Manifiesto del Poder Popular por la Defensa de Guayana

El Pueblo de Guayana conformado por los movimientos revolucionarios de base y representados por las comunidades organizadas de 44 Unidades de Desarrollo, la clase trabajadora de 13 empresas básicas y los universitarios, hoy 12/06/2012, consciente del momento estelar del proceso revolucionario que lidera nuestro Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y especialmente de su franca recuperación de salud; confiando plenamente en el poder de Dios y en las enseñanzas de nuestro camarada Presidente, de denunciar y alertar las actuaciones antirevolucionarias de quienes dirigen la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Gobernación del Estado Bolívar. 

La inconformidad llego a su límite. La administración de las empresas y las tierras del PUEBLO por parte de CVG, va en detrimento de la calidad de vida de la familia guayacitana. El avance de la Revolución en Bolívar está amenazado por violar el derecho constitucional a la participación protagónica del pueblo en la solución de sus problemas, debido a intereses capitalistas y amañados de la Corporación y a Francisco Rangel Gómez.

Esto ha provocando que el pueblo tenga que salir a las calles a manifestar su descontento y ejercer presión, a fin de reclamar sus derechos y exigir cumplimiento de los preceptos y lineamientos del Presidente.

Una élite dentro de la CVG lideriza el saboteo dentro de nuestras empresas básicas y las lleva a la peor crisis que hayamos vivido “no por culpa del Presidente Chávez como dicen los voceros de la oposición” sino por la gestión inepta, corrupta y desestabilizadora de quienes dirige hoy día el Estado. 

Es obvio que existe una agenda paralela al Gobierno Nacional en el Estado Bolívar. Mientras el pueblo lucha por desarrollar el Plan Guayana Socialista, ellos lo atacan y persiguen. Mientras la clase trabajadora se dedica a la recuperación de las empresas, ellos las sabotean desde sus altos cargos dejando de comprar insumos, equipos y repuestos. Mientras se hacen cambios en los trenes gerenciales en las empresas, por solicitud de sus trabajadores, el presidente de CVG Rafael Gil Barrios y el Gobernador Francisco Rangel Gómez salen en defensa de estos gerentes que han contribuido con el descalabro de las empresas, promueven la persecución política y defienden los despidos injustificados de los trabajadores revolucionarios, tal es el caso de Ferrominera, Carbonorca, Bauxilum, Alcasa, Refractarios, entre otras “sólo por no pertenecer a la Fuerza Bolivariana de Trabajdores (FBT)”. Mientras la clase trabajadora defiende sus derechos y se organiza para crear los Consejos de Trabajadoras y Trabajadores, CVG ataca esta iniciativa y brinda apoyo a los sindicaleros corruptos de la FBT. De esta manera, queda demostrado quienes son los verdaderos representantes de las transnacionales en la región. Nuestra condición revolucionaria no la determina un partido y mucho menos la plutocracia.

Todo apunta que el objetivo de la actual administración de CVG, es generar, en esta coyuntura electoral un movimiento contra revolucionario para socavar al Gobierno Nacional y hacer que fracase el Plan Guayana Socialista, para luego justificar la entrega de nuestras empresas a los intereses del capital transnacional, controlado por las grandes mafias existentes dentro de nuestro parque industrial. Por eso desarrollan una campaña negativa en contra del Control Obrero, los Consejos de Trabajadoras y Trabajadores y en contra la Asamblea General del Plan Guayana Socialista.

De igual manera, sistemáticamente CVG desarrolla una política de ataque a las comunidades organizadas y universidades contra su derecho a la tierra y una vivienda digna, contrariando así nuevamente los grandes planes y proyectos nacionales impulsados por la Gran Misión Vivienda Venezuela. CVG se ha convertido en un Estado dentro del Estado venezolano.

CVG, creada en la IV República continua hoy día con prácticas capitalistas atropellando al pueblo: no cumplió con el Plan Rector de la ciudad, más del 80% de las comunidades se levantaron por ocupaciones irregulares por falta de respuesta de las instituciones; obstaculiza a las comunidades organizadas para que puedan emprender sus proyectos de viviendas; secuestra las tierras del pueblo con anuencia de la Alcaldía de Caroní violentando los artículos 181 y 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) convirtiéndose en el mayor latifundista urbano de todos los municipios del país; y para colmo, vende las tierras a precios exorbitantes, apartando el sentido social y el derecho a la tierra, sin ni siquiera dar una titularidad de tierras que le permita al pueblo acceder a mecanismos de financiamiento para la construcción de viviendas.

Vemos con preocupación, como se levantan vertiginosamente y sin mayor complicación grandes edificaciones con apartamentos de lujo, centros comerciales y ventas de autos en tierras privilegiadas del Municipio; pero a las comunidades organizadas con más de 15 años, que han realizado estudios de suelo e impacto ambiental, movimientos de tierra, avances considerables de sus urbanismos e incluso han llegado a adelantar dinero a CVG, no les dan su título de propiedad.

Es indignante, como se cobran altas sumas de alquiler de tierras y luego por el interés de venderlas al mejor postor, la Gerencia de Bienes e Inmuebles, promueve el desalojo de los pequeños comerciantes y de humildes pobladores. Excusas van y vienen, el tiempo pasa, funcionarios salen y entran a dicha gerencia, pero el pueblo siempre queda asfixiado.

Es doloroso como se desplazo al pueblo del Municipio de Piar, en la reciente entrega del complejo habitacional en Upata, desconociendo la necesidad de vivienda de los upatenses. Ahora nadie es responsable de esta situación. Esto es una pequeña muestra de que no existe un plan serio de vivienda en el Estado Bolívar y al mínimo respeto a la organización popular.

Tratando de lavar la cara de la gestión actual, el pasado sábado 09-06-12 la CVG entregó un lote de documentos de titularidad de la tierra pero la deuda con el pueblo se mantiene casi intacta. 

Por todo lo anterior expuesto le solicitamos al Gobierno Nacional:

1. Abrir una investigación a todos los funcionarios de la CVG y presidentes de empresas (pasados y presentes) para constatar las irregularidades existentes, a los fines de corregir lo que haya que corregir y aplicar las medidas administrativas y penales que correspondan.

2. Designar una Comisión de Alto Nivel para Ciudad Guayana, para que junto con el poder popular y la contraloría social desmonten todas las injusticias y negocios que hay detrás de la Administración de CVG, y sobre todo se restablezca el estado de derecho y justicia.

3. Reactivar la Comisión Presidencial para reimpulsar el Plan Guayana Socialista.

4. “No mas importados” queremos funcionarios y gerentes electos por nuestras bases. 

5. Dar respuesta inmediata a la problemática habitacional y de tierras que presenta el pueblo guayanés.

6. Hacer cumplir los artículos 181 y 184 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Irreverentes en el discurso, pero leales en la acción…,

¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

RUMBO A LA VICTORIA DEL 7 DE OCTUBRE

Estas firmas son única y exclusivamente para avalar, el MANIFIESTO DEL PODER POPULAR POR LA DEFENSA DE GUAYANA 12/06/2012, a ser entregado a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

COLECTIVOS FIRMANTES DEL MANIFIESTO UD131,UD132,UD245,UD246,UD247,UD292,UD297,UD298,UD299,UD300,UD305,UD306,UD307, UD280,UD308,UD309,UD335,UD336,UD337,UD338,UD339,UD340,UD500,UD600, SINDICATOS DE LAS EMPRESAS, INDORCA, CALDERY, SIDETUR EQUIPETRO, REFRACTARIO, FRIOSA, PGS, FSTA, COLECTIVO CONTROL OBRERO CVG VENALUM, CONSEJOS COMUNALES, SINDICATO DE BAUXILUM CARBONORCA, CAVELUM, SIDOR, COALICION SIDERURGICO. UD 131 con 6300 familias . UD 298 con 43 asociaciones de 3300 familias . UD 297. Con 300 familias. UD 245 con 150 familias. Villa La UNEG. Con 800 familias . UD 339 con 1600 familias. Los concejos comunales de Francisca Duarte. Villa Roberth .

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