Con la puesta en práctica del proyecto de país, que se encuentra contemplado en la carta magna, y la irrupción de la democracia participativa en Venezuela como modelo político-social hegemónico, han surgido interminables debates referidos a la viabilidad de la implementación de dicho modelo en el marco del tipo de Estado que aún se mantiene vigente y de cómo la transformación del mismo (Estado) minimizaría los obstáculos para materialización del modelo societal antes referenciado.
La apertura de espacios para la actuación de nuevos sujetos sociales en la gestión pública puso en evidencia la perentoria necesidad, por parte de ese nuevo Estado emergente, de crear los mecanismos que por obligatoriedad constitucional debían aparecer para lograr dicha transformación. Al respecto, la Constitución ha sido muy clara cuando establece en su artículo 62 que todos los ciudadanos pueden participar en la formulación, ejecución y control de la gestión pública; lo cual significa, que para la conducción de este modelo democrático, la participación ciudadana es la base primordial para la definición, aplicación y evaluación de las decisiones públicas que los gobiernos locales, regionales y nacional elaboran para darle respuesta a la diversidad de problemas que surgen en las comunidades.
La presencia de este principio en el ámbito de las políticas públicas venezolanas puede dar suficientes pistas para el abordaje de la política educativa, la cual se ha caracterizado desde hace un extenso período (casi por dos siglos) por la actuación preponderante del Estado Docente, quien se ha abrogado para sí el papel rector de todo lo relativo al proceso educativo del país. Ante este hecho, es pertinente continuar preguntándose ¿si con la implementación del principio de la participación ciudadana en la educación en estos últimos años, se ha visto afectada esta doctrina política en el país? ¿Si los mecanismos que se han ejecutado en este ámbito han fortalecido al Estado Docente tal y como lo ha caracterizado en los últimos años? O ¿si es posible encontrar algún vestigio de un nuevo Estado “Docente” que sea expresión de los nuevos sujetos sociales organizados que participan en dicho ámbito?
Con esta máxima participativa fueron materializándose mecanismos impulsados por las diversas autoridades ministeriales, como fueron desde la convocatoria a la Constituyente Educativa hasta la publicación de la Resolución 058, lo que ha redundado en inyección de calidad a la aperturación de las puertas de la gestión escolar a la comunidad. Tales dispositivos, para su ejecución están sustentados en la actuación de un ciudadano fortalecido, organizado, consciente de la tarea a cumplir y del estar en sintonía con el concepto de bienestar colectivo.
Al respecto, señala Rinesi (2016) que en el desarrollo de la historia latinoamericana se ha observado permanentemente la conformación de un Estado que le antecede a la sociedad, por lo tanto, para la aparición de los ciudadanos indispensables para el desarrollo de la democracia participativa se estaría en presencia de la construcción de una sociedad desde arriba por el Estado. En el caso venezolano, la creación de mecanismos institucionales por un lado y la formación ciudadana por el otro son parte del camino escogido que garantizan la participación ciudadana, con lo cual se avanzará en la conformación de un nuevo Estado Docente, incluso de un nuevo Estado. Con esas opciones, ¿será posible que surja esa sociedad educadora, nuevo sujeto corresponsable de la política educativa? ¿Será esa sociedad educadora la única opción para superar al Estado Docente? o ¿podrán los movimientos populares, las comunidades y los sectores organizados capaces darle respuesta a la problemática educativa desde otra perspectiva social, clasista, popular, comunal y local sin perder el componente nacional?
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