadas?. No responda estimada rectora, nosotros lo hacemos por Ud, ¡No es justo!
Finalmente, que los rectores de AVERU devuelvan la lista de cupos de la OPSU, tal como lo amenazan, los muchachos, los nuevos asignados por la OPSU van a pelear por su derecho al estudio, tal como lo contempla la constitución, y es por ello que algunos miembros de la Federación de Estudiantes de Educación Media acudieron este viernes 22 de mayo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a introducir un recurso de amparo constitucional que les garantice su derecho a la educación universitaria. "Se nos está violando nuestro derecho a la educación universitaria, por eso estamos aquí, para hacer un llamado a todas las universidades autónomas a que respeten nuestro derecho", dijo la presidente de la federación, Eirimar Malavé.
Tal como lo indicó el presidente Maduro en el evento ya mencionado del 15 de mayo cuando expresó que "Si alguna universidad se opone a la Constitución y la ley, allí están las instancias judiciales para que sean ellas las que diriman cualquier intento de desconocer estos sistemas".
Sin comentarios.