La inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas, antes en los años 90 del siglo XX y ahora en medio del proceso bolivariano, se oponen con encono a la privatización integral o parcial de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). Esa condición de la cultura política de las clases populares del país, asentada en un rechazo generalizado a las políticas neoliberales, se expresa en los diversos estudios de opinión realizados por las principales empresas encuestadoras de Venezuela, en los cuales se pregunta siempre ¿Usted se encuentra de acuerdo con privatizar PDVSA?
En un escenario caracterizado por una fuerte oposición a la privatización de PDVSA los distintos intentos de permitir el control integral o parcial de la industria petrolera estatal por parte de capital privado transnacional o local, tienen entre las características que se repiten su parcialidad, gradualidad y encubrimiento a través del desarrollo de procesos de “privatización periférica”. La privatización periférica facilita la entrega a empresas privadas de algunas de las actividades relacionadas con las operaciones de extracción, refinación y comercialización de PDVSA. Su capacidad encubridora de la privatización consiste en que no se efectúa una operación de venta de la totalidad o fracción de las acciones de la empresa estatal, con todo el ruido y debate que puede ocasionar una medida de tal magnitud, sino que enmarcados en un discurso modernizador en los años 90 y ahora desarrollista se efectúan contratos con empresas privadas transnacionales o locales para el suministro de bienes y servicios.
En 1991, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se inicia planteando la necesidad de modernizar e internacionalizar a PDVSA el llamado proceso de “Apertura Petrolera”, que se desarrolla en tres rondas de negocios hasta el año 1998, permitiendo el ingreso de capital privado a la industria petrolera venezolana mediante los denominados “Convenios Operativos”, que implicaban el suministro a PDVSA de un servicio por parte de empresas privadas fundamentalmente transnacionales y en menor medida locales.
La resistencia ante la privatización periférica de PDVSA y otras medidas neoliberales proviene de la izquierda venezolana, entre ella aquella parte que mayoritariamente se organiza alrededor del liderazgo de Hugo Chávez. Por eso hoy vemos con asombroso y dolor como el chavismo termina desplegando una nueva “Apertura Petrolera”; ahora, con un discurso desarrollista que se orienta a justificar la entrega de actividades constitutivas de las operaciones de PDVSA al capital privado a partir del apoyo que necesitaría para lograr la sustitución de importaciones el llamado “sector privado nacionalista”, los supuestos empresarios patriotas, que como fracción emergente de la burguesía son los verdaderos usufructuarios de la llamada Revolución Bolivariana. El Presidente Nicolás Maduro y Miguel Pérez Abad, con la firma del convenio entre PDVSA y FEDEINDUSTRIA, inician otra nueva privatización periférica de la industria petrolera venezolana, acentuando el proceso de derechización de la Revolución Bolivariana y evidenciando su carácter de clase.
En resumen, mientras se constituyeron empresas mixtas con las transnacionales, se desplazaron a los contratistas de la fracción tradicional de la burguesía y en estos momentos se entrega esos contratos de servicios y bienes a la fracción emergente de la burguesía, al parecer a pesar de todas nuestras esperanzas y luchas la Revolución Bolivariana solo fue y es una lucha inter-burguesa. Ayer en el período puntofijista era evidente la relación orgánica entre gobierno y FEDECAMARAS, ahora en el proceso bolivariano con ese grupo buscadores de dólares subsidiados, licencias de importación, créditos no retornables, contratos y compras estatales que algunos con un descaro ridículo llaman empresarios patriotas y se encuentran organizados en la hermana menor de FEDECAMARAS: FEDEINDUSTRIA.
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