Caracas, 13 Ago. ABN.- El tratamiento que le han dado los medios de comunicación al caso del empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, forma parte de una movimiento conspirativo que tiene como único objetivo entorpecer el desarrollo de la política exterior del gobierno bolivariano.

Así lo aseguró el Ministro del Poder Popular para la Energía y el Petróleo, Rafael Ramírez, durante su participación en el espacio En confianza, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

De acuerdo a lo explicado por Ramírez, el caso de este empresario, quien la semana pasada intentó ingresar a Argentina 800 mil dólares sin declararlos a la autoridades aduaneras, «está siendo usado para atacar abiertamente, mediante mentiras y manipulación comunicacional, los éxitos recientes de la gira presidencial».

Explicó que: «la irregularidad con Antonini se registró dos días antes de la firma de los acuerdos entre Venezuela y Argentina; luego de formalizados tales acuerdos se procedió a lo que consideramos como un linchamiento mediático acerca de la situación».

«El tratamiento mediático de todo el asunto busca de manera directa minimizar los éxitos del gobierno bolivariano en materia energética. La cumbre de Petrocaribe fue un éxito, la gira presidencial fue un éxito, simplemente estamos viendo un nuevo ataque que no es muy distinto al ocurrido durante el sabotaje petrolero», insistió Ramírez.

Según expresó el ministro, «es lamentable ver como la falta de ética en el ejercicio del periodismo permite que se comience a crear un escenario donde las mentiras son tomadas como verdad; y se entorpece el desarrollo de las investigaciones correspondientes».

Ramírez aseguró que el gobierno bolivariano reconoce, sin embargo, que la situación con el maletín de los dólares no declarados es una irregularidad que está siendo investigada por Argentina que fue donde se sucedió el hecho.

«Igualmente por parte de las instancias gubernamentales venezolanas ya se están tomando las medidas correspondientes; la fiscalía ya designó 2 fiscales especialmente para la investigación de este caso. Reconocemos que se cometió un delito y esperamos que las investigaciones diluciden a los responsables», aseveró.

El funcionario explicó que es natural que los sectores adversos al gobierno bolivariano continúen con su campaña de desestabilización, «mucho más cuando es innegable el impacto tanto en el continente como en la dinámica de las relaciones de las naciones en materia energética que han tenido la política externa venezolana».

Según aseguró Ramírez, «las relaciones de Venezuela con las otras naciones, incluyendo Argentina no están en peligro de quedar afectadas por esta situación. Las relaciones que mantiene el país con otras naciones del sur están mas fortificadas que nunca».

Asimismo, el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo aseguró que ninguno de los proyectos de la empresa venezolana van a modificarse y no se verán afectados, «a pesar de todo el esfuerzo que han aplicado los medios de comunicación para conseguir entorpecer el desarrollo de esos proyectos».

El Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, designó a dos fiscales con competencia nacional para investigar los hechos relacionados con este decomiso, en virtud de la respuesta que recibió del procurador general de Argentina, Esteban Righi.

La Fiscalía venezolana señaló que el procurador remitió algunos de los datos solicitados y le expresó a su homólogo venezolano la disposición de enviar la investigación judicial a cargo de la fiscal, María Luz Rivas.

El titular del ministerio Público informó que hoy sostuvo una conversación telefónica con el procurador argentino, quien ofreció que a más tardar mañana tendría todo el material requerido.

Los dos fiscales encargados del caso en Venezuela son Nelson Mejías, con competencia en bancos y seguros; y Fernando Hércules, especializado en mercados de capitales.

Rodríguez manifestó que en Venezuela «pudiera haberse infringido» la Ley sobre Ilícitos cambiarios, en el cual se establece que las personas que exporten divisas por un monto superior a 10.000 dólares están obligadas a declarar ante la autoridad administrativa competente, el monto y la naturaleza de la respectiva operación.