El concepto Calidad de la educación tiene un alto contenido
simbólico y movilizador. ¿Quién no quiere salud, transporte, vivienda,
pensiones y educación de calidad? La derecha siempre ha tenido la
habilidad de apropiarse de fines loables para acrecentar su marco de
apoyo en sectores populares. Hoy, cuando emprende una cruzada contra el
proyecto de ley general de la educación, sus expertos y voceros
políticos utilizan el concepto de la calidad en la educación para
defender el lucro. No es extraño que la acompañen, también, algunos de
los nuevos neoliberales de la Concertación y que tienen intereses
creados.
El otro concepto que utiliza la derecha,
que también tiene un poder simbólico, se refiere a la famosa libertad
de enseñanza; detengámonos en el análisis de esta temática: en el
pasado, según el educador Roberto Munizaga, la iglesia católica definía
tres actitudes respecto de la relación entre Estado y la educación: “1)
Sólo enseña el Estado, esto es, el monopolio, lo cual es absolutamente
condenable. 2) El Estado enseña al mismo tiempo que los particulares,
es decir, el régimen de la libre competencia, que se puede legitimar en
virtud de las circunstancias. 3) El Estado no enseña, se abstiene,
abandona la función docente. La única función legítima del Estado es
abstenerse de enseñar dejando la educación a la libre iniciativa
particular”. (Munizaga, 1942).
El centro de este planteamiento radica en la famosa “subsidiaridad del Estado”,
concepto central de las famosas privatizaciones neoliberales de Augusto
Pinochet. El Estado no sólo abandona su papel rector de la educación,
sino que también lo hace en el sistema previsional y en la salud. La
LOCE y la Constitución de 1980 constituyen la mejor expresión de la
famosa libertad de enseñanza: el derecho de los privados a crear
escuelas, sin ninguna limitación, no exigencia de competencias docentes
–por parte de los sostenedores – que no sea la moral y la seguridad
nacional. Además, destruyó el sistema previsional chileno entregándolo
a las AFPs y enajenó el estado docente traspasando las escuelas a las
municipalidades. El estado sólo se limita a proveer a las escuelas
privadas de una subvención, que se entrega únicamente en base a la
asistencia de los alumnos a las clases; de ahí para adelante, el dinero
de todos los chilenos pasa a manos de los sostenedores privados, sin
ninguna posibilidad de intervención del gobierno, pues significaría
atropellar el “sagrado derecho de propiedad”.
¿Quiénes
son los propietarios de la educación? Los privados y las
municipalidades. ¿Quién regula la educación? El mercado; las familias
sólo deben limitarse a elegir entre las diversas ofertas del mercado,
según su capacidad económica. El principio de subsidiaridad ha servido,
en toda nuestra historia, para el Estado intervenga en el caso de
quiebra o incapacidad del sistema, para cumplir con sus obligaciones.
Así ocurre con las AFPs, que dejan sin pensiones mínimas al 70% de los
chilenos y que el estado debe auxiliarlas haciéndose cargo de los
excluidos, por medio de una pensión básica solidaria de $70.000. Es muy
posible que ocurra lo mismo con la educación municipalizada, en franca
fase terminal. Este de Estado bombero, que auxilia a la empresa
privada, no es nada nuevo, pues algo así hacía la CORFO, encargándose
de las empresas privadas, en nuestro período republicano.
La
Concertación nunca tuvo la voluntad política para romper con este
círculo vicioso: en el caso de la educación, el Ministerio del ramo se
ha encargado de intervenir, por medio de una serie inconexa de
programas, focalizados en la pobreza, entre los cuales se puede
mencionar las 900 Escuelas, el PMU, Montegrande, el Mece Rural Básico y
Medio, La Jornada Escolar Completa, el Estatuto Docente y las Pasantías
en el exterior, entre otros. A todo este conjunto de políticas – que
son apenas brochazos que en nada alteran la herencia de la dictadura –
se le ha dado en llamar “la reforma educacional”, otro
concepto que tiene un alto valor simbólico, pues el estado docente fue
capaz, a pesar de sus falencias, de instaurar la Ley de Educación
Primaria obligatoria y gratuita (1920), la Escuela Nueva y los Liceos
experimentales (1927), las Escuelas Consolidadas y el Plan San Carlos
(1940-1945), el “gobernar es educar” de Pedro Aguirre Cerda (1938), la
Reforma educacional de Eduardo Frei Montalva, (1965) y, por último, la
ENU, de Salvador Allende, (1973). A los comentaristas actuales de la
reforma educacional de los gobiernos de la Concertación, entre quienes
se cuenta a Cristián Cox y Juan Eduardo García-Huidobro, les encanta
utilizar el término “tradición y tarea” de Juan Gómez Millas,
para relacionar la reforma vigente con los logros del pasado, producto
del estado docente. Nada más falaz que este intento.
Los
estudiantes captaron, mucho mejor que los adultos, dónde estaba la
madre del cordero, que explica la pésima calidad y equidad de la
educación, también visualizaron que nada con pequeños retoques
superficiales, si no se deroga a LOCE y se reintegran las escuelas y
liceos al Estado. Aunque muy limitado el proyecto de ley general de
educación, actualmente en el Congreso, permite avanzar en algunos
aspectos: 1) controlar la calidad de la educación, con base en
objetivos de rendimiento, en cada uno de los escalones, (prebásica,
básica, media y especial); 2) exigir a los sostenedores formar
corporaciones o fundaciones, dedicadas, exclusivamente, a la educación;
3) trasparentar los procesos educativos, por medio de la rendición de
cuentas públicas; 4) valorar la educación permanente – un aporte de la
ENU, del proyecto de Salvador Allende -; 5) cambiar la composición del
inútil consejo superior de educación, hoy con mayoría militar, que
sabrán mucho de armas, pero poco de educación; (es cierto que sería
saludable emanara de los actores de la educación y no sólo del
Ejecutivo); 6) la valoración de la educación no formal; 7) la
integración de objetivos transversales, sobre todo la educación del
ciudadano, desarrollo personal y derechos humanos; 8) la integración,
dentro del sistema escolar, de los consejos donde participen
sostenedores, directores, docentes, paradocentes, apoderados y alumnos;
sería deseable que estos consejos tuvieran carácter normativo y sus
decisiones fueran vinculantes, (que obligaran a ser aplicadas en la
escuela).
Es absurdo pedir a una ley marco que, por
milagro, pueda superar la inequidad y pésima calidad de la educación
chilena, sólo Juan Egaña podía creer que las leyes hacen buenos a los
hombres, sin embargo, este es sólo el aperitivo, pues ya vendrán leyes
fundamentales asociadas a la creación de una superintendencia de
educación, (cuyo antecedente más inmediato es la creada en 1927, por
Carlos Ibáñez), y la ley de subvención diferenciada.
Respecto al concepto “calidad de la educación” es necesario, para comprenderlo bien, las dos concepciones que lo inspiran: la primera es el “concepto gerencial de la calidad total”,
según la acertada definición de Tomaz Tadeu da Silva; según este
pedagogo, el neoliberalismo educacional parte de premisas falsas: 1)
desplaza el eje social de las relaciones de clase y poder que reproduce
la educación a la gestión eficaz de los recursos; 2) culpabiliza a las
víctimas de la mala calidad de la educación; reduce la educación al
mercado; 4) no da cuenta del conflicto de clase y de poder; 5) niega la
memoria histórica educativa.
El concepto neoliberal
de la calidad de la educación se mide en base a parámetros estándar que
se aplican por igual, sin considerar diferencias, a los distintos
actores educacionales; esto es el SIMCE, que no mide capacidades
mentales, saberes y sentido crítico, sino apenas habilidades mecánicas
y siempre salen con números rojos los alumnos de las escuelas más
pobres; como ejemplo, basta leer el ranking de las cien mejores
escuelas que han obtenido mejores resultados en el SIMCE. El sistema
gerencial de calidad total sólo se interesa en resultados numéricos y
muy poco en los aspectos cualitativos y metodológicos.
Los
objetivos, el currículo y la evaluación están bajo la matriz de la
concepción neoliberal de la educación. No creo que el actual proyecto
de ley pueda romper esta columna vertebral de un Estado subsidiario
neoliberal. Si entendemos al educando como un consumidor, el único
papel del Estado es algo así como el del Sernac: vigilar que las
empresas cumplan el contrato con su cliente.
La
educación gerencial de calidad total tiene, necesariamente, que ser
darwinista en el sentido de eliminar, de alguna manera, a los alumnos
con carencias culturales, es decir, los más pobres. Por esta razón la
derecha política y económica se opone a la débil medida de la selección
hasta el octavo básico. En estricta lógica, si se quiere lograr la
equidad en la educación, sólo podría aplicarse selección en el nivel
universitario. Esto de los Liceos de excelencia sólo llevan a la
segregación y reproducción de las castas vitalicias- en este plano los “pingüinos” del Instituto Nacional pisaron el palito que les tendió la derecha –
El
otro concepto es el la calidad democrática y liberadora de la
educación, según los educadores de avanzada, por ejemplo Paulo Freire;
se trata de avanzar en la equidad, terminar con las relaciones de
dominación, logrando una educación para todos y de calidad. El desafío
siempre es: una educación al servicio del mercado o una educación al
servicio del ciudadano, su comunidad y su familia; un sujeto
domesticado por el mercado o una persona libre y democrática.
Es
lógico que los expertos educacionales neoliberales lancen peroratas
contra el Estatuto Docente actual, que garantiza la carrera profesional
del profesor. Es que su panacea es la llamada “flexibilidad laboral”,
es decir, que el sostenedor pueda prescindir de los servicios del
profesor a su antojo. Para confundir a los incautos, vuelven a usar el
argumento de la calidad, lo que significa exonerar al profesor porque
al sostenedor le parece un mal docente. No pocas veces son despedidos
de sus empleos aquellos que no aceptan el absolutismo conservador de la
derecha.
En nuestra historia de la educación hay
bastantes ejemplos de esta concepción de la educación popular: Luis
Emilio Recabarren fue un gran educador obrero, en la pampa salitrera;
en las mutuales, mancomunales y sindicatos siempre la educación ocupó
un lugar destacado: en los años sesenta, Paulo Freire combatió la
educación “bancaria” proponiendo una educación liberadora,
basada en la concientización. La tarea es largo y difícil, tal vez
titánica, pero al menos avancemos paso a paso, terminado con la
municipalización, los colegios subvencionados, para construir un Estado
docente descentralizado, que promueva la educación popular liberadora.